En un esfuerzo por preservar la riqueza ictícola del Mar Argentino y promover una explotación sostenible de sus recursos, la República Argentina ha implementado hace 14 años un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), marcando un hito en la administración pesquera del país.
El régimen fue el resultado de un proceso de más de un año y medio que involucró un consenso significativo entre el sector público y privado. El Consejo Federal Pesquero (CFP) ha sido el órgano encargado de desarrollar las normativas necesarias para establecer este sistema de aplicación efectiva y exitosa, evidenciada por la casi inexistente litigiosidad contra el régimen legal.
La ley N° 24.922 y su posterior reglamentación a través del Decreto N° 748/99, introdujo un cambio radical desde un sistema de permisos de pesca a uno basado en CITC, considerado más racional para la explotación sostenible de los recursos vivos del mar. De acuerdo con la ley, los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques para acceder al caladero pero no para ejercer la pesca, que solo se obtiene con una CITC o una Autorización de Captura para especies no cuotificadas.
Este sistema también contempla medidas generales de administración y manejo de la pesquería establecidas por el CFP, independientemente de la jurisdicción donde se realice la captura. Así, las Capturas Máximas Permisible (CMP), en función de las cuales se calcula el volumen anual correspondiente a la CITC, se definen para toda el área de distribución de la especie en cuestión.
El régimen legal actual ofrece un marco adecuado para el ordenamiento del sector pesquero y la planificación de acciones a largo plazo en áreas como investigación y manejo y conservación de los recursos marinos. La experiencia acumulada y la investigación realizada en la administración de distintas pesquerías han permitido que las medidas de manejo sean aplicadas de manera interjurisdiccional y uniforme en el tiempo.
La CITC representa una concesión jurídica que permite la captura y el ejercicio concreto de la pesca con respecto a una determinada especie, siendo una condición necesaria pero no suficiente para el ejercicio efectivo de la pesca.
Con este sistema, Argentina se coloca a la vanguardia en términos de administración pesquera sostenible, demostrando que es posible conciliar los intereses económicos con la conservación del medio ambiente marino. El país continúa trabajando hacia un futuro donde sus mares no solo sean fuente de riqueza sino también un ejemplo de gestión responsable y sostenible.