El problema no son los sueldos sino el precio del langostino

En medio de un conflicto que no encuentra tregua, los salarios en la pesca volvieron al centro de la escena. El debate se agita con cifras millonarias que suenan escandalosas. Sin embargo, “es ingrato hablar de sueldos en la pesca”, aclaró Domingo Contessi, porque no existe un único esquema. La remuneración depende del tipo de flota, la especie y la temporada.

Contessi explicó en una entrevista radial que, en la flota tangonera o costera de Rawson, un capitán puede ganar entre 60 y 100 millones de pesos por mes. Un maquinista alcanza entre 45 y 60 millones. Y un marinero, entre 20 y 30 millones. Pero no es dinero que se perciba durante todo el año. “Hay que prorratear ese ingreso en doce meses”, señaló.

Las temporadas activas no superan los 90 o 120 días. En algunos casos, apenas se extienden a cuatro meses. Esos ingresos no son constantes ni garantizados. A eso se le debe descontar el impuesto a las ganancias, que retira hasta el 30% del total percibido. Por eso, el sueldo anual no es tan elevado como parece.

“El trabajo es riesgoso y sacrificado”, dicen desde el sector. Las cifras pierden impacto cuando se tiene en cuenta el contexto laboral. No se trata de empleos administrativos ni de tareas livianas. La actividad pesquera implica largas jornadas, esfuerzo físico, condiciones climáticas adversas y permanencias extensas lejos de la familia.

Pese a este panorama, los empresarios aseguran que “no pueden sostener estos costos laborales”. El negocio del langostino y el de la merluza enfrentan una crisis comercial profunda. La caída en los precios internacionales, el retroceso en la demanda global y el tipo de cambio poco competitivo afectan la rentabilidad.

Se suma la competencia del langostino de cultivo. Este producto se vende más barato y sin las complejidades que tiene el salvaje. “El salvaje no puede igualar ese valor”, advierten los empresarios. A todo eso se agregan las condiciones macroeconómicas de los mercados de destino, con restricciones y baja liquidez.

La solución, para muchos, debería llegar desde el diálogo. Pero el entendimiento entre gremios y empresarios está lejos. Mientras los sindicatos reclaman que el sueldo por kilo de langostino es bajo, los armadores responden que se calcula de forma errónea. La discusión se empantana en los números.

Desde el SOMU se indica que el marinero cobra 34 pesos por kilo. Pero, según las empresas, el valor real se acerca a los 43 pesos. “La liquidación se realiza mediante una fórmula precisa”, argumentan. Esta incluye factores como el tipo de cambio Blend, el valor referencial por tonelada y un coeficiente por producción.

El Sueldo Proporcional por Producción (SPP) se determina a partir del valor del langostino clasificado, por ejemplo L1, y se aplica un 0,85%. Esa cifra se multiplica por el tipo de cambio, que alcanza los 1.116 pesos, y se corrige al 78%. Así se obtiene un pago por tonelada de casi 43 mil pesos.

El gremio asegura que el costo salarial representa apenas el 11% del gasto operativo del barco. Con adicionales, llega al 18%. Pero las empresas afirman que ese porcentaje “es mucho mayor”. La diferencia se encuentra en los ítems que una parte incluye y la otra no reconoce.

Los empresarios incorporan el Básico de Navegación, los francos, el Básico de Puerto, los incentivos, la bodega completa, la antigüedad y la ropa de trabajo. Además, suman el aguinaldo, las vacaciones y las cargas patronales, que alcanzan el 26%. También suman aportes sindicales y el seguro ART, que ronda el 8%.

“El sueldo no es lo que paga la empresa”, remarcan. A lo largo del año, aunque el trabajador embarca entre 120 y 150 días, cobra también cuando está en tierra. Las empresas le liquidan días de franco o días a la orden. Por eso, el costo mensual no se interrumpe.

Además, deben mantener una dotación mayor a la necesaria. “Se necesita un 30% más de personal para cubrir relevos, enfermedades y licencias”, explican. Esa estructura incrementa los costos y vuelve más difícil sostener la operación.

El otro punto de conflicto es el precio de referencia del langostino. Ese valor se fijó en 2005, cuando la actividad era completamente distinta. En ese año, se exportaron cerca de 7 mil toneladas a un promedio de 12.124 dólares por tonelada. Hoy, el valor real ronda los 5.600 dólares.

En 2005, los buques pescaron durante más de 270 días. En la actualidad, capturan más de 100 mil toneladas en solo 135 días. La flota aumentó a 106 embarcaciones. “Se pesca más en menos tiempo”, resumen. Esa eficiencia, dicen, no compensa la caída del precio.

Por eso, los empresarios proponen ajustar los valores de referencia. Buscan adecuarlos a la realidad del mercado. “No pedimos beneficios eternos, solo un cambio transitorio”, aclaran. Si el precio del langostino se recupera, aceptarían volver a los valores anteriores.

Esa modificación, según ellos, es la única vía para evitar el colapso. Las demás variables dependen del gobierno: tipo de cambio, eliminación del impuesto a las ganancias y de las retenciones. Ninguna está al alcance del sector privado. “El Estado se lleva gran parte de la facturación y de los sueldos”, denuncian.

Mientras tanto, el conflicto salarial se extiende. Las posturas están cada vez más firmes. Nadie quiere ceder. El diálogo está interrumpido. Y cada parte presenta datos que contradicen a la otra. Sin una instancia de mediación externa, no hay perspectivas de solución.

Lo que debería ser una discusión técnica se transformó en un cruce ideológico. Se discuten sueldos con enojo, sin contexto ni precisión. “Hay que mirar toda la película, no solo una cifra”, repiten en los muelles. Los trabajadores quieren cobrar. Las empresas quieren producir. Pero los números no cierran.

El riesgo mayor es la paralización de la flota. Algunas empresas ya detuvieron operaciones. Otras analizan suspender zarpes. La incertidumbre frena nuevas inversiones. Y el conflicto se traslada a toda la cadena pesquera.

La falta de rentabilidad afecta al puerto, a los proveedores, al comercio local y a los servicios vinculados. El impacto no se limita a un sector. “La pesca sostiene la economía de muchas ciudades patagónicas”, recuerdan. Sin solución, las consecuencias pueden ser profundas.

La clave, dicen algunos actores, es sincerar los números. Mostrar con claridad cuánto se produce, cuánto se exporta, cuánto se gana y cuánto se gasta. “Necesitamos transparencia de ambas partes”, piden desde adentro del sector. Solo así podría llegar el acuerdo.

Mientras tanto, se multiplican los cruces públicos. Las redes sociales amplifican las tensiones. Las cifras circulan sin contexto. Las comparaciones se hacen sin comprender las dinámicas de una industria compleja, sujeta a variables internacionales.

La presión política tampoco ayuda. La ausencia del gobierno en la mediación genera desconfianza. Ni los empresarios ni los gremialistas creen que las autoridades comprendan la magnitud del problema. “Nadie nos escucha”, coinciden con resignación.

Frente a esta realidad, el conflicto no parece tener salida inmediata. Se necesitan acuerdos reales. No alcanza con comunicados. No alcanza con amenazas. La pesca argentina enfrenta una crisis estructural. Y si no hay soluciones urgentes, el daño puede ser irreversible. (Fuente, Sergio Bustos, LU17)