El Gobierno de Javier Milei avanzó con la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, una decisión tomada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que se conoció en plena temporada alta de cruceros antárticos, cuando la terminal opera al límite de su capacidad. A esta altura, Ushuaia atraviesa una temporada récord, con más de 100.000 cruceristas y una agenda de arribos que se extiende hasta abril, con muelles en plena actividad y un flujo de barcos que parten y regresan desde la Antártida.
Según el organismo nacional, las inspecciones realizadas en los últimos meses detectaron irregularidades financieras, desvíos de fondos y un progresivo deterioro de la infraestructura portuaria, con consecuencias directas sobre la seguridad y la operatoria diaria. El cuadro, advirtieron, ponía en riesgo tanto a los trabajadores como a las embarcaciones que arriban a la ciudad más austral del país.
La decisión nacional desató una reacción inmediata en Tierra del Fuego: el gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó duramente sus fundamentos. A través de la red social X, sostuvo: "El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.