Denuncian bloqueo empresarial en puertos de Santa Cruz y apuntan contra Uribe

La empresa de servicios portuarios HARRY denunció públicamente lo que calificó como una situación de persecución administrativa y presunta extorsión por parte de autoridades de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.SC) y del coordinador de Puertos provincial, Walter Uribe.

Según el comunicado difundido por la firma, el conflicto se remonta a marzo y abril de 2024, cuando comenzaron inspecciones que la empresa consideró “aparentemente de rutina”, pero que —según sostienen— tenían como objetivo clausurar sus instalaciones mediante acusaciones que califican como falsas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo.

La empresa afirma que posteriormente se le prohibió el ingreso a distintos sectores de la ciudad de Caleta Olivia, entre ellos el vertedero municipal, lo que fue documentado ante escribano público. De acuerdo con el comunicado, dichas restricciones habrían sido ordenadas por la administración pública local junto con el coordinador portuario.

El conflicto se agravó el 21 de mayo de 2024, cuando también se le impidió ingresar al Puerto Caleta Paula, donde la firma asegura mantener una base operativa y pagar un alquiler mensual junto a un canon por el uso de las instalaciones.

“Resulta ilógico prohibir el ingreso a un lugar por el cual se paga para operar”, señalaron desde la empresa.

Tras más de un mes de restricciones, la situación se destrabó parcialmente mediante denuncias formales y la presentación de un recurso de amparo, que permitió retomar algunas actividades.

Sin embargo, la compañía sostiene que el conflicto continuó cuando la administración de UN.E.PO.SC decidió no renovar su habilitación como empresa de servicios portuarios, certificación que —según afirman— poseen desde 2005 y que se renovó anualmente sin inconvenientes durante dos décadas.

De acuerdo con el comunicado, la empresa presentó la documentación correspondiente en reiteradas oportunidades y realizó varios pedidos de “pronto despacho”, los cuales —aseguran— no han recibido respuesta hasta el momento.

La firma también denunció que la administración portuaria habría informado a empresas pesqueras que operan en Puerto Caleta Paula que no pueden contratar a HARRY y que deben trabajar con la empresa COPESA.

Desde la compañía calificaron esta situación como “extorsiva” y contraria a la libertad de contratación entre privados, al considerar que una autoridad pública estaría condicionando las decisiones comerciales dentro del puerto.

El conflicto escaló nuevamente el 9 de marzo de 2026, cuando —según el comunicado— la UN.E.PO.SC intimó a empresas de Puerto Deseado y envió una nota a la Prefectura Naval Argentina solicitando que no se permita el ingreso de personal, vehículos ni equipos de la empresa al puerto local por supuesta falta de habilitación.

La empresa sostiene que esta medida resulta contradictoria, ya que había solicitado reiteradamente la renovación de su permiso y asegura contar con habilitaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes. Además, remarcan que la propia administración portuaria había emitido previamente un permiso de ingreso con vencimiento el 31 de marzo.

En el comunicado, la empresa afirmó no comprender las razones detrás de la negativa a renovar permisos que durante más de 20 años se otorgaron sin inconvenientes. En ese sentido, acusó a las autoridades portuarias de actuar con “conductas propias de un gobierno extorsivo” y de favorecer a otra empresa del sector.

Finalmente, la firma señaló que estas decisiones ponen en riesgo fuentes de trabajo y afectan a una empresa que —según remarcan— invierte y opera en la provincia de Santa Cruz desde hace más de dos décadas, en un contexto económico que describen como especialmente complejo para la región.