Reclaman mayores compensaciones para Santa Cruz por el cierre del Golfo San Jorge

El licenciado en Comercio Internacional y observador de pesca Ariel Rivera volvió a poner en debate la política pesquera en Santa Cruz, al plantear que el Golfo San Jorge debe mantenerse cerrado para proteger el recurso langostino, pero con un esquema de compensaciones que evite que la provincia siga perdiendo frente a otros polos pesqueros del país.

Rivera, con más de 26 años de experiencia en la actividad portuaria y formación especializada en seguridad marítima y portuaria, sostuvo que la actual situación genera un desequilibrio estructural: mientras Santa Cruz preserva el recurso durante gran parte del año, los beneficios económicos se concentran en puertos como Puerto Madryn, Mar del Plata y Bahía Blanca, “Somos los que cuidamos el recurso, pero los más perjudicados en términos laborales”, resumió en diálogo con Mar&Pesca.

El especialista aclaró que no se opone a la veda en el Golfo San Jorge, sino a la falta de políticas complementarias. En ese sentido, propuso avanzar hacia un sistema de cuotificación a nivel nacional que permita distribuir mejor la actividad y garantizar que parte de las capturas se descarguen en puertos santacruceños como Puerto Deseado y Caleta Olivia, generando empleo y movimiento económico local.

Actualmente, según explicó, una porción importante de la pesca se descarga en otros puertos y luego se traslada por vía terrestre hacia plantas procesadoras en la provincia, lo que limita el impacto positivo en sectores clave como la estiba. A esto se suma una desventaja logística: desde Puerto Deseado se requieren hasta 36 horas de navegación hacia las zonas de pesca, mientras que desde Chubut el tiempo se reduce a unas 12 horas, lo que influye directamente en la rentabilidad de las operaciones.

Rivera también analizó las características de la flota y el recurso, al señalar que el langostino —principal especie en discusión— presenta limitaciones para la pesca en buques fresqueros debido a la pérdida de calidad por tiempos de traslado, lo que refuerza la necesidad de pensar estrategias diferenciadas para barcos congeladores y fresqueros.

Uno de los puntos más críticos de su diagnóstico es la falta de control en la actividad. En ese sentido Rivera denunció que barcos están operando sin observadores a bordo, lo que impide monitorear prácticas como el descarte de especies. “Tenemos técnicos en biología marina formados y desocupados, mientras los buques salen sin control”, cuestionó.

En paralelo, fue contundente respecto al estado de los puertos de la provincia, a los que consideró deteriorados y con pérdida de habilitaciones clave en los últimos años. Según indicó, existen capacidades técnicas locales para recuperar certificaciones y mejorar la operatividad, pero no se han aprovechado por decisiones políticas que, a su entender, priorizan otros intereses.

Consultado sobre su posible rol en la gestión pública —fue propuesto en varias oportunidades para ocupar cargos en el área—, Rivera sugirió que su perfil técnico y su conocimiento del funcionamiento real de la actividad podrían ser factores que incomodan en determinados ámbitos de decisión.

Finalmente, al referirse a los proyectos de ley impulsados por el sector gremial, remarcó la necesidad de una normativa clara, con reglas precisas que limiten la discrecionalidad y eviten acuerdos que perjudiquen al recurso. “Si no se cuida hoy, no va a haber pesca para las próximas generaciones”, advirtió para cerrar.