NOTICIAS | 8 JUN 2026

Otto Wöhler defendió el cierre del Golfo San Jorge y respaldó la cuotificación del langostino

El director Nacional de Investigación del INIDEP destacó la importancia de acercar información científica a las comunidades pesqueras y, en diálogo con Mar&Pesca, se refirió a la posible cuotificación del langostino, la situación del Golfo San Jorge y los nuevos permisos para la flota potera.




La jornada sobre el langostino desarrollada en Puerto Deseado dejó espacio para el intercambio entre investigadores, trabajadores, empresarios y vecinos vinculados a la actividad pesquera. Tras el encuentro, el director Nacional de Investigación del INIDEP, Otto Wöhler, realizó un balance positivo de la iniciativa y destacó la importancia de acercar el conocimiento científico a las comunidades que dependen de los recursos marinos.

En diálogo con Mar&Pesca, el investigador sostuvo que este tipo de actividades permiten comprender mejor las razones biológicas y técnicas que sustentan muchas de las decisiones de administración pesquera.

“Es muy positivo porque acerca un conocimiento que muchas veces no está disponible para las comunidades. Permite disipar dudas, discutir problemas y entender las razones que llevan a tomar determinadas decisiones sobre los recursos y las pesquerías”, expresó.

Wöhler remarcó además que estos encuentros enriquecen tanto a quienes asisten como a los propios investigadores. “Nosotros también escuchamos las consultas y los planteos de la comunidad, por eso considero que el balance es claramente positivo”, afirmó.

Cuotificación y previsibilidad para la pesquería

Consultado por Mar&Pesca sobre la posible implementación de un sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para el langostino, Wöhler explicó que el esquema contempla una asignación basada en el historial de cada buque, aunque también prevé mecanismos destinados a atender las necesidades de las provincias.

“Hasta donde sé, además de la cuota que le corresponde a cada buque, existiría una cuota social para cada provincia, de manera que pueda administrarla según sus prioridades y necesidades”, indicó.

El director Nacional de Investigacion del Instituto, consideró que la cuotificación permitiría dotar de mayor previsibilidad a la actividad y mejorar el ordenamiento general de la pesquería.

“Es un sistema que dio resultados positivos en la merluza y también permitió resolver conflictos en la pesquería de merluza negra. Cada actor empieza a cuidar efectivamente el recurso porque también está cuidando una parte de su patrimonio”, sostuvo.

La situación del Golfo San Jorge

En otro tramo de la entrevista, Wöhler fue consultado sobre los planteos que periódicamente surgen respecto de una eventual reapertura del Golfo San Jorge para la pesca de langostino y sobre la posibilidad de aplicar en Santa Cruz medidas similares a las vigentes en la subárea 6 de Chubut como fue planteada por algunos asistentes.

El investigador defendió la decisión de mantener cerrado el golfo para la captura del recurso y aseguró que los resultados obtenidos fueron altamente beneficiosos para la pesquería nacional.

“Fue una decisión evaluada, consensuada y que mostró resultados enormemente satisfactorios para la pesquería en su conjunto”, afirmó.

Asimismo, descartó que restringir la actividad en las subáreas 15 y 16 represente una ventaja para la provincia.

“No veo que le traiga beneficios a Santa Cruz. Si se restringiera la pesca en las áreas más cercanas a la provincia, los buques deberían alejarse aún más para operar”, explicó.

Wöhler sostuvo además que la situación actual del recurso dentro del Golfo San Jorge no justifica una reapertura, ya que la mayor parte de los ejemplares presentes corresponden a tallas juveniles que no tienen valor comercial para la flota.

Según explicó, los langostinos que hoy predominan en el área se ubican por debajo de las categorías que demanda el mercado internacional, por lo que su captura no generaría beneficios económicos significativos para las empresas ni para los trabajadores vinculados a la actividad.

“Lo que van a encontrar en el golfo son principalmente juveniles, tallas L4 e incluso inferiores. Son ejemplares que hoy no tienen mercado y que comercialmente no resultan atractivos para la pesquería”, señaló.

El director del INIDEP advirtió que la extracción de esos individuos tendría además un impacto negativo sobre el futuro de la actividad, ya que se trata de ejemplares que aún no completaron su desarrollo y que constituyen el reclutamiento que posteriormente alimenta las capturas en aguas nacionales.

“Si se habilitara la pesca en el golfo se estaría capturando un recurso que hoy no le sirve a nadie desde el punto de vista comercial, pero que sí es fundamental para sostener la pesquería en los próximos meses. Se estaría afectando el reclutamiento y perjudicando a toda la actividad”, remarcó.

Para Wöhler, la solución a los problemas que enfrenta Puerto Deseado no pasa por intervenir sobre un área donde predominan ejemplares juveniles, sino por encontrar herramientas que permitan fortalecer la actividad sin comprometer la sustentabilidad del recurso que sostiene a toda la pesquería argentina.

Los nuevos permisos para la flota potera

 Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la decisión del Consejo Federal Pesquero de avanzar con la incorporación de 18 nuevos permisos para la pesca de calamar, una medida que despertó cuestionamientos por parte del representante de la provincia de Buenos Aires Carlos Liberman.

Consultado por Mar&Pesca, Wöhler señaló que no comparte las advertencias que hablan de un riesgo para la sustentabilidad del recurso y recordó que la pesquería argentina cuenta con herramientas de manejo que han demostrado ser efectivas a lo largo de los años.

“La pesquería se cierra cuando se alcanza el nivel de escape establecido biológicamente. No importa si hay 84 barcos o 18 más. Lo importante es que existe una medida de manejo que ha demostrado ser eficiente para conservar el recurso”, afirmó.

El investigador explicó que la principal garantía para la sustentabilidad del calamar argentino no pasa por limitar la cantidad de buques nacionales sino por mantener los mecanismos de monitoreo y cierre oportuno de la temporada cuando los indicadores biológicos así lo requieren.

En ese sentido, consideró que el debate muchas veces pierde de vista dónde se encuentra la verdadera presión pesquera sobre el recurso.

Según indicó, fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina operan más de 350 buques poteros y alrededor de 150 arrastreros que capturan calamar durante gran parte del año. A ello se suma la actividad desarrollada en torno a las Islas Malvinas, donde más de un centenar de embarcaciones pescan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.

“El problema de escala está fuera de nuestras aguas. La capacidad de pesca argentina es muy inferior a la de esas flotas que operan alrededor del recurso”, sostuvo.

Por ese motivo, consideró que la incorporación de 18 nuevas embarcaciones dentro del esquema de manejo vigente no debería generar impactos significativos sobre la sustentabilidad del caladero.

“No creemos que esos permisos representen una amenaza para el recurso porque las medidas de administración siguen siendo las mismas y continúan funcionando”, explicó.

Además, destacó que la resolución aprobada por el Consejo Federal Pesquero incorpora exigencias vinculadas al procesamiento en tierra, una herramienta que busca aumentar el valor agregado y generar empleo en las provincias pesqueras.

De esta manera, Wöhler respaldó la decisión del organismo nacional y sostuvo que el debate debe centrarse en la competencia que enfrenta la flota argentina frente a las grandes flotas extranjeras que operan sobre el mismo recurso.