De acuerdo con lo informado por la empresa, el comienzo de las operaciones estaba previsto para el próximo 1 de agosto, por lo que consideró que la medida constituyó una ocupación ilegal de sus instalaciones. Tras los incidentes, Conarpesa presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen los hechos y se garantice el normal funcionamiento de la planta.
En un comunicado difundido horas después de la toma, la compañía responsabilizó al secretario general del STIA, Luis Núñez, por la medida de fuerza y sostuvo que el conflicto responde a una disputa de carácter personal.
Duro comunicado de la empresa
Conarpesa expresó su "más enérgico rechazo" a la ocupación de la planta, al considerar que la medida "vulnera derechos fundamentales, altera el normal funcionamiento de la empresa y perjudica a cientos de trabajadores que desean desarrollar sus tareas con normalidad".
La empresa afirmó que "una disputa de carácter personal impulsada por el señor Luis Núñez contra nuestra empresa no puede derivar en acciones que paralicen una planta industrial ni afectar a quienes nada tienen que ver con ese conflicto".
Asimismo, sostuvo que "la toma de un establecimiento industrial, el bloqueo de la actividad y la interrupción del trabajo no constituyen herramientas válidas en un Estado de Derecho", y advirtió que este tipo de acciones generan incertidumbre, comprometen la continuidad operativa de la planta, afectan compromisos comerciales y ponen en riesgo el sustento de numerosas familias que dependen de la actividad pesquera.
En el mismo documento, Conarpesa aseguró haber sostenido históricamente una política de diálogo, inversión y generación de empleo, por lo que insistió en que cualquier diferencia debe resolverse por las vías institucionales y legales, nunca mediante medidas de fuerza.
Además, solicitó a la Justicia que actúe con celeridad para garantizar el libre acceso a las instalaciones, el derecho constitucional al trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva en Puerto Madryn.
Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con el empleo, la producción y las inversiones que realiza desde hace décadas en Chubut, y aseguró que continuará defendiendo sus derechos por las vías legales correspondientes.