Conarpesa rechazó la intervención de Trabajo y defendió los despidos tras la toma de sus oficinas

 Conarpesa presentó un escrito ante la Secretaría de Trabajo de Chubut en el que rechazó la intervención del organismo en el conflicto generado tras el despido de 39 trabajadores y solicitó la revocación de la Resolución N° 384/2026-STR, que había convocado a una audiencia entre las partes.

La presentación, incorporada al expediente administrativo N° 1662/2026 y firmada por el abogado Luis Ángel Novoa en representación de la empresa, sostiene que la autoridad laboral carece de competencia para intervenir porque no existe un conflicto colectivo de trabajo, sino despidos individuales fundados en una presunta "grave injuria laboral".

La empresa no asistió a la audiencia

Conarpesa explicó que decidió no concurrir a la audiencia convocada para el 22 de julio al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para sus representantes.

Según expuso en el escrito, el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, recibió amenazas telefónicas contra su integridad física y persiste un clima de conflictividad derivado de los bloqueos a la planta y de la ocupación de las oficinas administrativas ocurrida el 15 de julio.

En ese contexto, la firma sostuvo que optó por fijar formalmente su posición mediante una presentación escrita.

Los despidos y la causa penal

Uno de los ejes centrales del planteo es que las 39 cesantías fueron dispuestas al amparo del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita la extinción del vínculo laboral por una injuria de gravedad suficiente.

La empresa afirma que la ocupación de las oficinas administrativas dentro del establecimiento industrial de Puerto Madryn constituyó un incumplimiento de tal magnitud que justificó los despidos.

Asimismo, indicó que los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal y que posteriormente amplió la denuncia con la identificación de presuntos participantes y la incorporación de registros fílmicos para la investigación.

Conarpesa sostiene que la legalidad de las desvinculaciones deberá analizarse, en su caso, en la Justicia Laboral, mientras que los hechos vinculados con la ocupación del establecimiento corresponden a la órbita de la Justicia Penal.

"No existe un conflicto colectivo"

En otro de los puntos centrales del escrito, la empresa insiste en que la Secretaría de Trabajo no puede intervenir bajo el régimen previsto por la Ley X N° 15 de Chubut.

Argumenta que el conflicto involucra únicamente a los trabajadores despedidos por su presunta participación en la ocupación de las oficinas y no al conjunto del personal. Incluso sostiene que, aun cuando pudiera interpretarse como un conflicto pluriindividual, no presta consentimiento para someter el caso a una instancia administrativa de conciliación.

Obras en la planta y posible traslado de operaciones

La compañía también informó que las obras de remodelación de su planta de procesamiento en Puerto Madryn continúan en ejecución y estimó que podrían concluir hacia fines de julio.

En caso de extenderse esos trabajos, señaló que prevé operar temporalmente desde su planta de Puerto Rawson, organizando el traslado diario del personal desde Puerto Madryn.

Además, invitó formalmente al secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, a recorrer las instalaciones para verificar el avance de las obras.

Críticas al STIA

El escrito dedica un apartado a cuestionar el accionar del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Según Conarpesa, dirigentes gremiales estuvieron presentes durante la ocupación de las oficinas y conocían que la planta permanecía inactiva debido a las obras de infraestructura y a los bloqueos registrados previamente.

La empresa también vincula el conflicto con la disputa que desde hace años mantienen el secretario general del STIA, Luis Núñez, y el presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano, recordando incluso la existencia de antecedentes judiciales entre ambos.

En esa línea, sostiene que la ocupación "no respondió a un reclamo de índole laboral", sino a intereses particulares del dirigente sindical, y anticipa que promoverá acciones legales contra quienes considere responsables o instigadores de los hechos.

Pedido de revocatoria

Como cierre de su presentación, Conarpesa solicitó que el escrito sea tratado como un recurso de reposición con jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 384/2026-STR y pidió que la convocatoria a audiencia sea dejada sin efecto.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto. A la par de las actuaciones administrativas impulsadas por la Secretaría de Trabajo, avanzan las investigaciones penales por la ocupación de las oficinas, mientras la eventual judicialización de los despidos quedará sujeta a las acciones que decidan iniciar los trabajadores desvinculados.