“Siempre el mismo abogado y la misma jueza”: Álvarez Castellano irá al Consejo de la Magistratura

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, anticipó que avanzará por las vías institucionales para solicitar que se investigue la actuación de la jueza Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson, Dra. Amorina Úrsula Testino, a quien cuestionó con dureza por una serie de resoluciones dictadas en causas que involucran a la compañía pesquera.

El empresario confirmó que ya comenzó a analizar el tema con sus abogados y que mantendrá una reunión con un equipo de profesionales para determinar los pasos a seguir. Entre las alternativas mencionó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para pedir explicaciones sobre el proceder de la magistrada y que se determine si existen elementos para avanzar por otras vías institucionales.

“Siempre respeto las decisiones de los jueces. Los abogados a veces las cuestionan y me dicen que son un espanto, pero yo respeto las decisiones. Ahora, hay cosas que están pasando que no me parecen normales”, afirmó .

Unas 40 sentencias, el mismo abogado y la misma jueza

Álvarez Castellano explicó que el conflicto se remonta a diferencias respecto de la forma en que Conarpesa liquidaba el aguinaldo de los maquinistas. A partir de allí, según relató, comenzaron a presentarse demandas patrocinadas por el abogado Martínez Zapata que derivaron en alrededor de 40 sentencias adversas para la empresa.

Sin embargo, el titular de la empresa pesquera aseguró que lo que comenzó a llamarle la atención fue la reiteración de los mismos protagonistas en esos expedientes. “Lo curioso es que siempre es el mismo abogado y siempre es la misma jueza de Rawson”, remarcó.

El empresario también cuestionó la velocidad con la que, según sostuvo, fueron resueltas algunas de esas causas. “Nos demandan por una mala liquidación, contestamos hoy y hoy mismo está la sentencia contra nosotros. Impresiona lo rápida que es la Justicia”, ironizó.

Álvarez Castellano aclaró que actualmente la empresa ya acordó con los maquinistas la metodología para realizar esas liquidaciones, por lo que considera que hacia adelante no deberían generarse nuevos litigios por ese motivo.

“Hay un negocio, no sé cuál”

El presidente de Conarpesa fue más allá y aseguró que posteriormente tomó conocimiento de que el abogado que interviene reiteradamente en las demandas tendría familiares dentro del Poder Judicial.

“Después también te enterás de que el abogado tiene familiares en el Poder Judicial. Es como que estoy atrapado en un lugar que no entiendo muy bien, pero del que quiero salir y voy a salir”, expresó.

En ese contexto, Álvarez Castellano habló directamente de sus sospechas sobre la existencia de un “negocio” alrededor de los litigios contra la compañía, aunque será precisamente la investigación que pretende impulsar la que deberá determinar si existió o no alguna irregularidad.

“Te puedo asegurar que el negocio que han hecho conmigo... ahí hay un negocio. No sé cuál, ya lo vamos a desmembrar”, afirmó.

Y endureció todavía más su cuestionamiento: “Estoy haciendo millonario a un abogado, al mismo siempre. Es como que todo me queda en el mismo lugar. Todo empezó ahí y todo va a acabar ahí”.

De $13 millones a $260 millones

Entre los casos que despertaron sus mayores cuestionamientos, Álvarez Castellano mencionó una sentencia que originalmente habría sido de unos 13 millones de pesos y que, luego de aproximadamente tres años y de la aplicación de intereses calculados judicialmente, habría ascendido a unos 260 millones.

“Hay algo raro. Tengo la prueba y lo que ha determinado la jueza. Habrá que investigarlo porque para eso también está la Justicia”, sostuvo.

El empresario diferenció sus sospechas de una acusación concreta contra la magistrada, aunque dejó en claro la gravedad de sus cuestionamientos.

“No digo que esté fuera de la ley. No lo digo, aunque lo pienso. Pero creo que tengo toda la libertad de poder hablar y decir que hay algo muy raro”, manifestó.

El Barreiro sigue interdicto pese al depósito

Otro de los episodios que terminó de profundizar el enojo del empresario es la situación del buque Barreiro, que permanece con una interdicción de salida dispuesta judicialmente.

Según explicó, el lunes Conarpesa depositó la totalidad del dinero reclamado para conseguir el levantamiento de la medida. Sin embargo, aseguró que al viernes el barco continuaba sin poder volver a operar.

“Depositamos el dinero porque había una interdicción de salida del barco. No deposité una garantía para que la otra parte tenga que admitirla, deposité el dinero. ¿Cuál es el final de la historia? El barco todavía sigue interdicto”, cuestionó.

Álvarez Castellano sostuvo que en este caso observa una situación inversa a la rapidez que atribuye a las sentencias dictadas contra la empresa.

“Nunca vi una cosa tan rápida para algunas cosas y tan lenta para otras”, lanzó.

 “Termina perjudicando es a la gente”

El empresario remarcó que mantener el barco sin operar no solamente provoca pérdidas a Conarpesa, sino que repercute directamente sobre los trabajadores.

Según sus cálculos, cada jornada de inactividad representa alrededor de 2.000 cajones que dejan de ingresar a la planta y una pérdida aproximada de 70 mil pesos diarios para cada trabajador involucrado en el procesamiento.

“Al final, a la que deja sin trabajar es a la gente. A mí me molesta, pero a la que le deja de ingresar dinero es a la gente”, afirmó.

Para Álvarez Castellano, una interdicción sobre un buque pesquero tiene consecuencias económicas inmediatas y, una vez satisfecho el reclamo que dio origen a la medida, debería resolverse rápidamente.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura

Frente a esta sucesión de episodios, el presidente de Conarpesa confirmó que mantendrá una reunión con un equipo de abogados para definir los alcances de la presentación y determinar cuál es la vía institucional correspondiente.

“Me han dicho que se puede hacer un juicio político, que se puede hacer una presentación en el Consejo de la Magistratura para pedir explicaciones”, relató Álvarez Castellano al referirse a las alternativas que le plantearon sus abogados.

El empresario insistió en que no pretende utilizar esa instancia simplemente para discutir los fallos que resultaron desfavorables para la compañía.

“Yo no voy a meterme a evaluar los fallos. Puedo tener razón y la señora decir que no, y bueno, eso es otra historia. Pero hay otros temas, cosas que están pasando, que no son normales”, diferenció.

Finalmente, sostuvo que recurrirá a las herramientas que le brinda el propio sistema institucional para que una instancia superior analice el proceder de la magistrada y determine si corresponde adoptar alguna medida.

“No me gusta ir en contra del poder institucionalmente constituido, pero hay veces que te llevan a eso. La doctora tiene el poder para hacer lo que está haciendo, pero yo también tengo el derecho de ir a una instancia superior a pedir explicaciones sobre el proceder de esa señora”, cerró.