Una jueza en la mira tras ser denunciada por mal desempeño y arbitrariedad

Los jueces dictan resoluciones, pero sus decisiones tampoco están exentas de control. Bajo esa premisa, AGROPEZ S.A., integrante del Grupo Conarpesa, concretó este martes la denuncia contra la jueza Amorina Úrsula Testino ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

La presentación, anticipada días atrás por el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, acusa a la magistrada de presunto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del Derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad.

El planteo se origina en la actuación de Testino dentro del expediente que derivó en el embargo y la interdicción de salida del buque pesquero J. Barreiro, matrícula 03325. Según la empresa, una sucesión de decisiones y omisiones mantuvo inmovilizada a la embarcación pese a que existían fondos suficientes para garantizar el reclamo judicial.

AGROPEZ solicitó que el Consejo de la Magistratura investigue la conducta de la jueza y que, una vez concluido ese procedimiento, el caso sea remitido al Tribunal de Enjuiciamiento si correspondiera.

Fondos suficientes y un buque que seguía paralizado

El cuestionamiento central apunta a que la empresa habría ofrecido sustituir la medida cautelar que pesaba sobre el J. Barreiro por fondos depositados judicialmente. De esa manera, pretendía garantizar el crédito reclamado sin impedir que el buque continuara navegando y produciendo.

El 31 de julio, la parte actora había solicitado el embargo y la interdicción de salida por $53.062.318,85, correspondientes a capital, intereses y honorarios.

Al disponer la medida, el 4 de agosto, Testino mantuvo ese monto y agregó provisoriamente otros $9 millones para responder por intereses y costas. La cautelar quedó establecida así en $62.062.318,85.

Frente a esta situación, AGROPEZ puso a disposición fondos que, según afirma, cubrían la totalidad del importe por el cual se había ordenado el embargo y la prohibición de salida.

La denuncia destaca que el 6 de agosto la propia actuaria dejó constancia de la existencia de un saldo remanente de $85.768.601,23 en otra cuenta judicial, una cifra ampliamente superior a los $62 millones necesarios para garantizar la medida.

Posteriormente, el 10 de agosto, se ordenó transferir $78.768.601 y, para el 12 de agosto, la cuenta judicial registraba $82.492.175,06.

Para la pesquera, esos movimientos demuestran que existía dinero suficiente para resguardar el crédito sin mantener al J. Barreiro amarrado. Sin embargo, el buque continuó impedido de navegar y trabajar.

Una actuación cuestionada paso por paso

Los abogados de AGROPEZ sostienen además que la jueza habría tomado más dinero del que correspondía para darlo en pago, pese a que el importe de la liquidación se encontraba apelado y todavía no existía una suma definitiva.

La compañía cuestiona que Testino no solo dispusiera la transferencia de los fondos, sino que también firmara el oficio presentado por el abogado de la parte actora mediante el cual se ordenó la interdicción del barco.

También objeta que, después de ordenar la transferencia y con la interdicción ya librada, la magistrada corriera traslado a la contraparte. Según la denuncia, ese procedimiento solo habría generado nuevas demoras para levantar la prohibición de salida.

Otro de los presuntos errores jurídicos señalados es que Testino había establecido que el actor debía prestar caución antes de efectivizar la medida. No obstante, de acuerdo con la presentación, la interdicción fue habilitada sin exigir previamente el cumplimiento de ese requisito.

La orden que quedó sin una firma

El expediente tuvo un nuevo giro el 18 de agosto. A las 9 de la mañana, la jueza ordenó levantar el embargo y la interdicción de salida del J. Barreiro, que para ese momento llevaba siete días inactivo.

La resolución disponía librar los oficios correspondientes a Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques, con habilitación de días y horas inhábiles para agilizar su confección y diligenciamiento.

Los abogados de la empresa presentaron el oficio dirigido a Prefectura a las 9:48 de ese mismo día, pero el documento quedó sin la firma de Testino.

A las 13:30, según consta en la denuncia, la magistrada dejó asentado que había iniciado una acción de vindicación ante el Ministerio Público Fiscal y se excusó de continuar interviniendo en el expediente.

La ausencia de la firma impidió que la orden de levantamiento llegara a Prefectura y que el buque recuperara su libertad de navegación. Al día siguiente, la actuaria rechazó el oficio y la inmovilización de la embarcación se prolongó.

El 24 de agosto, AGROPEZ solicitó al magistrado que había quedado a cargo que arbitrara urgentemente los medios necesarios para concretar la firma pendiente.

Otros magistrados objetaron la excusación

La denuncia incorpora también los cuestionamientos formulados por los jueces subrogantes que intervinieron posteriormente.

Según la presentación, esos magistrados se opusieron a la excusación de Testino al considerar que los argumentos invocados no configuraban la causal legal planteada.

Incluso habrían señalado que el inicio de una acción de vindicación no constituía, por sí solo, un motivo grave de decoro o delicadeza que obligara a la jueza a apartarse del expediente.

AGROPEZ sostuvo además que las declaraciones públicas de Fernando Álvarez Castellano que habrían provocado el malestar de Testino fueron realizadas por una persona física distinta de la sociedad involucrada en la causa.

El costo de una decisión judicial

Para la compañía, el episodio no se limitó a una discusión procesal. La interdicción impidió que un buque operativo desarrollara la actividad para la cual estaba destinado y trasladó sus consecuencias directamente a la producción y al empleo.

“Impedirle navegar significa impedirle desarrollar la actividad para la cual está destinado”, señala la denuncia.

De acuerdo con los cálculos presentados por AGROPEZ, por cada tres días de inactividad se dejan de producir alrededor de 20 toneladas de langostino, equivalentes a unos US$144.000.

La empresa aseguró además que cada tripulante deja de percibir un salario bruto promedio de $1.563.659, mientras que cada trabajador de planta pierde aproximadamente $97.328 por cada jornada afectada.

La denuncia define lo ocurrido como una “sucesión objetiva de actos y omisiones” que mantuvo vigente una medida extraordinariamente gravosa cuando, según la compañía, el crédito se encontraba suficientemente garantizado y los perjuicios económicos y laborales eran previsibles y podían evitarse.

Con la presentación formalizada, será ahora el Consejo de la Magistratura de Chubut el encargado de analizar la actuación de Testino y determinar si existen elementos para avanzar con una investigación y una eventual remisión al Tribunal de Enjuiciamiento. Porque quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia también deben responder por la legalidad y las consecuencias de sus decisiones.