Una herramienta clave para la industria pesquera pone a prueba la abulia del Concejo Deliberante de Puerto Deseado

Una propuesta vinculada con la recuperación industrial y el empleo quedó en manos del Concejo Deliberante de Puerto Deseado. El anteproyecto presentado por Arístides “Tito” Córdoba plantea la adhesión municipal al Régimen de Aduana en Factoría y pone sobre la mesa una herramienta de especial interés para las empresas pesqueras radicadas en la localidad.

El desafío también es político. ¿Estarán los concejales dispuestos a salir de la comodidad, estudiar la iniciativa y avanzar con su tratamiento? ¿O los intereses partidarios y la abulia terminarán relegando una discusión que merece ocupar un lugar central en la agenda local?

No alcanza con ocupar una banca. Una propuesta de estas características exige conocer cómo trabajan las plantas, qué dificultades enfrentan las empresas y qué condiciones hacen falta para sostener el empleo. Su tratamiento será una oportunidad para que cada concejal demuestre cuánto conoce de esa realidad y qué está dispuesto a hacer para modificarla.

La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo, Ana María Parejas, y propone acompañar el Decreto Nacional 252/2026, que amplió el Régimen de Aduana en Factoría al sector manufacturero y sus proveedores. También encomienda al Ejecutivo municipal realizar gestiones ante la Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación para promover la incorporación de industrias locales.

En declaraciones a Mar&Pesca, Córdoba expresó su expectativa por las posibilidades que podría abrir la iniciativa. “Para la actividad pesquera puede ser una herramienta muy importante. Podemos llegar a recuperar lo que Puerto Deseado ha perdido”, afirmó.

El referente explicó que desde hace casi un año venía trabajando junto al diputado nacional Jairo Guzmán en distintas alternativas para que la localidad accediera a beneficios aduaneros. Inicialmente se evaluó impulsar una zona franca o un área aduanera especial, aunque esa posibilidad requería la intervención del Gobierno provincial.

Según relató, durante un reciente viaje a Buenos Aires tomó conocimiento del alcance de la modificación nacional y de las posibilidades que podría ofrecer para la producción local.

El régimen no crea una zona franca ni replica el sistema especial de Tierra del Fuego. Se trata de una herramienta de alcance nacional a la que pueden solicitar su incorporación los establecimientos industriales que cumplan los requisitos correspondientes.

Su funcionamiento contempla el ingreso de insumos importados bajo una destinación aduanera suspensiva, sin el pago inmediato de los tributos. Cuando se incorporan a productos destinados a la exportación, la operación se cancela con la salida de la mercadería transformada.

Córdoba consideró que, en Puerto Deseado, la herramienta podría favorecer especialmente a las plantas elaboradoras y a los proveedores de la industria pesquera, al reducir determinados costos vinculados con la producción.

La adhesión municipal no incorporará automáticamente a las empresas ni constituye una condición para que puedan solicitar el ingreso a un régimen nacional. Cada firma deberá realizar su trámite y acreditar los requisitos exigidos. El valor del proyecto local está en comprometer al municipio con la difusión, el asesoramiento y las gestiones necesarias para que esa posibilidad pueda aprovecharse.

Ese respaldo debería traducirse en acciones concretas. El anteproyecto propone acercar información y asistencia técnica a las cámaras pesqueras, industriales y comerciales, para que las empresas evalúen el alcance de la herramienta y su aplicación a cada actividad.

“Nos corresponde saber seducir a los inversionistas y generar las condiciones para que las empresas que ya están no se vayan, se queden y sigan invirtiendo”, señaló Córdoba.

El referente aseguró que representantes del puerto y de los gremios vinculados con la pesca ya fueron informados y manifestaron interés en acompañar la iniciativa. Según adelantó, esos sectores evalúan viajar a Río Gallegos para plantear el tema ante el gobernador Claudio Vidal.

También reconoció que todavía no había conversado con el intendente Juan Raúl Martínez, aunque expresó su intención de dialogar con todos los sectores políticos e institucionales de la localidad.

El Concejo tiene ahora una responsabilidad concreta: estudiar la propuesta, debatir sus alcances y resolver si acompaña este impulso. La aprobación no garantiza por sí sola nuevas inversiones ni puestos de trabajo, pero puede dar un respaldo importante a las gestiones para recuperar actividad.

La discusión no debería pasar por quién presentó el proyecto ni por quién podría capitalizarlo políticamente, sino por lo que puede aportar a Puerto Deseado. Para los concejales, es hora de demostrar que sus bancas sirven para algo más que administrar diferencias. La industria pesquera y sus trabajadores necesitan respuestas.