Fernando Álvarez Castellano ratificó que Conarpesa avanzará con el nuevo sistema de pago para los clasificadores de langostino, aun frente a la amenaza de un paro total de actividades del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA). La modalidad combina una base fija por cajón con un adicional por kilo de producción.
“La intención es subir al doble la cantidad de producción de las plantas hasta llegar a los 20 mil cajones diarios quiera o no quiera el STÍA”, afirmó el presidente del grupo pesquero.
El empresario advirtió que, si la oposición sindical impide alcanzar ese objetivo, las consecuencias también recaerán sobre los trabajadores. Según sostuvo, se verían afectados los ingresos de 1.300 personas y de otros 300 tripulantes vinculados a la actividad.
Álvarez Castellano defendió su manera de conducir la compañía y rechazó que el gremio le indique cómo organizar la producción. “Las cosas se hacen como yo creo que deben hacerse, porque es la manera que nos ha funcionado, tanto a mi gente como a mí”, expresó. En ese contexto, calificó a los dirigentes de “extorsionadores seriales”.
Plantas paradas y reprocesamiento en el exterior
El titular de Conarpesa responsabilizó al STIA por las dificultades para aumentar el procesamiento de langostino en tierra. A su entender, las exigencias sindicales encarecen la actividad, reducen la competitividad y llevan a las empresas a enviar materia prima al exterior para agregarle valor.
“Por culpa del STÍA el valor agregado se hace afuera y las plantas están paradas la mitad del año”, sostuvo.
También atribuyó al gremio el cierre de empresas y cuestionó el sistema de salarios garantizados durante los meses sin producción. Según su planteo, ese esquema genera costos que algunas compañías no pueden sostener y obliga a asignar tareas para justificar los sueldos.
El empresario propuso discutir la relación entre los ingresos de temporada y la continuidad laboral. “Habría que preguntarle a la gente si prefiere un sueldo alto 3 o 4 meses o un sueldo mensual un poco más bajo pero con continuidad los 12 meses del año”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que, mientras no se revise esa forma de trabajo, la Argentina seguirá exportando materia prima para su reprocesamiento en otros mercados.
Álvarez Castellano concentró sus críticas en el sindicato que conduce Luis Núñez y lo diferenció de los gremios marítimos y portuarios. “Ni el SOMU, ni el SICONARA, ni el SUPA, ni los Capitanes ponen piedras en la rueda”, aseguró.
Denunció amenazas de quemar las plantas
El conflicto sumó otra acusación del empresario, quien señaló a Oscar Hughes, José “Pepe” Díaz y Osvaldo González por presuntas amenazas durante una visita a la planta de Conarpesa en Puerto Madryn.
Según su relato, los dirigentes habrían amenazado con quemar los establecimientos al retirarse de la portería, después de labrar un acta con la Secretaría de Trabajo.
“Denuncio públicamente que cuando estos tres sujetos se retiraron de la portería, después de labrar un acta con la Secretaría de Trabajo se fueron amenazando que iban a quemar todas las plantas, es decir el lugar de trabajo de la gente a la que representan”, manifestó.
Álvarez Castellano los identificó como los mismos dirigentes que, según afirmó, tomaron las oficinas administrativas de la compañía el 15 de julio. Cerró con un pedido de intervención judicial. “Espero que la Justicia vea estas actitudes, tomen nota y obren en consecuencia”, expresó.