La Cámara de la Industria Naval (CIN) de Mar del Plata reclamó que el Senado revise el proyecto de ley de cabotaje antes de avanzar con su tratamiento. La entidad sostiene que la iniciativa, presentada para reducir los costos del transporte marítimo y fluvial, daría ventajas a los buques de bandera extranjera frente a los que operan bajo bandera argentina.
El planteo apunta al expediente S-1844/26, que ingresó al Senado el 20 de octubre. Según la Cámara, el régimen de admisión temporaria permitiría el ingreso de buques extranjeros sin pagar derechos de importación ni IVA y sin un tope de antigüedad. La entidad también cuestionó que el proyecto no exija que esas embarcaciones realicen sus reparaciones y tareas de mantenimiento en astilleros del país.
Domingo Contessi, presidente de la CIN, consideró razonable el objetivo de abaratar el transporte, pero advirtió que «el remedio puede ser peor que la enfermedad». La Cámara atribuyó parte de la migración de la flota mercante argentina a Paraguay a los costos laborales, fiscales y judiciales de operar bajo bandera nacional. A su juicio, el proyecto deja esos costos pendientes y amplía la ventaja de quienes operan con otra bandera.
La flota pesquera queda fuera del régimen
La gacetilla aclara que la flota pesquera está excluida del proyecto. Sin embargo, los astilleros y talleres asociados a la Cámara, que trabajan principalmente para ese sector, también tienen capacidad para construir y reparar buques mercantes. La entidad teme que el ingreso de unidades usadas reduzca los pedidos de construcción local en segmentos como los de barcazas, dragas, buques de carga y embarcaciones de apoyo a la actividad costa afuera.
La Cámara también objetó el alcance de las restricciones vinculadas con Malvinas. Según su lectura, el proyecto excluye a quienes prestan servicios para la explotación hidrocarburífera que la Argentina considera ilegítima, pero deja fuera de esa restricción a las empresas que pescan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
Los cambios que propone la Cámara
La CIN pidió abrir una mesa de diálogo con armadores, trabajadores y representantes de los astilleros. Propuso reducir los costos de operar bajo bandera argentina y limitar la admisión de buques extranjeros a casos temporales en los que se encargue la construcción de una embarcación similar en el país. También planteó fijar una antigüedad máxima para las unidades que ingresen, exigir que el mantenimiento se realice en astilleros argentinos y vincular los incentivos fiscales con la construcción naval local.
La entidad respaldó las medidas del proyecto que simplifican el transporte de contenedores y la incorporación del conocimiento de embarque digital.