Trabajadores de Puerto San Julián se movilizaron para reclamar la revisión del régimen de cuotificación de la centolla y expresar su preocupación por el futuro de la actividad pesquera en la localidad. Según advirtieron, están en riesgo alrededor de cien puestos de trabajo vinculados con el proyecto de reactivación de una planta y la operatoria portuaria.
El reclamo apunta a la Resolución 16/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), que estableció un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la especie por quince años. Los manifestantes consideran que la distribución perjudica a Santa Cruz y compromete las posibilidades de generar empleo mediante el procesamiento de centolla en tierra.
De acuerdo con lo señalado por los trabajadores, Pesca Atlántica habría frenado la inversión prevista para reabrir la planta y su continuidad en San Julián estaría en duda. También aseguraron que quedó paralizada hasta nuevo aviso la salida de un buque que iba a operar con centolla fresca y abastecer al establecimiento.
“La idea era que comenzaran a operar, pero otra vez perdimos, porque nadie va a querer invertir si no están dadas las condiciones”, expresó Guillermo, uno de los trabajadores que manifestó su preocupación por el escenario que enfrenta la localidad.
Para quienes esperaban recuperar la actividad, la incertidumbre sobre el abastecimiento de materia prima pone en riesgo tanto la puesta en marcha de la planta como el trabajo asociado a las descargas y los servicios portuarios. En ese sentido, vincularon la continuidad del proyecto con la posibilidad de contar con un volumen de centolla que permita sostener las operaciones.
La resolución cuestionada fue aprobada el 5 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 11 de ese mes. El esquema asigna cuotas a los buques que reúnen los antecedentes de captura exigidos y otorga a la historia pesquera una ponderación del 80%, mientras que la mano de obra representa el 10%, y la producción y las inversiones, el 5% cada una. Resolución 16/2026
Los trabajadores sostienen que esa distribución limita las oportunidades de los proyectos que buscan comenzar a operar y cuestionan su constitucionalidad por entender que afecta las atribuciones provinciales sobre el recurso.
Desde la Asociación Coordinadora Portuaria también expresaron su malestar con la actuación del representante santacruceño ante el CFP, Sergio Klimenko. Si bien reconocieron que dejó planteadas sus objeciones, consideraron insuficiente su abstención.
“Él se mostró en contra de la postura del Consejo, pero no tuvo la firmeza para votar en contra”, cuestionó un trabajador de la organización.
El acta oficial confirma que la resolución fue aprobada por mayoría, con la abstención de Santa Cruz y el voto negativo de Buenos Aires. Klimenko dejó asentadas objeciones técnicas, jurídicas e institucionales y sostuvo que el régimen comprometía la administración de las 345 toneladas que gestionaba la provincia, además de su capacidad para decidir sobre empleo, descarga y procesamiento. También aclaró que su abstención no debía interpretarse como conformidad con la medida. cfp.gob.ar
El reclamo de los manifestantes es que se revise la decisión y se garantice el acceso a materia prima para concretar la reactivación industrial. Advirtieron que, sin esas condiciones, la expectativa de recuperar puestos de trabajo en San Julián volvería a quedar postergada.