Al parecer la titular de la Unidad Ejecutora Portuaria, Selsa Hernández, volvió a ser el centro de las discusiones . Según diversas fuentes empresariales, la funcionaria habría solicitado sumas millonarias de dinero a empresas del sector argumentando que se trataba de un aporte para cubrir los "costos de custodia policial" vinculados a la operación del barco mercante Varamo. Sin embargo, la Policía desmintió categóricamente que exista algún tipo de pago requerido por servicios de seguridad adicionales.

La cifra en disputa

El monto exacto solicitado por Hernández ha generado discrepancias entre las fuentes. Mientras que algunas empresas afirman que la suma alcanzó los 6 millones de pesos, otras revelan que el pedido se acercó a los 10 millones, ya que incluía también a dos empresas mineras que operan en la región a las que les habría pedido un monto extra por la descarga y el transporte de cianuro, aunque esa operación la realiza una empresa privada.

Fuentes cercanas al sector pesquero, que hablaron en exclusiva con Mar&Pesca, sostienen que estos pedidos fueron percibidos como un claro acto de hostigamiento. "Los llamados siempre siguen el mismo guion. Comienza diciendo que el pedido es en nombre del gobernador Vidal, porque la provincia está en quiebra y no puede pagarle a la policía. Les dijimos que nos parecía extraño, porque la segunda vez que el Varamo llegó, se descargó sin inconvenientes, pero ella insiste en que hay servicios que debemos pagar", relató un empresario, que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias. "Nos dio incluso cuentas bancarias para que depositáramos el dinero, pero cuando investigamos, descubrimos que ninguna de esas cuentas pertenecía a la policía", agregó, visiblemente preocupado.

Las mineras en alerta 

Al menos dos empresas mineras habrían recibido también la solicitud de dinero por parte de Hernández. Sin embargo, según se supo una de ellas decidió no realizar el pago sin antes obtener más detalles sobre el operativo, incluyendo los nombres de los efectivos policiales involucrados y sus funciones. Esta exigencia de mayor transparencia habría logrado frenar momentáneamente la solicitud.

Por su parte, la otra empresa habría respondido exigiendo que la solicitud fuera formalizada por escrito, con membretes y sellos oficiales. “Pedimos que cualquier solicitud de colaboración esté debidamente justificada, pero parece que esta exigencia también detuvo el pedido, ya que no hubo más insistencia”, señaló una fuente de la industria minera.

Desmentida oficial

La semana pasada, una de las empresas afectadas no se anduvo con vueltas y contactó a la Policía para confirmar la veracidad de la solicitud de dinero. En este sentido, el jefe de la DDI expresó su sorpresa ante la consulta y desmintió que existiera tal requerimiento. Aseguró que los costos de las horas extras de los efectivos policiales son cubiertos por el Estado, y no por empresas privadas.

Una práctica recurrente

Fuentes del sector pesquero señalaron que esta no es la primera vez que se producen solicitudes de dinero de esta índole. "Es una práctica habitual. Los políticos siempre piden dinero, pero algunos lo hacen de forma extorsiva", afirmó un referente de la industria pesquera, quien recordó un caso anterior: “Recuerdo que Aberastaín, actual diputado por el municipio, nos pidió dinero cuando era funcionario de Pesca de la Nación. Lo hizo a cambio de no armar un informe falso sobre la pesca de juveniles. Nosotros sabíamos que no estábamos en infracción, por lo que le dijimos que hiciera lo que quisiera, pero que teníamos pruebas de que se trataba de un chantaje. Finalmente, no recibió un solo peso", concluyó el referente, poniendo de manifiesto la persistencia de este tipo de prácticas.