

La audiencia realizada este lunes 2 de junio en la Secretaría de Trabajo de la Nación finalizó sin avances concretos en el conflicto que mantiene paralizada la actividad de la flota langostinera. Representantes de los gremios marítimos y de las cámaras empresarias volvieron a exponer posturas irreconciliables en torno a la situación económica del sector y a las condiciones laborales de los tripulantes embarcados.
Durante el encuentro, las cámaras CAPIP, CAPECA y CEPA reiteraron su planteo de “readecuar el negocio” del langostino procesado a bordo, advirtiendo que la actual estructura de costos, especialmente los laborales, lo vuelve económicamente inviable. Según argumentaron, los salarios del personal embarcado representan aproximadamente el 60% del costo total de producción. En ese marco, solicitaron a los sindicatos rever su negativa a discutir modificaciones en los convenios colectivos.
“Venimos con absoluta apertura al diálogo, presentando ejercicios económicos y alternativas negociables para poder reactivar la actividad de forma sostenible”, expresaron desde el sector empresario, apelando a la necesidad de preservar la paz social en localidades pesqueras fuertemente dependientes del sector.
Sin embargo, la respuesta gremial fue tajante. En un pronunciamiento conjunto, SOMU, SIMAPE, SICONARA, el Centro de Patrones y el Centro de Jefes y Maquinistas Navales rechazaron cualquier intento de flexibilización, negaron que los salarios representen el porcentaje denunciado y acusaron a las cámaras de utilizar la crisis como mecanismo de presión. “No vamos a permitir ninguna baja salarial disfrazada de negociación. Es falso que el personal represente el 60% de los costos y no vamos a convalidar maniobras extorsivas”, expresaron.
También participaron otras entidades sindicales como la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, que anticipó que fijará su posición en otro expediente en curso. Además, representantes de gremios que no forman parte directa del convenio en discusión dejaron constancia de su presencia ante el impacto colateral de la parálisis en sus respectivos sectores.
El tono de la discusión fue subiendo con el correr de las horas. Las cámaras empresarias rechazaron las calificaciones de “extorsivas” e “inverosímiles” y pidieron mantener un debate “profesional y responsable” sobre la situación del sector. A su vez, solicitaron que se mantenga abierto este espacio administrativo de diálogo.
Ante la falta de acuerdo, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano instaron a las partes a continuar las conversaciones en forma privada, en un marco de paz social, y a informar los avances en las negociaciones.