Una extensa audiencia encabezada por la Secretaría de Trabajo de la Nación expuso las profundas diferencias entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias del sector pesquero en medio del conflicto por la recomposición salarial de la flota langostinera.

Durante la reunión, que se prolongó desde el mediodía hasta entrada la tarde, el sector empresario lamentó lo que calificó como una "posición intransigente" del gremio respecto a la necesidad de modificar el esquema salarial para sostener la actividad de forma “sustentable y sostenible”. Argumentaron que el negocio del langostino de altura atraviesa una crisis estructural, con altos costos internos, y señalaron que incluso otros gremios como Capitanes y Conductores Navales ya habían acordado condiciones alternativas para facilitar la continuidad operativa.

Según las cámaras CAPIP, CAPECA y CEPA, se ofrecieron distintas alternativas en audiencias anteriores, que incluían una reducción del 22% en los valores de referencia para la producción, atada a la evolución de los precios de exportación, pero sin eliminar salarios fijos. Afirmaron que las propuestas superaban en ingresos reales a las del año pasado. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, reclamaron quedar "en libertad de acción" para celebrar convenios individuales con tripulantes, advirtiendo por la parálisis de la actividad y su impacto en economías regionales.

Desde el SOMU, en cambio, ratificaron su rechazo a cualquier rebaja salarial, al considerar que el salario "no es moneda de cambio". Negaron que existiera documentación seria sobre la supuesta crisis del sector y aseguraron que "no hay ninguna empresa concursada ni en procedimiento preventivo". El gremio sostuvo que sus trabajadores están disponibles y que no existe medida de fuerza alguna. Acusaron a las cámaras de mantener un “lockout patronal” y advirtieron que buscarán sanciones por vías legales.

“La libertad de acción que pretenden invocar es solo una forma torpe de intentar legalizar la violación de derechos laborales. La negociación a la baja es ilegal”, señalaron los representantes sindicales, encabezados por Raúl Durdos y David Zini.

En el cierre de la audiencia, el funcionario actuante del Ministerio de Capital Humano, Dr. Pablo Crebay, exhortó a ambas partes a sostener el diálogo en un “clima de paz social” y a redoblar esfuerzos para encontrar una solución.