La seguridad laboral, la salubridad y la higiene en la industria pesquera han quedado en el centro de un escandaloso conflicto gremial que paraliza por estas horas las operaciones de Caleta Paula. La controversia, que venía gestándose en el marco de una tensa negociación salarial, estalló definitivamente de la peor manera ante la opinión pública con la filtración de un video proveniente de las cámaras de seguridad del puerto.

Las imágenes, registradas el pasado domingo 22 de marzo a las 20 horas, actuaron como el detonante. En la cinta quedó en absoluta evidencia cómo delegados de base que se permitiera el ingreso a la zona de operaciones a un estibador que acababa de dar positivo en el test de alcoholemia. Este material visual no hizo más que exponer de manera cruda una realidad que los empresarios del sector vienen denunciando hace tiempo.

“Es la primera vez que vemos a un sindicato defender la droga y el alcohol, manifestaron con profunda preocupación distintos empresarios pesqueros” tras la difusión del video. Para el sector patronal, la negativa del gremio a realizar los controles preventivos representa un peligro mortal. Operar grúas, manipular cargas de toneladas y transitar por los muelles bajo los efectos de narcóticos o alcohol es una trampa que ya ha cobrado la vida de trabajadores en el pasado.

La disputa actual tiene como telón de fondo la liquidación de un aumento salarial del 15 por ciento acordado en paritarias. Las firmas pesqueras establecieron como condición indispensable para abonar este incremento que los estibadores se sometan a los exámenes médicos y de alcoholimetría correspondientes a la labor. Sin embargo, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) ordenó a sus afiliados rechazar de plano las pruebas, argumentando que se trata de medidas discriminatorias que atentan contra la ley de salud mental.

En este marco, se conoció que parte del personal ya percibe el incremento. Trabajadores de banquina chica, guincheros y capataces comenzaron a cobrar el 15% tras haber completado los estudios médicos requeridos, lo que, sostienen, demuestra que la medida ya se encuentra en aplicación en otros segmentos de la actividad.

Los números oficiales respaldan la extrema preocupación empresarial por la higiene y la integridad física de los operarios. La actividad portuaria y pesquera es considerada un rubro de alto riesgo. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca registra una alarmante incidencia de 63,1 casos de siniestros cada mil trabajadores. Esta estadística obligó a las empresas a pagar alícuotas extraordinarias a las ART y a implementar políticas sanitarias estrictas para reducir los accidentes laborales. Exigir que el trabajador ingrese sobrio no es una cuestión administrativa, explican, sino una normativa básica de preservación de la vida humana.

El fraude de la plástica

Detrás de la férrea resistencia sindical a los controles de salud, asoma otro conflicto que las empresas buscan erradicar: el sistema conocido en la jerga portuaria como la plástica. Se trata de la credencial habilitante para ejercer como estibador. 

En tanto, allegados a la administracion portuaria caletense reconocen que existe un mercado negro donde algunos titulares alquilan estas credenciales a terceros a cambio de quedarse con la mitad del salario. Las exigencias médicas y los controles de identidad en los ingresos están dejando al descubierto que más del 60 por ciento del padrón no llega ni al 40 por ciento de asistencia real en el año. Al exigir que la ley se cumpla, sostienen desde el sector, saltan a la luz estas maniobras de tercerización precaria que el sindicato se niega a ordenar por temor a perder un negocio rentable.

Una negativa peligrosa que atenta contra la vida los trabajadores

La pulseada continúa, pero el debate ya está instalado en el puerto de Caleta Paula donde la negativa gremial frente a los controles pone en evidencia la delgada línea entre la defensa de un derecho laboral y la negligencia de exponer a los trabajadores a un accidente fatal o de gravedad.