La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCyFP) dispuso el cierre total de la pesca dirigida al langostino en todas las aguas de jurisdicción nacional a partir de las 00:00 del domingo 13 de septiembre. La decisión pone fecha al final de la temporada y obliga a los barcos que todavía se encuentran operando a concluir sus tareas extractivas y emprender el regreso a puerto.

La medida fue comunicada mediante una nota firmada este jueves 10 de septiembre por el director nacional Arturo Idoyaga Molina, en cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1, apartado 3, del Acta N° 24/2026 del Consejo Federal Pesquero.

El cierre se concreta después del vencimiento del plazo para los últimos despachos a la pesca de langostino, fijado para el miércoles 9 de septiembre a las 23:59. Ahora, la nueva comunicación establece el límite para las embarcaciones que aún permanecen en el caladero.

La disposición alcanza a todas las aguas nacionales, por lo que también comprende las operaciones que se desarrollan fuera de la zona de veda. Desde el horario señalado, los buques deberán cesar de manera inmediata la pesca dirigida a la especie y navegar hacia puerto para realizar las descargas correspondientes.

La DNCyFP solicitó la notificación a los capitanes, patrones y agencias marítimas de los buques involucrados, así como el control del cumplimiento de la medida.

Una propuesta vinculada con la recuperación industrial y el empleo quedó en manos del Concejo Deliberante de Puerto Deseado. El anteproyecto presentado por Arístides “Tito” Córdoba plantea la adhesión municipal al Régimen de Aduana en Factoría y pone sobre la mesa una herramienta de especial interés para las empresas pesqueras radicadas en la localidad.

El desafío también es político. ¿Estarán los concejales dispuestos a salir de la comodidad, estudiar la iniciativa y avanzar con su tratamiento? ¿O los intereses partidarios y la abulia terminarán relegando una discusión que merece ocupar un lugar central en la agenda local?

No alcanza con ocupar una banca. Una propuesta de estas características exige conocer cómo trabajan las plantas, qué dificultades enfrentan las empresas y qué condiciones hacen falta para sostener el empleo. Su tratamiento será una oportunidad para que cada concejal demuestre cuánto conoce de esa realidad y qué está dispuesto a hacer para modificarla.

La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo, Ana María Parejas, y propone acompañar el Decreto Nacional 252/2026, que amplió el Régimen de Aduana en Factoría al sector manufacturero y sus proveedores. También encomienda al Ejecutivo municipal realizar gestiones ante la Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación para promover la incorporación de industrias locales.

En declaraciones a Mar&Pesca, Córdoba expresó su expectativa por las posibilidades que podría abrir la iniciativa. “Para la actividad pesquera puede ser una herramienta muy importante. Podemos llegar a recuperar lo que Puerto Deseado ha perdido”, afirmó.

El referente explicó que desde hace casi un año venía trabajando junto al diputado nacional Jairo Guzmán en distintas alternativas para que la localidad accediera a beneficios aduaneros. Inicialmente se evaluó impulsar una zona franca o un área aduanera especial, aunque esa posibilidad requería la intervención del Gobierno provincial.

Según relató, durante un reciente viaje a Buenos Aires tomó conocimiento del alcance de la modificación nacional y de las posibilidades que podría ofrecer para la producción local.

El régimen no crea una zona franca ni replica el sistema especial de Tierra del Fuego. Se trata de una herramienta de alcance nacional a la que pueden solicitar su incorporación los establecimientos industriales que cumplan los requisitos correspondientes.

Su funcionamiento contempla el ingreso de insumos importados bajo una destinación aduanera suspensiva, sin el pago inmediato de los tributos. Cuando se incorporan a productos destinados a la exportación, la operación se cancela con la salida de la mercadería transformada.

Córdoba consideró que, en Puerto Deseado, la herramienta podría favorecer especialmente a las plantas elaboradoras y a los proveedores de la industria pesquera, al reducir determinados costos vinculados con la producción.

La adhesión municipal no incorporará automáticamente a las empresas ni constituye una condición para que puedan solicitar el ingreso a un régimen nacional. Cada firma deberá realizar su trámite y acreditar los requisitos exigidos. El valor del proyecto local está en comprometer al municipio con la difusión, el asesoramiento y las gestiones necesarias para que esa posibilidad pueda aprovecharse.

Ese respaldo debería traducirse en acciones concretas. El anteproyecto propone acercar información y asistencia técnica a las cámaras pesqueras, industriales y comerciales, para que las empresas evalúen el alcance de la herramienta y su aplicación a cada actividad.

“Nos corresponde saber seducir a los inversionistas y generar las condiciones para que las empresas que ya están no se vayan, se queden y sigan invirtiendo”, señaló Córdoba.

El referente aseguró que representantes del puerto y de los gremios vinculados con la pesca ya fueron informados y manifestaron interés en acompañar la iniciativa. Según adelantó, esos sectores evalúan viajar a Río Gallegos para plantear el tema ante el gobernador Claudio Vidal.

También reconoció que todavía no había conversado con el intendente Juan Raúl Martínez, aunque expresó su intención de dialogar con todos los sectores políticos e institucionales de la localidad.

El Concejo tiene ahora una responsabilidad concreta: estudiar la propuesta, debatir sus alcances y resolver si acompaña este impulso. La aprobación no garantiza por sí sola nuevas inversiones ni puestos de trabajo, pero puede dar un respaldo importante a las gestiones para recuperar actividad.

La discusión no debería pasar por quién presentó el proyecto ni por quién podría capitalizarlo políticamente, sino por lo que puede aportar a Puerto Deseado. Para los concejales, es hora de demostrar que sus bancas sirven para algo más que administrar diferencias. La industria pesquera y sus trabajadores necesitan respuestas.

El Argenova IV llegará esta madrugada a Puerto Deseado con la noticia que nadie quiere recibir en un puerto: a bordo viene el cuerpo de un oficial de cubierta de 36 años, hallado sin vida durante la navegación.

Según los primeros datos que pudo recabar Mar&Pesca, el tangonero de la empresa Argenova se encontraba a la altura de Camarones, aproximadamente en la posición 44° Sur y 58° Oeste, cuando el trabajador le manifestó al capitán que no se sentía bien y que quería desembarcar. Incluso habría comentado que tenía un malestar gastrointestinal.

Como se encontraban cerca de la bahía de Camarones, el capitán le habría informado que pondrían proa hacia ese puerto y que la empresa ya estaba al tanto de la situación. El arribo estaba previsto para las 17, con la intención de desembarcarlo y luego continuar viaje hacia Puerto Deseado, donde el buque tiene su puerto de asiento.

Pero las horas pasaron y, al advertir que el oficial no aparecía, comenzó una búsqueda desesperada por toda la embarcación. Poco después llegó el peor hallazgo: el trabajador fue encontrado sin vida, colgado de una soga por la borda de estribor.

Ante lo ocurrido, el Argenova IV dejó sin efecto la escala en Camarones y puso proa directamente hacia Puerto Deseado, llevando a bordo el cuerpo del trabajador.

Prefectura prepara un operativo especial para recibir al tangonero y dar intervención a la Justicia. El cuerpo será sometido a una autopsia para determinar de manera fehaciente las causas de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

Mar&Pesca intentó comunicarse con la responsable de Recursos Humanos de Argenova, pero señaló que no podía brindar información. En tanto, desde el área de Prensa de Pescanova se limitaron a confirmar el fallecimiento e indicaron que se abrirá una investigación para establecer qué ocurrió a bordo.

Entre los tripulantes hay conmoción, tristeza y también bronca. “Hace menos de un mes un compañero cayó al agua y se salvó de milagro, y ahora muere otro. Algo está pasando. No quiero ni pensar en la familia; él era correntino y ya lo estaban esperando”, dijo uno de los trabajadores que habló con este portal.

“Solo pedimos que alguien nos proteja, que los sindicatos dejen de mirar sus bolsillos y hagan algo por sus afiliados. La pesca es un trabajo durísimo y necesitamos estar contenidos”, cerró.

La Prefectura Naval Argentina desplegó este martes un minucioso operativo de rescate para aeroevacuar a un tripulante de un buque pesquero, de bandera portuguesa, que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) cuando navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva del país, a alrededor de 230 millas náuticas (más de 425 kilómetros) de Mar del Plata.

La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata recibió una comunicación por parte del capitán del buque “Novo Virgem Da Barca”, solicitando una radio consulta médica por un tripulante de 57 años y de nacionalidad indonesia.

Según advirtió el capitán, el tripulante de la embarcación, que en ese momento navegaba a unas 230 millas náuticas (unos 425 kilómetros) de la costa de Mar del Plata, padecía debilidad en los miembros superior e inferior del lado izquierdo, presentaba una desviación de comisura labial izquierda, fuerte dolor de cabeza, dificultad para hablar y desorientación, entre otras señales de alarma.

Con estos datos, un médico de la Prefectura alertó que podría tratarse de un ACV, por lo que recomendó que comiencen a navegar rumbo al puerto de Mar del Plata para realizar una aeroevacuación.

Mientras se monitoreaban los movimientos del buque, a través del Sistema Guardacostas desarrollado por la Fuerza, a primera hora de este martes despegaron desde la Estación Aérea Mar del Plata un avión y un helicóptero, con un médico y rescatistas a bordo, para concretar la compleja operación.

Tras un raudo vuelo mar adentro, al arribar al sitio donde se encontraba el pesquero, el helicóptero de la Prefectura se posicionó sobre él y, en una milimétrica maniobra, descendió un nadador de rescate para realizar el izado del tripulante enfermo.

Una vez a bordo de la aeronave, un médico de la Prefectura le brindó las primeras atenciones, mientras era conducido al helipuerto que la Autoridad Marítima Nacional posee en su sede ubicada en la zona del puerto de Mar del Plata.

Allí, previa coordinación, era aguardado por una ambulancia, que lo trasladó a un hospital privado para una mejor asistencia médica. En tanto, la embarcación reinició su navegación a zona de pesca.

La presencia española en la pesca de las Islas Malvinas es más extensa que los 16 arrastreros congeladores mencionados habitualmente como parte de la flota gallega. Ese número corresponde exclusivamente a las embarcaciones de sociedades mixtas dedicadas a la captura del calamar Loligo.

El entramado también comprende otros barcos vinculados con grupos españoles y una flota que conserva el pabellón de España y se dedica principalmente a la merluza, el granadero, la polaca, la rosada y otras especies de fondo.

La reciente cadena nacional del presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda. Aunque los anuncios estuvieron dirigidos principalmente a las empresas petroleras, la decisión de profundizar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina también abrió interrogantes sobre la actividad pesquera.

El esquema de las sociedades mixtas

La participación española no siempre aparece reflejada directamente en la propiedad o bandera de los buques. El modelo utilizado durante las últimas décadas está basado en sociedades constituidas en las islas, integradas por un socio local y otro extranjero.

Los operadores locales conservan los derechos pesqueros, mientras que los grupos españoles aportan capital, embarcaciones, tecnología, tripulaciones y acceso al mercado europeo. Las capturas son enviadas principalmente a Vigo y Marín para su procesamiento y comercialización.

De esta manera, los barcos navegan con matrícula de Malvinas, aunque mantienen una relación empresarial y operativa directa con compañías radicadas en Galicia.

Los 16 arrastreros del calamar loligo

El Grupo Pescapuerta concentra la mayor participación individual, con cuatro embarcaciones: Beagle FI, Venturer, Falcon y Prion. Este último fue incorporado por Petrel Fishing Company, sociedad formada entre Pescapuerta y el grupo isleño Fortuna.

El Grupo Pereira participa con el Argos Cíes, Argos Pereira y Argos Berbés. La llegada del Argos Berbés, uno de los buques más modernos del conjunto, permitió trasladar al Argos Vigo hacia la pesca de especies de fondo.

Chymar mantiene en actividad al Golden Chicha y al Hermanos Touza, mientras que el Grupo Lanzal-Rampesca está vinculado con los arrastreros Monteferro y Montelourido.

El Hadassa Bay se encuentra relacionado comercialmente con Copemar y el Igueldo con la firma Marfrío. Ambos son operados mediante sociedades constituidas en las islas y poseen capacidad para trabajar tanto sobre calamar como sobre otras especies

La lista de los 16 arrastreros se completa con el Robin M. Lee, New Polar y Sil, pertenecientes a Polar Seafish. Lafonia, sociedad registrada en España, interviene en la operación desde Vigo y en la comercialización de las capturas.

Otros barcos vinculados con grupos españoles

La presencia empresarial española continúa fuera de la flota específica del Loligo. Pescapuerta también está vinculada con el Petrel y el Kestrel, dos unidades de bandera malvinense que no forman parte de la actual nómina de 16 calamareros.

El Grupo Pereira conserva además al Argos Vigo dentro de su flota destinada a Malvinas. El buque fue desplazado de la captura de Loligo luego de la incorporación del Argos Berbés, pero continuó relacionado con la pesca de especies de fondo.

Estos casos demuestran que la cantidad de embarcaciones vinculadas con empresas españolas supera a las 16 unidades que participan específicamente de las dos temporadas anuales de calamar.

Los arrastreros de bandera española

A las sociedades mixtas se suma la presencia de buques que conservan la matrícula española. Entre las empresas con actividad declarada en la región se encuentra Moradiña, que identifica como parte de su flota al Playa de Sartaxens, Playa da Cativa, Playa Menduiña Dos, Eirado do Costal y Santa Mariña.

La propia compañía incluye a Malvinas entre sus principales áreas de operación, junto con NAFO, el mar de Irminger y el banco de Hatton. Sus barcos se encuentran orientados principalmente a la captura y procesamiento de especies de fondo.

Otros nombres documentados en registros pesqueros, antecedentes operativos y movimientos portuarios son el Pesca Vaqueiro, Playa de Rodas, Fakir, Festeiro, Esperanza Menduiña, Playa Pesmar Uno, Playa Pesmar Dos y Costa do Cabo.

Sin embargo, no está comprobado que posean licencia vigente para pescar dentro de Malvinas. Parte de esta flota también trabaja en aguas internacionales y cambia de caladero según las autorizaciones obtenidas durante cada temporada.

Las 37 asignaciones no representan 37 buques

El último boletín pesquero detallado publicado por la administración de las islas contabilizó durante 2024 un total de 37 asignaciones de licencias para la flota de bandera española.

Esa cifra no equivale a 37 barcos diferentes. Las autorizaciones corresponden a distintas categorías pesqueras y una misma embarcación puede recibir más de una clase de licencia durante el año.

En 2024, los buques de bandera española declararon capturas por 49.531 toneladas dentro de las zonas administradas desde Malvinas. Su peso fue especialmente importante en la merluza común, sobre la cual concentraron el 68,5 por ciento de las 54.714 toneladas extraídas.

También representaron el 78 por ciento de las capturas de merluza austral, el 65,8 por ciento de la rosada y el 62,1 por ciento del bacalao austral. Los porcentajes confirman que la participación española no se limita a la explotación del calamar.

La pesca nuevamente bajo la lupa

La Argentina desconoce las licencias concedidas por la administración británica porque considera que fueron otorgadas unilateralmente en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

Nuestro país también cuenta con normas que prohíben a los titulares de permisos y cuotas nacionales mantener relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en Malvinas.

La cadena nacional de Milei no estuvo centrada en la pesca, pero el Presidente anunció que buscará alcanzar a las empresas que participen directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales en las islas, incluyendo accionistas, directores y proveedores.

El alcance definitivo dependerá del proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso y de la manera en que se apliquen las normas ya vigentes. Mientras tanto, el mapa empresarial y la cantidad de buques involucrados muestran que la presencia española en la pesca de Malvinas es mucho más amplia que los 16 arrastreros dedicados al loligo.

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera fijó para las 23:59 del miércoles 9 de septiembre el plazo límite para otorgar el último despacho a la pesca dirigida al langostino en aguas de jurisdicción nacional.

La medida marca el ingreso de la temporada 2026 en su tramo final, aunque no implica el regreso inmediato de toda la flota. Los buques que ya se encuentran operando y aquellos que sean autorizados antes del vencimiento del plazo podrán completar sus últimas mareas.

La decisión fue comunicada junto con el cierre de las subáreas 4 y 5, donde las operaciones quedarán suspendidas desde las 00:00 de este martes 8 de septiembre.

Según las evaluaciones realizadas por el INIDEP, la actividad comercial registró capturas nulas en ambos sectores, con una captura por unidad de esfuerzo igual a cero. También se tuvo en cuenta el avanzado estado de la temporada y la elevada presencia de hembras maduras e impregnadas.

Con el cierre de las subáreas 4 y 5, y tras la clausura previa de la subárea 8, ya no quedan sectores habilitados para la pesca de langostino dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza.

La actividad continuará por fuera de la zona de veda hasta que los tangoneros completen los últimos viajes autorizados. De esta manera, el cierre de la temporada se producirá de forma gradual con el regreso de los buques a puerto.

El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez, mantuvo una reunión con el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, para analizar el desarrollo de la temporada y plantear medidas que permitan incrementar la actividad pesquera y portuaria.

Uno de los temas abordados fue el crecimiento registrado este año en las descargas. Si bien el dato representa una señal positiva para la ciudad, Martínez reconoció que todavía queda mucho por recuperar y remarcó la necesidad de sostener esa tendencia.

El encuentro dio continuidad a las gestiones realizadas en marzo, cuando el jefe comunal participó de una reunión del Consejo Federal Pesquero y presentó distintas propuestas relacionadas con la situación de Puerto Deseado.

Entre los planteos se incluyeron una mayor previsibilidad para las empresas, mejores condiciones para aquellas que se encuentran radicadas en la localidad y nuevas alternativas para aumentar las descargas y el movimiento del puerto.

Martínez destacó la predisposición de López Cazorla para escuchar las necesidades de la ciudad y mantener abierto el diálogo con las autoridades locales.

“La pesca es fundamental para nuestra economía y para cientos de familias deseadenses”, sostuvo el intendente. Además, señaló que hubo avances, aunque advirtió que el desafío sigue siendo recuperar actividad y fortalecer el papel de Puerto Deseado dentro del sector pesquero.

Las próximas campañas de evaluación de centolla en las Áreas Central y Sur comenzarán entre septiembre y octubre, de acuerdo con el cronograma presentado por el INIDEP ante la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos.

El encuentro se realizó el pasado 1° de septiembre y sus principales conclusiones fueron incorporadas al Acta N° 24/2026 del Consejo Federal Pesquero. Durante la reunión también se analizaron los desembarques de la temporada 2025-2026, actualizados al 28 de agosto, y la evolución del comercio exterior de centolla.

Evaluación en las áreas Central y Sur

El INIDEP propuso iniciar la campaña del Área Central el próximo 20 de septiembre, mientras que para el Área Sur planteó como fecha de comienzo el 5 de octubre.

Los relevamientos tendrán como objetivo determinar la distribución espacial de la centolla, la estructura de longitudes de caparazón, la abundancia relativa y el estado general de las distintas fracciones que componen el stock.

La información obtenida permitirá elaborar un índice estandarizado para comparar la evolución interanual de la abundancia de ejemplares comerciales y contar con datos actualizados para la administración de la pesquería.

Para el desarrollo de las campañas se solicitó la colaboración de las empresas con el propósito de sostener un ritmo de cuatro lances diarios y coordinar la logística necesaria para completar los relevamientos.

Devolución de ejemplares y presencia de ballenas

Entre los objetivos complementarios se incluyó el registro de la selección de centolla realizada en cubierta y en planta, junto con la devolución al mar con vida de los ejemplares que no alcancen la talla comercial.

Durante septiembre, el INIDEP brindará capacitaciones sobre el diseño de las campañas, sus objetivos y las buenas prácticas para manipular y devolver esos ejemplares. También se trabajará sobre el protocolo de actuación ante la presencia de ballenas durante las operaciones de pesca.

Estas medidas apuntan a reducir la mortalidad de centollas no comerciales y disminuir los riesgos de interacción de la flota con mamíferos marinos.

Resultados de los anillos de selectividad

El Instituto presentó además los resultados de las pruebas realizadas con anillos de selectividad de 120 y 130 milímetros. Los datos mostraron que los anillos de 120 milímetros permitieron obtener un 14% más de producto por día.

Esa mayor productividad podría reducir en 27 días efectivos el período de pesca, acortando el tiempo durante el cual la actividad puede generar interacciones con mamíferos marinos.

La Comisión también consideró oportuno revisar la obligación de instalar trituradoras en los trancaniles de los buques centolleros, actualmente contemplada en la Disposición N° 204/2023. Sin embargo, hasta el momento no se adoptó una resolución que los exima de esa exigencia.

Por otra parte, se informó sobre el reemplazo de líneas convencionales por otras de flotabilidad negativa, una alternativa que busca evitar que los cabos permanezcan suspendidos en el agua. El INIDEP remarcó que esas líneas deberán encontrarse correctamente identificadas.

Avanza el Plan de Manejo de Centolla

Para la próxima reunión de la Subcomisión Técnica, la Dirección de Planificación Pesquera y el INIDEP presentarán los borradores correspondientes al diagnóstico del Plan de Manejo de Centolla. El documento servirá como base para avanzar en la definición de los objetivos y las metas que todavía se encuentran pendientes.

En el tramo final del encuentro, Wanchese Argentina solicitó que las empresas con permisos específicos sean convocadas ante una eventual modificación del régimen de administración de la pesquería. También informó que realizó una presentación ante la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para pedir una distribución equitativa de los cupos de captura.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, logró la detección de un nuevo buque de bandera extranjera operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). En este sentido, se establecieron sanciones a la empresa propietaria por $1.844.000.000, equivalentes 1.000.000 de Unidades de Pesca (UP).

Se trata del buque “Farruco” de bandera española, el quinto buque sancionado en lo que va del año. Tanto en este procedimiento como en las actuaciones previas realizadas en el marco de la legislación mencionada, se destaca la presencia de la Prefectura Naval Argentina y la tecnología de detección electrónica, para poder hacer efectiva la aplicación de sanciones económicas.

Estas medidas se enmarcan en la política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, reafirmando el compromiso del Estado argentino en la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y en la protección de la pesquería nacional.

El Consejo Federal Pesquero dispuso el cierre a la pesca de langostino en la Subárea 8 del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza, debido al elevado nivel de captura incidental de esa especie.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión plenaria reflejada en el Acta CFP N° 24/2026 y comenzó a regir a partir de las 00:00 de este viernes 4 de septiembre.

Según la comunicación oficial, los datos aportados por el INIDEP determinaron que la presencia de merluza en las capturas superó el límite del 20% establecido para mantener habilitadas las operaciones dirigidas al langostino.

La medida fue comunicada a la Prefectura Naval Argentina para que informe por frecuencia radial a los buques pesqueros alcanzados por el cierre y proceda al retiro de la flota que se encontraba operando en el sector.

Con la clausura de la Subárea 8, y luego del reciente cierre de la Subárea 16 —la más cercana a Puerto Deseado—, solamente permanecen abiertas las subáreas 4 y 5 dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza. El resto de los buques continúa buscando langostino por fuera de la zona protegida, en la etapa final de la temporada nacional.

La autoridad pesquera nacional dispuso el cierre de la Subárea 16 para la pesca comercial de langostino, a partir de las 00:00 de este jueves 3 de septiembre.

La Subárea 16 es la más próxima a Puerto Deseado y se encuentra frente al Golfo San Jorge, en jurisdicción de Santa Cruz. La provincia en su momento había solicitado que permaneciera habilitada hasta la finalización de la temporada de langostino 2026.

Sin embargo, el pedido no prosperó. La decisión se tomó a partir de un informe presentado el 2 de septiembre por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que registró un incremento en la captura incidental de merluza común.

Según el organismo científico, durante las últimas jornadas la relación merluza/langostino superó el límite de 0,20 establecido por la Resolución N° 9/2022 del Consejo Federal Pesquero. También se observó una marcada dispersión del langostino dentro de la subárea.

Con este cierre, solamente permanecen habilitadas dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza las subáreas 4, 5 y 8. En esos tres sectores se encontraban distribuidos alrededor de siete buques.

El resto de la flota langostinera operaba fuera de la zona de veda, donde los barcos continuaban buscando concentraciones comerciales en distintos sectores, aunque varios buques retornaban a sus respectivos puertos de asiento.

La temporada llegó prácticamente a su fin y Javier Nieres continúa en Puerto Deseado con la libreta guardada, sin ingresos y lejos de sus hijos. Durante cuatro meses esperó una oportunidad para embarcar, pero los barcos entraron y salieron del puerto sin que su nombre apareciera en las listas.

No reclama un privilegio. Pide un viaje que le permita llevar un sueldo a su familia. Sin embargo, según denunció, la respuesta que recibió de Rogel, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Puerto Deseado, fue tan cruel como inesperada: que regresara a Santa Fe y buscara trabajo en su provincia.

Cuatro meses de espera

Detrás del reclamo existe una situación familiar desesperante. Nieres aseguró que sus hijos permanecen en Santa Fe y que, al no poder enviarles dinero, sobreviven con lo poco que tienen.

“Hace cuatro meses que estoy sin trabajo. Mis hijos están en Santa Fe y hoy están comiendo fideos hervidos porque yo no puedo trabajar. Es triste y detrás de cada marinero hay una familia”, expresó.

Para el trabajador, la recomendación de volver a Santa Fe desconoce por completo su trayectoria y su pertenencia al puerto desde el cual navega desde hace más de una década.

“Soy nacido en Santa Fe, pero hace 16 años que navego desde Puerto Deseado. Tengo dos libretas llenas de embarques en barcos pesqueros y soy parte de este puerto. En Santa Fe no puedo embarcar porque los barcos están acá”, sostuvo.

Dieciséis años de actividad ignorados

Nieres cuenta con los cursos obligatorios, pasaporte y capacitación para desempeñarse tanto en buques pesqueros como mercantes. Su relación con el mar comenzó siguiendo los pasos de su padre, quien trabajó durante 25 años en la actividad.

Pese a su experiencia y formación, asegura que desde la actual conducción de la delegación del SOMU no recibió acompañamiento ni una gestión concreta para conseguir trabajo.

La situación, según relató, no lo afecta solamente a él. En Puerto Deseado permanecen marineros llegados desde Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y otros puntos del país que llevan tres o cuatro meses esperando un embarque.

Muchos deben pagar alquiler, comida y estadía sin tener ingresos, mientras la campaña avanza y los buques llegan con sus tripulaciones completas.

“Hay compañeros que venden el auto o la moto para poder venir. Después se les termina la plata, pierden el alquiler y tienen que regresar sin haber hecho un solo viaje. Vemos pasar los colectivos cargados de tripulantes y vemos entrar y salir los barcos, pero nosotros seguimos esperando”, describió.

La bolsa de trabajo bajo la lupa 

El trabajador apuntó directamente contra los dirigentes Rodrigo Rogel y Marcelo Flores por el funcionamiento de la bolsa de trabajo. Aseguró que cuando los marineros se presentan en las empresas para solicitar empleo son enviados nuevamente al sindicato, pero una vez allí no encuentran respuestas.

“Uno va a la empresa y le dicen que tiene que hablar con el delegado porque existe una bolsa de trabajo. Después nos enteramos de que mandaron a otra persona y nosotros seguimos esperando”, denunció.

Nieres sostuvo que mientras algunos trabajadores completaron varios viajes durante la temporada, otros no tuvieron siquiera la posibilidad de realizar una marea. En ese sentido, reclamó un sistema de relevos que permita distribuir las oportunidades entre los afiliados que permanecen en tierra.

Una gestión que nunca llegó

Ante la falta de posibilidades en la pesca, el marinero afirmó que le pidió a Marcelo Flores que se comunicara con los referentes nacionales del sector mercante para gestionar una salida laboral en remolcadores, barcos supply u otras embarcaciones.

Según relató, el dirigente se habría negado a levantar el teléfono y le habría respondido que conseguirle un puesto no era parte de su trabajo.

El marinero comparó esta situación con lo que ocurría durante la conducción de Gustavo Barriga. Recordó que cuando ingresaban buques como el API VII, con alrededor de 70 tripulantes, se conseguían plazas para quienes permanecían anotados en la bolsa de trabajo.

“Antes entraba un barco y se embarcaban seis o siete compañeros. La semana pasada ingresaron varias embarcaciones y la delegación de Puerto Deseado no consiguió un lugar para ninguno de los que estamos esperando”, cuestionó.

Para Nieres, la respuesta de que debía volver a Santa Fe no solo desconoció sus 16 años de trayectoria en Puerto Deseado, sino que profundizó el desamparo de un trabajador que acudió al sindicato buscando representación y terminó encontrando una puerta cerrada.

“Si existiera una bolsa de trabajo que funcionara para todos, estaríamos embarcando. Yo solamente pedía un viaje, aunque fuera uno, para poder llevarle algo a mi familia. Pero la temporada terminó y no tuve ni esa posibilidad”, lamentó.

Trabajadoras denuncian discriminación y presuntos abusos

La denuncia también alcanza una dimensión todavía más grave. Nieres habló de trabajadoras marítimas que habrían sufrido discriminación y con la lamentable consecuencia de terminar guardando sus libretas ante la imposibilidad de conseguir un embarque.

Asimismo, Mar&Pesca recogió testimonios de mujeres que relatan presuntos abusos y propuestas indebidas atribuidas al cabecilla local del Somu para acceder a una oportunidad laboral.

 Rogel echó a Mar&Pesca y no dio respuestas

Por la gravedad de los señalamientos, Mar&Pesca intentó conocer la otra campana y obtener el descargo de Rogel. Sin embargo, el delegado local desbordado expulsó de manera grosera a esta cronista de la sede sindical, argumentando que se trataba de “un sindicato privado”, y amenazó con llamar a la Policía.

Durante ese intercambio, Rodrigo Rogel se negó a responder las preguntas y no brindó su versión sobre las acusaciones formuladas en su contra.

El referente local del Somu tampoco tuvo respuestas para Javier Nieres, un trabajador marítimo que lleva cuatro meses sin empleo y que solo pedía representación y una oportunidad para volver a la pesca.

Los jueces dictan resoluciones, pero sus decisiones tampoco están exentas de control. Bajo esa premisa, AGROPEZ S.A., integrante del Grupo Conarpesa, concretó este martes la denuncia contra la jueza Amorina Úrsula Testino ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

La presentación, anticipada días atrás por el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, acusa a la magistrada de presunto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del Derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad.

El planteo se origina en la actuación de Testino dentro del expediente que derivó en el embargo y la interdicción de salida del buque pesquero J. Barreiro, matrícula 03325. Según la empresa, una sucesión de decisiones y omisiones mantuvo inmovilizada a la embarcación pese a que existían fondos suficientes para garantizar el reclamo judicial.

AGROPEZ solicitó que el Consejo de la Magistratura investigue la conducta de la jueza y que, una vez concluido ese procedimiento, el caso sea remitido al Tribunal de Enjuiciamiento si correspondiera.

Fondos suficientes y un buque que seguía paralizado

El cuestionamiento central apunta a que la empresa habría ofrecido sustituir la medida cautelar que pesaba sobre el J. Barreiro por fondos depositados judicialmente. De esa manera, pretendía garantizar el crédito reclamado sin impedir que el buque continuara navegando y produciendo.

El 31 de julio, la parte actora había solicitado el embargo y la interdicción de salida por $53.062.318,85, correspondientes a capital, intereses y honorarios.

Al disponer la medida, el 4 de agosto, Testino mantuvo ese monto y agregó provisoriamente otros $9 millones para responder por intereses y costas. La cautelar quedó establecida así en $62.062.318,85.

Frente a esta situación, AGROPEZ puso a disposición fondos que, según afirma, cubrían la totalidad del importe por el cual se había ordenado el embargo y la prohibición de salida.

La denuncia destaca que el 6 de agosto la propia actuaria dejó constancia de la existencia de un saldo remanente de $85.768.601,23 en otra cuenta judicial, una cifra ampliamente superior a los $62 millones necesarios para garantizar la medida.

Posteriormente, el 10 de agosto, se ordenó transferir $78.768.601 y, para el 12 de agosto, la cuenta judicial registraba $82.492.175,06.

Para la pesquera, esos movimientos demuestran que existía dinero suficiente para resguardar el crédito sin mantener al J. Barreiro amarrado. Sin embargo, el buque continuó impedido de navegar y trabajar.

Una actuación cuestionada paso por paso

Los abogados de AGROPEZ sostienen además que la jueza habría tomado más dinero del que correspondía para darlo en pago, pese a que el importe de la liquidación se encontraba apelado y todavía no existía una suma definitiva.

La compañía cuestiona que Testino no solo dispusiera la transferencia de los fondos, sino que también firmara el oficio presentado por el abogado de la parte actora mediante el cual se ordenó la interdicción del barco.

También objeta que, después de ordenar la transferencia y con la interdicción ya librada, la magistrada corriera traslado a la contraparte. Según la denuncia, ese procedimiento solo habría generado nuevas demoras para levantar la prohibición de salida.

Otro de los presuntos errores jurídicos señalados es que Testino había establecido que el actor debía prestar caución antes de efectivizar la medida. No obstante, de acuerdo con la presentación, la interdicción fue habilitada sin exigir previamente el cumplimiento de ese requisito.

La orden que quedó sin una firma

El expediente tuvo un nuevo giro el 18 de agosto. A las 9 de la mañana, la jueza ordenó levantar el embargo y la interdicción de salida del J. Barreiro, que para ese momento llevaba siete días inactivo.

La resolución disponía librar los oficios correspondientes a Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques, con habilitación de días y horas inhábiles para agilizar su confección y diligenciamiento.

Los abogados de la empresa presentaron el oficio dirigido a Prefectura a las 9:48 de ese mismo día, pero el documento quedó sin la firma de Testino.

A las 13:30, según consta en la denuncia, la magistrada dejó asentado que había iniciado una acción de vindicación ante el Ministerio Público Fiscal y se excusó de continuar interviniendo en el expediente.

La ausencia de la firma impidió que la orden de levantamiento llegara a Prefectura y que el buque recuperara su libertad de navegación. Al día siguiente, la actuaria rechazó el oficio y la inmovilización de la embarcación se prolongó.

El 24 de agosto, AGROPEZ solicitó al magistrado que había quedado a cargo que arbitrara urgentemente los medios necesarios para concretar la firma pendiente.

Otros magistrados objetaron la excusación

La denuncia incorpora también los cuestionamientos formulados por los jueces subrogantes que intervinieron posteriormente.

Según la presentación, esos magistrados se opusieron a la excusación de Testino al considerar que los argumentos invocados no configuraban la causal legal planteada.

Incluso habrían señalado que el inicio de una acción de vindicación no constituía, por sí solo, un motivo grave de decoro o delicadeza que obligara a la jueza a apartarse del expediente.

AGROPEZ sostuvo además que las declaraciones públicas de Fernando Álvarez Castellano que habrían provocado el malestar de Testino fueron realizadas por una persona física distinta de la sociedad involucrada en la causa.

El costo de una decisión judicial

Para la compañía, el episodio no se limitó a una discusión procesal. La interdicción impidió que un buque operativo desarrollara la actividad para la cual estaba destinado y trasladó sus consecuencias directamente a la producción y al empleo.

“Impedirle navegar significa impedirle desarrollar la actividad para la cual está destinado”, señala la denuncia.

De acuerdo con los cálculos presentados por AGROPEZ, por cada tres días de inactividad se dejan de producir alrededor de 20 toneladas de langostino, equivalentes a unos US$144.000.

La empresa aseguró además que cada tripulante deja de percibir un salario bruto promedio de $1.563.659, mientras que cada trabajador de planta pierde aproximadamente $97.328 por cada jornada afectada.

La denuncia define lo ocurrido como una “sucesión objetiva de actos y omisiones” que mantuvo vigente una medida extraordinariamente gravosa cuando, según la compañía, el crédito se encontraba suficientemente garantizado y los perjuicios económicos y laborales eran previsibles y podían evitarse.

Con la presentación formalizada, será ahora el Consejo de la Magistratura de Chubut el encargado de analizar la actuación de Testino y determinar si existen elementos para avanzar con una investigación y una eventual remisión al Tribunal de Enjuiciamiento. Porque quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia también deben responder por la legalidad y las consecuencias de sus decisiones.

El secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, mantuvo el viernes una reunión con representantes de la flota amarilla de Caleta Paula, a quienes presentó una serie de iniciativas vinculadas con el ordenamiento pesquero dentro del Golfo San Jorge.

Aunque el funcionario se había mostrado esperanzado en que las propuestas pudieran prosperar, los planteos no encontraron respaldo entre los integrantes de la flota menor. Por el contrario, referentes del sector se comunicaron con Mar&Pesca para señalar que la mayoría de los puntos fueron rechazados de plano.

Uno de los principales cruces estuvo relacionado con una eventual modificación de la zona B del Golfo San Jorge y la posibilidad de establecer un esquema de libre tránsito para embarcaciones de Chubut y Santa Cruz. Los representantes de Caleta Paula descartaron esa alternativa y remarcaron la necesidad de preservar un sector que consideran fundamental para la reproducción y el desarrollo de distintas especies.

“El Golfo es un criadero de todas las especies, no solamente de langostino”, sostuvieron. En ese sentido, también rechazaron la propuesta atribuida a Klimenko de limitar el ingreso a barcos con una capacidad máxima de 3.000 cajones.

Desde la flota amarilla consideraron que ese volumen continúa siendo excesivo y solicitaron que no se autorice el ingreso de embarcaciones con cargas superiores a los 1.500 cajones. “Con 3.000 cajones no se cuida nada”, advirtieron.

Los pequeños armadores también cuestionaron la posibilidad de operar en aguas de Chubut durante apenas dos meses al año. Explicaron que sus embarcaciones realizan mareas cortas, con salida y regreso en el mismo día, por lo que ese esquema no resultaría operativo ni representaría una solución concreta para el sector.

Otro de los puntos observados fue el manejo de las áreas destinadas a la pesca de centolla y los cambios que se impulsan sobre la delimitación de las zonas dentro del Golfo. Los referentes señalaron que cualquier modificación debería contemplar la historia, la dinámica de trabajo y las características particulares de la flota de Caleta Paula.

“La agenda del secretario de Pesca está totalmente en contramano de los actores del puerto”, expresaron desde el sector. Además, cuestionaron que Klimenko no conocería en profundidad el lugar ni la historia de la flota santacruceña.

“Nosotros queremos ir para un lado y él quiere ir para otro. Evidentemente, no está defendiendo los intereses de quienes somos originarios del Golfo”, manifestaron. Incluso advirtieron que algunas de las decisiones impulsadas despiertan sospechas dentro del sector por considerar que podrían estar direccionadas a beneficiar intereses ajenos a la flota de Caleta Paula.

La reunión, que desde la Secretaría de Pesca se proyectaba como una instancia para acercar posiciones, terminó profundizando las diferencias con uno de los sectores que viene reclamando mayor protección para los barcos locales y reglas que prioricen la actividad pesquera dentro de las aguas jurisdiccionales del golfo San Jorge.

Sobre el cierre de temporada, la provincia de Santa Cruz cierra la zafra 2026 con un desembarco de 12.000 toneladas en Puerto Deseado, superando los registros de 2023 y 2025, mientras inicia la transición operativa hacia la temporada de merluza y pruebas de sardina.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, confirmó en diálogo con LU12 AM680 que el volumen alcanzado consolida la actividad registrada en 2024. Ante la aparición de juveniles de merluza, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso el cierre de las subáreas 7 y 15. "Se decidió el cierre de algunas subáreas de langostino que están aquí en la región de la provincia de Santa Cruz", explicó el funcionario, quien destacó que la medida responde a un manejo responsable del recurso bajo sugerencia del INIDEP.

Klimenko desestimó impactos negativos en el ecosistema, asegurando que el monitoreo es constante: "El INIDEP en todas las áreas que están abiertas está monitoreando día a día con observadores a bordo de cada uno de los buques". Según el secretario, esta gestión articulada permite cuidar el recurso sin detener la operatividad de la flota, que continúa trabajando en las zonas habilitadas.

Perspectivas para Caleta Paula y San Julián

La estrategia provincial incluye un convenio clave con Chubut que garantiza 7.650 toneladas de merluza para el puerto de Caleta Paula, asegurando empleo hasta fin de año.

"Firmamos un convenio con Chubut donde nosotros le entregamos un resabio de langostino social y los canjeamos por 7.650 toneladas de merluza", detalló Klimenko sobre la articulación regional.

En paralelo, Puerto San Julián se prepara para la pesca experimental de sardina con cuatro permisos otorgados por el Consejo Federal Pesquero. "Estamos muy entusiasmados, sobre todo también la gente del INIDEP por cómo está la biomasa en toda esa zona", concluyó el funcionario, quien también adelantó el inicio de la pesca artesanal de salmón chinook en Piedra Buena para las próximas semanas. (Fuente: Gacetilla de prensa de la provincia de Santa Cruz)

La temporada de langostino suma dos nuevos cierres en momentos en que la pesquería transita sus últimos días. La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso el cierre de las subáreas 7 y 15 dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), luego de que los últimos datos técnicos encendieran la alarma por el nivel de captura incidental de merluza.

La medida comenzará a regir este lunes 31 de agosto a partir de las 00:00 y fue adoptada en función de un informe remitido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Según surge de la comunicación oficial, en ambas subáreas se registraron valores de la relación Merluza/Langostino (M/L) superiores a 0,20, límite establecido por la Resolución del Consejo Federal Pesquero N° 9/2022. A esto se sumó una elevada proporción de ejemplares juveniles de merluza presentes en las capturas.

La decisión obliga a los buques que todavía se encuentran operando en las subáreas 7 y 15 a cesar la pesca dirigida al langostino y replegarse de ambos sectores. Las zonas permanecerán inhabilitadas para la pesca comercial hasta que se disponga lo contrario.

El cierre de ambas subáreas se produce sobre el tramo final de una temporada que en las últimas jornadas mostró una fuerte dispersión de la flota, con barcos buscando concentraciones de langostino tanto dentro de las áreas habilitadas como fuera de la zona de veda.

La situación de la subárea 7 ya venía generando preocupación por el incremento de merluza en las redes tangoneras, lo que había llevado a varias embarcaciones a desplazarse hacia otros sectores.

Ahora el informe técnico del INIDEP terminó por definir el cierre, mientras la pesquería entra prácticamente en tiempo de descuento y resta conocer cuándo se dispondrá el cierre definitivo de la temporada de langostino en aguas nacionales.

La jueza subrogante de Trelew María Victoria Tapia, firmó finalmente el oficio requerido para destrabar el levantamiento del embargo y la interdicción que pesaban sobre el buque de Conarpesa “J. Barreiro”, permitiendo avanzar con su liberación y poner fin a la paralización del barco.

La medida ya había sido adoptada por la Justicia local pero no se efectivizaba porque la jueza actuante en primera instancia, Dra. Amorina Úrsula Testino, que se excusó de continuar actuando en la causa, se fue sin firmar el escrito.

Conarpesa había solicitado que el oficio se firmara sin dilación por el grave perjuicio ocasionado a los intereses económicos de la empresa y a los trabajadores de la firma. Según se cuantificó oportunamente, cada tripulante dejó de percibir un salario bruto promedio de $1.563.659, mientras que cada trabajador de planta dejó de cobrar $97.328 por cada jornada afectada.

La Dra. Tapia firmó el oficio, a pesar de que la excusación solicitada por Testino aún no fue resuelta, debido a que los jueces subrogantes designados por la Cámara de Apelaciones consideran que la magistrada debe seguir al frente de la causa.

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, valoró la decisión de la Dra. Tapia y agradeció su intervención en el caso. “Le agradezco en nombre de la empresa y de mis trabajadores por actuar con sensibilidad social y por comprender que se le estaba haciendo un daño muy grande a la gente” indicó el empresario y agregó que “tuvo en cuenta que detrás de una cuestión administrativa había trabajadores implicados y tomó una decisión que evitó que la medida judicial siguiera profundizando la angustia de muchas familias”.

El líder empresarial marcó una clara diferencia entre la actuación de la jueza Testino, que “actuó con evidente mala leche y dejó a los trabajadores a la deriva” y la magistrada subrogante que atendió las consecuencias laborales y económicas que implicaba mantener el buque parado.

Para el titular de Conarpesa, la diferencia entre ambas actuaciones fue abismal porque “mientras Testino mostró cero sensibilidad frente al daño provocado a los trabajadores, sus familias y las comunidades pesqueras, la Dra. Tapia contempló que la Justicia también debe considerar el impacto social de sus resoluciones y no quedar concentrada en una disputa personal con la compañía”.

Álvarez Castellano recordó que “la jueza Testino tendrá que explicar ante el Consejo de la Magistratura porque razón tuvo secuestrado a un barco durante 18 días estando el dinero depositado”.

Cuando la temporada de langostino transita sus últimos días y todas las miradas están puestas en el cierre de la pesquería, el Destiny dio el batacazo: pescó 34,5 toneladas en una sola jornada y estableció un nuevo récord para la flota.

El congelador tangonero de Whancese Argentina dejó atrás así la marca de 33 toneladas del José Américo, que hasta ahora encabezaba los mejores registros diarios de la temporada.

Según pudo conocer Mar&Pesca, el Destiny se habría topado con una importante mancha de langostino mientras operaba fuera de la zona de veda, al norte del paralelo 41°, con predominio de ejemplares de tallas L1 y L2.

El registro cobra todavía mayor dimensión por el momento en que se produce. La temporada está prácticamente en tiempo de descuento y durante los últimos días varios buques comenzaron a desplazarse fuera de la zona de veda buscando mejores rendimientos.

El Destiny tiene una capacidad de bodega de 189 toneladas, navega con 36 tripulantes y se encuentra realizando su octava marea de la temporada.

Las 34,5 toneladas alcanzadas en una jornada pusieron al Destiny al frente de los registros de la flota justo cuando la temporada comienza a bajar el telón.

La comunidad pesquera de Caleta Paula expresó públicamente su respaldo a la cesión del buque Liliana a la Fundación Flota Amarilla y destacó la decisión del Gobierno provincial de darle a la embarcación un destino social.

A través de una nota dirigida al gobernador Claudio Vidal, la ministra de la Producción, Nadia Ricci, y el secretario de Pesca, Sergio Climenco, trabajadores y referentes de los distintos sectores que integran la actividad portuaria manifestaron su satisfacción por la medida.

La presentación reúne a marineros, estibadores, capitanes, maquinistas, trabajadores de plantas de procesamiento y cooperativas, empresarios, entidades sindicales, talleres navales y proveedores locales.

En el documento recordaron que, durante una de sus primeras visitas a Caleta Paula, Vidal había anunciado que el Liliana, recuperado por la Provincia, sería puesto “al servicio de los que menos tienen”.

“Hoy nos corresponde decirle: felicitaciones, señor Gobernador, ha cumplido su compromiso con el pueblo”, expresaron.

El destino elegido para el barco es la Fundación Flota Amarilla, una entidad que desarrolla una importante tarea social en Caleta Olivia, donde brinda asistencia alimentaria a más de 300 personas y lleva adelante talleres y actividades destinadas a distintos sectores de la comunidad.

La organización cuenta además con un comedor que funciona bajo la modalidad de restaurante, donde las personas son atendidas en las mesas, una característica que los propios firmantes destacaron por el trato y la dignidad con que se brinda la asistencia.

El Liliana tiene una historia estrechamente vinculada a Caleta Paula y fue uno de los buques que formaron parte de los comienzos del puerto. Luego de permanecer alrededor de un año y medio fuera de actividad y tras ser reparado, su puesta nuevamente en marcha permitirá que vuelva a producir, esta vez ligado directamente a una finalidad social.

La comunidad pesquera señaló que aún restan resolver algunos aspectos técnicos y contractuales para completar el proceso, aunque confió en que podrán ser definidos a la brevedad.

Finalmente, los firmantes invitaron al gobernador a regresar a Caleta Paula, recorrer la Fundación Flota Amarilla y mantener una reunión de trabajo con los distintos actores del puerto.

La intención es mostrar de primera mano la tarea que desarrolla la entidad y, al mismo tiempo, abrir un espacio de diálogo sobre la realidad y las necesidades de una actividad que resulta central para Caleta Olivia.

Después de permanecer inactivo durante un año y medio, el buque pesquero Liliana volverá a ponerse en marcha. La Provincia de Santa Cruz, a través de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, cederá su uso por doce meses a la Fundación Flota Amarilla Solidaria de Caleta Olivia.

La embarcación, matrícula 0206-F, fue sometida a reparaciones, pero desde entonces no había regresado a la actividad. Su incorporación a la Fundación representa una oportunidad concreta para recuperar el barco y convertirlo en una herramienta destinada a sostener programas de asistencia comunitaria.

De esta manera comenzará a hacerse realidad el fin social que el gobernador Claudio Vidal había anunciado para el Liliana. El buque será utilizado exclusivamente para actividades pesqueras y parte de lo obtenido contribuirá al trabajo que la organización desarrolla con sectores vulnerables de Caleta Olivia.

El acuerdo contempla un permiso de uso precario, intransferible y revocable. La Fundación, presidida por Javier Maldonado, tendrá a su cargo la operación del barco, el mantenimiento ordinario, la contratación de la tripulación y el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad.

También deberá obtener las habilitaciones correspondientes y contratar los seguros necesarios, incluido uno de caución que garantice la conservación y posterior restitución de la embarcación.

Como contraprestación, la Fundación entregará semanalmente a Santa Cruz Puede 300 cajones de merluza hubbsi, con un peso mínimo de 30 kilos cada uno, equivalentes a unas nueve toneladas. Esta obligación regirá durante los meses en que el barco opere en Caleta Olivia y quedará suspendida durante la parada por razones biológicas, prevista generalmente entre agosto y enero.

La Fundación Flota Amarilla sostiene un Restaurante Solidario que brinda asistencia alimentaria de lunes a jueves y cuenta con una modalidad itinerante para llegar directamente a los barrios. Además, ofrece más de 14 talleres gratuitos de capacitación, entre ellos panadería, costura, carpintería, sublimación y colocación de placas de yeso.

La organización también desarrolla espacios de acompañamiento para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Sus actividades se concentran en distintos sectores de Caleta Olivia, entre ellos el barrio Miramar y la sede ubicada en la esquina de Virgen del Valle y Presidente Perón.

La vuelta a la actividad del Liliana permitirá recuperar un buque que llevaba un año y medio detenido y, al mismo tiempo, darle por primera vez el destino social anunciado por el Gobierno provincial.