La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió extender, sin fijar una fecha de vencimiento, los mandatos de las actuales autoridades del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), una decisión que tiene efecto retroactivo al 9 de mayo y que permanecerá vigente hasta que la Justicia dicte un fallo definitivo sobre el conflicto electoral que atraviesa la organización.

Con esta resolución, la conducción nacional liderada por Raúl Durdos continuará al frente del gremio, al igual que las autoridades de las distintas regionales, entre ellas la de Puerto Madryn, encabezada por César Zapata.

La decisión judicial busca garantizar la continuidad institucional del sindicato mientras permanece sin resolución el expediente que derivó en la suspensión de las elecciones, un proceso que lleva alrededor de seis meses sin definiciones.

A diferencia de las prórrogas anteriores, que establecían un plazo determinado, esta nueva resolución no fija una fecha límite. En consecuencia, la actual conducción permanecerá en funciones hasta que exista una sentencia firme, lo que podría extender la situación durante un período prolongado.

En el mismo fallo, la Cámara rechazó los planteos presentados por los dirigentes opositores Gonzalo Soto y Juan Fuentes, quienes impulsaban medidas vinculadas al proceso judicial. Según la interpretación del tribunal, mantener a las autoridades vigentes resulta la alternativa más adecuada para preservar el funcionamiento institucional del sindicato mientras se resuelve el litigio.

Tras conocerse la resolución, la conducción del SOMU difundió un comunicado en el que calificó la decisión como un respaldo a la legalidad y a la continuidad institucional del gremio. No obstante, el proceso electoral continúa sin fecha de reanudación y los afiliados siguen a la espera de una definición judicial que permita normalizar la vida interna de la organización.

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera autorizó una nueva prospección de langostino (Pleoticus muelleri) en las subáreas 11 y 12 del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), que se desarrollará durante cuatro días efectivos de pesca a partir del 29 de junio.

Según la resolución remitida a la Prefectura Naval Argentina, las embarcaciones podrán ingresar al área el 29 de junio a las 00:00 para realizar las tareas de búsqueda, mientras que las operaciones de pesca comenzarán a las 7:00.

La campaña se desarrollará bajo los lineamientos técnicos establecidos por el INIDEP y contará con observadores científicos embarcados, quienes deberán informar diariamente las capturas de langostino y merluza, las especies acompañantes, los muestreos biológicos y los datos de cada lance.

Los buques seleccionados para la subárea 11 son API VI, Arbumasa XIX, Destiny y José Américo, mientras que en la subárea 12 participarán Atlántico I, Mar Esmeralda, Juan Álvarez y Argenova XXIV.

La resolución establece además que las embarcaciones deberán contar con autonomía suficiente para completar la campaña y disponer de un sistema de correo electrónico operativo a bordo, con el fin de que los observadores puedan remitir en tiempo real la información recopilada al INIDEP.

Finalmente, se indica que una eventual apertura a la pesca comercial quedará supeditada a que al menos dos subáreas prospectadas arrojen resultados positivos, con el objetivo de evitar una excesiva concentración del esfuerzo pesquero sobre un único sector.

El proceso de cuotificación del langostino comenzó a sumar sus primeras controversias dentro del Consejo Federal Pesquero (CFP). Durante la reunión plasmada en el Acta N.º 18/2026, la representación de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la circulación de versiones sobre un supuesto reparto de cuotas entre empresas cuando el organismo todavía no inició el debate formal sobre el tema.

La discusión se originó tras el ingreso de una nota presentada por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UdIPA), entidades que trasladaron al Consejo el planteo realizado por un numeroso grupo de empresas armadoras fresqueras respecto del proceso de cuotificación de la especie.

Al analizar la presentación, la representación bonaerense sostuvo que existen indicios de que actores ajenos a la administración pesquera y al propio Consejo Federal Pesquero estarían difundiendo información e incluso anticipando qué porción de la Captura Máxima Permisible (CMP), a través de futuras Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), correspondería a distintas empresas.

La preocupación radica en que, según consta en el acta, el Consejo Federal Pesquero todavía no comenzó a discutir ningún proyecto concreto de cuotificación. El único antecedente es el anuncio realizado por el subsecretario de Pesca durante el Acta N.º 13/2026, cuando informó el inicio del proceso previo a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Langostino.

Frente a ese escenario, Buenos Aires rechazó este tipo de prácticas y solicitó que cualquier discusión sobre una eventual cuotificación se lleve adelante exclusivamente en el ámbito del Consejo Federal Pesquero, con participación de todas las representaciones y sobre la base de la información técnica disponible.

Asimismo, la provincia sostuvo que antes de analizar un eventual reparto de cuotas corresponde debatir un aspecto de fondo: si efectivamente resulta conveniente implementar un régimen de cuotificación para la pesquería de langostino, una de las actividades más relevantes del país por su impacto en el empleo, la producción y las exportaciones.

El planteo dejó expuesta la creciente tensión que comienza a rodear el proceso de cuotificación. Aunque el debate formal aún no comenzó, la denuncia de la representación bonaerense evidencia que la discusión ya genera fuertes suspicacias dentro del sector pesquero y del propio Consejo Federal Pesquero.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) contra la Resolución N° 6/2026, que habilita la convocatoria para la incorporación de nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus).

La decisión fue adoptada por mayoría durante la última sesión del organismo. El CFP consideró que el sindicato carece de legitimación para impugnar una resolución vinculada a la política pesquera nacional, al entender que la medida no afecta de manera directa los derechos laborales de los trabajadores que representa.

El conflicto se originó luego de que el Consejo aprobara la convocatoria para presentar proyectos destinados a incorporar entre 15 y 20 nuevos buques poteros a la matrícula nacional. La iniciativa fue impulsada por la Autoridad de Aplicación sobre la base de un informe técnico elaborado por el INIDEP.

Según el instituto científico, la incorporación de nuevas unidades permitiría incrementar el aprovechamiento del recurso dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina antes de que los distintos stocks migratorios abandonen aguas nacionales y sean capturados por flotas extranjeras.

El informe señala que durante la temporada 2026 operaron 84 buques poteros argentinos, mientras que fuera de la jurisdicción nacional fueron detectados 338 poteros extranjeros, además de 146 buques arrastreros que también capturan calamar. A ello se suman otros 105 poteros que operan en torno a las Islas Malvinas bajo licencias otorgadas por el gobierno isleño.

Para el INIDEP, el aumento moderado de la capacidad de captura nacional no representa un riesgo para la sustentabilidad de la pesquería debido a las características biológicas del calamar, una especie de ciclo anual cuya administración cuenta con mecanismos que garantizan tasas de escape suficientes para asegurar el reclutamiento de las futuras poblaciones.

Los argumentos del sindicato

En su presentación, SICONARA solicitó la suspensión de la resolución y reclamó participar en el proceso de evaluación de los proyectos mediante la designación de veedores. También pidió que la ampliación de la flota se fundamente en estudios específicos para cada uno de los cuatro stocks de calamar presentes en el Mar Argentino y que se incorporen criterios vinculados al cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas interesadas.

El gremio sostuvo que el crecimiento del sector debe apoyarse en políticas sustentables, evidencia científica sólida, transparencia y respeto por los derechos laborales. Además, argumentó que el nivel de capturas depende de la biología del recurso y no exclusivamente de la cantidad de embarcaciones autorizadas.

El rechazo del CFP

Al analizar la presentación, el Consejo resolvió darle tratamiento como un recurso de reconsideración, pero concluyó que el sindicato no acreditó un interés legítimo suficiente para cuestionar una decisión de política pesquera.

En ese sentido, el organismo sostuvo que la resolución impugnada constituye una medida de administración y fomento de la actividad pesquera basada en informes técnicos del INIDEP y que, lejos de afectar derechos laborales, persigue como uno de sus objetivos ampliar la actividad y generar nuevos puestos de trabajo. Por ese motivo, el CFP rechazó el recurso y ratificó la plena vigencia de la Resolución N° 6/2026.

Buenos Aires mantuvo sus reparos

La única voz disidente volvió a ser la representación de la Provincia de Buenos Aires, que si bien se abstuvo en la votación del recurso, reiteró sus cuestionamientos de fondo respecto de la incorporación de nuevos poteros.

La provincia sostuvo que aún no existe respaldo científico suficiente para determinar el impacto que un aumento del esfuerzo pesquero podría tener sobre cada uno de los cuatro stocks de calamar presentes en la Zona Económica Exclusiva argentina, postura que ya había expuesto al impugnar originalmente la Resolución N° 6/2026.

Con una asistencia estimada de más de 1.500 profesionales y ejecutivos del sector, y con más de 80 empresas expositoras, la FIP 2026 se posiciona como el epicentro de negocios y actualización marítima del año en Argentina.

Impulsada por la Fundación Desarrollo Portuario Argentino, la FIP 2026 nace como la primera plataforma estratégica diseñada para conectar la infraestructura portuaria con las cadenas de valor que sostienen las exportaciones de la región: logística, desarrollo energético, industria naval, pesca, innovación tecnológica y recursos humanos. 

Un debate global con hoja de ruta nacional

El encuentro contará con un fuerte respaldo institucional e internacional. Entre sus principales hechos académicos, la feria incorporará el debate global promovido por la "Blue Ports Initiative" de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este marco, delegados y referentes del organismo internacional presentarán el diagnóstico técnico nacional y la hoja de ruta estratégica para la implementación del enfoque de sostenibilidad en los puertos del país. Asimismo, la Secretaría de Pesca de la Nación acompaña el evento como contraparte clave para la vinculación de la política pública con los mercados globales.

Infraestructura y Energía en la agenda del Atlántico Sur

La agenda de contenidos abordará los desafíos más urgentes y actuales de la industria, destacando el rol logístico de los puertos frente a la explotación de recursos en el Atlántico Sur y la conectividad necesaria para multiplicar la producción de hidrocarburos, agro y minerales. Del mismo modo, paneles dedicados a la industria naval enfocarán la discusión en la modernización de flotas, automatización operativa y la aplicación de Inteligencia Artificial en la trazabilidad de cargas

A diferencia de los congresos tradicionales, la organización destacó que la FIP 2026 "lleva el mercado al puerto y transforma el territorio en contenido”. Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a las conferencias comerciales, espacios de networking de alto nivel –como la exclusiva "Mesa del Atlántico" para CEOs y tomadores de decisiones– y una agenda cultural abierta. La tercera jornada constará de circuitos técnicos guiados directamente en el territorio portuario, recorriendo astilleros activos, muelles pesqueros y terminales logísticas.

Con una asistencia estimada de más de 1.500 profesionales y ejecutivos del sector, y con más de 80 empresas expositoras en el Salón Héctor Gaudio, la FIP 2026 se posiciona como el epicentro de negocios y actualización marítima del año.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) requisó este martes un buque pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y encontró más de 300 gramos de estupefacientes y una importante cantidad de bebidas alcohólicas.

Previo al ingreso, la Autoridad Marítima nacional había recepcionado una orden de requisa al buque “Centauro 2000”, así como también a su tripulación, ordenada por el Juzgado Federal de Garantías de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, con intervención de la Unidad Fiscal, cuyo titular es el Dr. Santiago Eyherabide, y la Auxiliar Fiscal Dra. María Victoria Piro, a los efectos de constatar la existencia de sustancias y proceder a su posterior secuestro.

Cabe destacar que la causa que originó la requisa se formó a raíz de una denuncia anónima a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, que derivó en una investigación asignada a la Fuerza, la que mantuvo un permanente monitoreo del buque durante sus maniobras de pesca hasta que finalmente ingresó y amarró en la sección 11° del espigón 2 del puerto local, con 17 tripulantes a bordo.

Durante la inspección de la embarcación, que contó con la participación de un perro entrenado para la detección de estupefacientes, se hallaron unos 331 gramos de marihuana en distintos sectores del buque, como camarotes y otros espacios comunes, además de dos picadores y elementos para el armado de cigarrillos artesanales.

Asimismo, en el interior del buque se encontró una importante cantidad de bebidas alcohólicas, infringiendo al ordenamiento en materia de Gestión de la Seguridad de la Navegación.

El total de lo incautado asciende a casi cuatro millones de pesos.

Fue en este marco que la totalidad de la tripulación, integrada por hombres argentinos y mayores de edad, fue notificada de la formación de una causa en su contra por tenencia simple de estupefacientes.

En tanto, los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Prefectura en Mar del Plata, quedando a disposición de la Fiscalía Federal interviniente, permaneciendo el buque en el sitio de amarre hasta tanto regularice su situación en cuanto a la seguridad de la navegación.

Con el objetivo de diseñar indicadores socio-laborales enfocados en la cadena de valor de la pesca en Chubut, la investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), María Soledad Schulze, se convirtió en la primera investigadora en suscribir a la modalidad de trabajo en empresa, a partir de un convenio realizado entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

La firma del mismo tuvo lugar en el Cenpat de Puerto Madryn y fue suscripto por la propia investigadora, su director Gonzalo Pérez Álvarez y el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente.

De esta forma, Schulze se incorpora a la Cámara mediante la modalidad Investigadora en Empresa y será la encargada de llevar adelante el proyecto denominado “La actividad pesquera industrial en Argentina. Diagnósticos socio-laborales con foco en la cadena del langostino en Chubut (2006–2027)”. “Mis líneas de investigación y mi ingreso a la Carrera del Investigador de CONICET están estrechamente vinculados a las transformaciones en las dinámicas y condiciones laborales del sector pesquero a partir del auge del langostino en 2006. Este fenómeno generó cambios territoriales significativos entre las provincias de Buenos Aires y Chubut, procesos que nos encargamos de registrar. El objetivo actual es avanzar hacia el diseño de indicadores específicos, como los niveles educativos alcanzados por los trabajadores del sector, tanto en plantas de procesamiento como los marineros. En este sentido, la articulación con CAPIP nos permite proyectar una investigación-acción: contamos con datos concretos, diagnósticos y las estrategias metodológicas para el trabajo de campo, y ahora el desafío es co-diseñar soluciones efectivas a las problemáticas identificadas”, agrega la investigadora, que en sus tiempos de becaria estuvo asociada al Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH-CONICET).

Expectativas

Schulze es directora del Grupo de Estudios de Pesquerías del Litoral Atlántico (GEPLA) de la UNPSJB desde el 2019 e impulsora del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA). Desde allí que ella a venía desarrollando actividades de investigación en vinculación con la CAPIP: “Hace un tiempo comenzamos a evaluar la posibilidad de establecer un convenio institucional entre el CONICET y la Cámara. En ese proceso, identificamos la existencia de un formato de convenio para empresas que, por lo general, suele implementarse en disciplinas tradicionales como la física, la química o la biología, y no tanto desde las ciencias sociales. A partir de allí, iniciamos el circuito administrativo interno para solicitar la incorporación de profesionales de las ciencias sociales a este tipo de acuerdos. Tras un año de gestiones, logramos que se aceptara esta modalidad para trabajar de manera conjunta en el marco de la CAPIP”, cuenta la investigadora del CONICET.

Por su parte, el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente, expresó: “Para nosotros esto representa, en primera instancia, una responsabilidad empresarial que forma parte de nuestra visión institucional, pero también la oportunidad de concretar acciones y marcar un camino a seguir. Tenemos muy claro que el camino es la asociatividad y la construcción de una mirada superadora basada en datos, relevamientos y todas las herramientas que aporta la investigación científica. El objetivo es la mejora continua y estamos convencidos de que eso solo se logra trabajando conjuntamente”. (Fuente: CONICET)

Cuando muchos en el sector creían que se había alejado de la actividad pesquera, Marcelo Figueroa volvió a aparecer. El empresario chileno, que durante años estuvo al frente de Fyrsa en Rawson, desembarcó en Puerto Deseado con la intención de participar de nuevos emprendimientos ligados a la pesca y, según trascendió, con expectativas puestas en el futuro régimen de cuotificación de merluza que impulsa la provincia de Santa Cruz.

Su nombre sigue asociado a una de las crisis empresariales más recordadas de la industria pesquera chubutense. El cierre de Fyrsa dejó a cientos de trabajadores sin empleo y una importante cantidad de acreedores reclamando pagos pendientes. Durante aquel proceso, ex empleados denunciaron maniobras destinadas a retirar materia prima de la planta en medio de conflictos salariales y presuntos aprietes.

Fuentes confiables que pidieron reserva confiaron que Figueroa envalentonado por la posibilidad “de hacer plata fácil en un territorio sin control” comenzó a mantener contactos en Puerto Deseado a través de la empresa Vieira Argentina Incluso se habría aprovechado de la buena fe de algún directivo y habría impulsado una convocatoria para capacitar personal con el objetivo de formar fileteros. Sin embargo, la iniciativa terminó frustrándose luego de que surgieran cuestionamientos respecto de la modalidad propuesta y las condiciones en las que se desarrollaría la capacitación.

Las fuentes confirmaron además que el empresario habría prometido gestionar embarcaciones para fortalecer proyectos pesqueros vinculados a la eventual distribución de cuotas de merluza pero hasta el momento todo habría caído en saco roto.

Su regreso a la actividad no pasó desapercibido. Según pudo saber Mar&Pesca, un grupo de proveedores que reclama pagos pendientes por el cierre de Fyrsa estaría analizando viajar a Puerto Deseado para reunirse con el empresario y exigir una solución a las deudas que aseguran aún permanecen impagas.

"Si consiguió trabajo y está detrás de nuevos proyectos, que nos pague lo que nos debe", expresó uno de los acreedores consultados por este medio, reflejando el malestar que todavía persiste entre quienes quedaron afectados por el cierre de la empresa en Chubut.

Fernando Álvarez Castellano dejó sin efecto la decisión de congelar inversiones en Santa Cruz y aseguró que Conarpesa continuará desarrollando proyectos en la provincia. El cambio de postura se produjo luego de una reunión mantenida la semana pasada en Buenos Aires con autoridades santacruceñas, donde se abordó la controversia generada tras la votación en el Consejo Federal Pesquero sobre el procesamiento de colas de langostino a bordo.

"Para mí fue un error de cálculo. No creo que la gente tenga que padecer los errores de cálculo de los dirigentes empresariales o sindicales", sostuvo el presidente de Conarpesa, quien admitió que reaccionó con dureza tras el voto negativo del representante provincial Sergio Klimenko.

A partir de ese encuentro, el empresario confirmó que la compañía mantendrá su presencia en Santa Cruz e incluso avanzará con nuevos proyectos. Entre ellos, mencionó la posibilidad de volver a poner en marcha la planta de Puerto San Julián y aumentar la actividad de la empresa en distintos puertos de la provincia.

En otro tramo de sus declaraciones, Álvarez Castellano sugirió que detrás de la polémica por el procesamiento de colas existen intereses empresariales contrapuestos. Sin identificar a ninguna firma en particular, señaló que en Santa Cruz opera una empresa que no cuenta con flota tangoneros congeladores y que vería afectada su posición frente a una mayor rentabilidad de los buques que realizan procesamiento a bordo.

Según explicó, algunas compañías vinculadas exclusivamente al procesamiento en tierra consideran que una mejora en la ecuación económica de los armadores podría perjudicar sus propios intereses. "Hay empresas que tienen cajoneros, pero no tienen barcos congeladores o tienen muy pocos. Entonces no les interesa que quienes tenemos flota podamos mejorar nuestra cuenta de explotación", afirmó.

El empresario también aclaró que la propuesta para ampliar el porcentaje de colas procesadas a bordo no fue impulsada únicamente por Conarpesa, sino que cuenta con el respaldo de otras empresas del sector que buscan mejorar la competitividad de la actividad.

Además, confirmó que dos buques fresqueros de la firma serán destinados a la pesca de langostino en aguas nacionales próximas a Santa Cruz, con descargas previstas en Caleta Olivia para su posterior procesamiento en tierra.

"Fue un exabrupto de un día", reconoció al referirse a sus anteriores declaraciones sobre una eventual retirada de la provincia. "No me gusta perjudicar a la gente por diferencias que puedan existir dentro de la actividad."

Finalmente, sostuvo que existen condiciones para seguir creciendo en Santa Cruz y adelantó que insistirá ante sus socios para profundizar las inversiones en la provincia. "Voy a presionar a mis socios para seguir creciendo en Santa Cruz", concluyó.

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, fijó su posición frente a la posible implementación de un régimen de cuotificación para la pesquería de langostino en aguas de jurisdicción nacional, reclamando el reconocimiento del esfuerzo de conservación realizado por la provincia y la asignación de una cuota social de 50.000 toneladas administrada por Santa Cruz.

Acompañar la cuotificación, con reglas claras y federalismo

La provincia considera que la cuotificación del langostino puede constituir una herramienta positiva para el ordenamiento de la actividad, siempre que aporte previsibilidad, reglas claras y criterios objetivos para la administración del recurso. En ese sentido, Santa Cruz sostiene que la construcción del régimen debe desarrollarse mediante un proceso participativo, transparente y verdaderamente federal, con intervención de las provincias, las cámaras empresarias, los trabajadores y los organismos técnicos y científicos.

El posicionamiento provincial plantea que la administración del recurso debe equilibrar la sustentabilidad biológica, el desarrollo económico y la generación de empleo, reconociendo el aporte estratégico tanto de la flota congeladora como de la flota fresquera, y fortaleciendo la industrialización y el desarrollo territorial.

Criterios de asignación más allá del historial de captura

Santa Cruz sostiene que la asignación de cuotas no debe sustentarse exclusivamente en los antecedentes históricos de captura, sino también en la conservación del recurso, la generación de empleo, el procesamiento industrial, las inversiones, el desarrollo regional, el arraigo territorial y el cumplimiento normativo.

El aporte de Santa Cruz a la conservación del recurso

El eje central del planteo provincial es el esfuerzo sostenido durante ocho años con el cierre del Golfo San Jorge para la pesca del langostino. Ese esfuerzo permitió proteger una de las principales áreas de reproducción y cría de la especie, beneficiando a toda la pesquería nacional. Por ello, la provincia considera que dicho aporte debe ser reconocido expresamente dentro del futuro régimen.(Gacetilla de prensa del Ministerio de la Producción)

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la implementación de un nuevo Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común, una herramienta con la que busca modificar de manera sustancial la forma en que se distribuye la porción del recurso pesquero asignada a la provincia.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, contempla la distribución del 90% de la masa cuotificable provincial, mientras que el 10% restante quedará integrado a una Reserva Administrativa Provincial destinada a atender necesidades estratégicas de la política pesquera santacruceña.

La ministra Nadia Ricci defendió la medida y sostuvo que se trata de un “reordenamiento profundo” en la administración del recurso.

“Pasamos de un esquema sin reglas claras a un sistema con criterios objetivos, transparentes y verificables, que premia a quien genera empleo, procesa en la provincia e invierte”, afirmó la funcionaria.

Según se informó, la asignación de las cuotas se realizará mediante una evaluación técnico-productiva que tendrá en cuenta variables como el empleo registrado, el historial de descargas y procesamiento en puertos santacruceños, la capacidad industrial instalada, las inversiones acreditadas, la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y pesqueras.

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema será la implementación de un sistema obligatorio de trazabilidad, que permitirá seguir el recorrido de la materia prima desde la captura hasta su procesamiento y comercialización, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

El régimen tendrá una vigencia de diez años, aunque contará con revisiones técnicas anuales. Desde la cartera productiva remarcaron además que las cuotas no constituyen derechos de propiedad sobre el recurso, sino autorizaciones administrativas de uso otorgadas en función del interés público, por lo que no podrán ser transferidas ni comercializadas.

Ricci insistió en que la merluza debe transformarse en una herramienta de desarrollo para la provincia. “La merluza es un recurso de todos los santacruceños y tiene que traducirse en más trabajo y más desarrollo para nuestra gente”, concluyó.

La firma Red Chamber confirmó que retiró las acciones judiciales que mantenía contra Profand y dio por concluido el conflicto que enfrentaba a ambas compañías.

La decisión fue comunicada oficialmente por la empresa, que indicó que la medida se adoptó luego de un proceso de diálogo y mediación que permitió alcanzar un entendimiento entre las partes. En ese contexto, Red Chamber consideró que el diferendo quedó completamente resuelto y destacó la voluntad de ambas compañías para encontrar una salida consensuada.

El desistimiento judicial marca un cambio significativo en una disputa que había despertado atención dentro de la industria pesquera, especialmente por las implicancias empresariales y comerciales que podía tener para la actividad en la Patagonia.

Desde la compañía señalaron además que esperan que el sector continúe desarrollándose en un marco de estabilidad y valoraron el proceso de negociación que permitió cerrar el conflicto sin necesidad de continuar en los tribunales.

La decisión se conoce en paralelo a los acuerdos alcanzados por Red Chamber en Chubut para normalizar la situación de los activos vinculados a la ex Alpesca, un capítulo que durante años estuvo atravesado por controversias judiciales, disputas empresariales y fuertes repercusiones políticas.

Con el retiro de la demanda, ambas compañías buscan dejar atrás un enfrentamiento que había escalado al ámbito judicial y que ahora queda formalmente concluido.

El buque palangrero Argenova XIV arribó al puerto de Puerto Deseado tras completar con éxito su primera marea de prueba, durante la cual capturó 47 toneladas de merluza negra.

La embarcación, perteneciente a la firma Argenova, había zarpado hace aproximadamente un mes para realizar una campaña de ajuste operativo al norte del paralelo 42, luego de atravesar un extenso proceso de reacondicionamiento y modernización integral.

Según había informado oportunamente Mar&Pesca, el proyecto contempló una profunda renovación del barco con el objetivo de reincorporarlo a la operatoria comercial de la compañía dentro de la pesquería de merluza negra. Los trabajos incluyeron el reemplazo del motor principal y de los equipos auxiliares, mejoras en la estabilidad, la modernización del puente de mando y la incorporación de nuevo equipamiento de pesca.

La puesta en valor del Argenova XIV también despertó interés en el ámbito científico, ya que se trata de una embarcación que podrá ser utilizada como plataforma para campañas de investigación vinculadas a la merluza negra y otras especies australes.

Por su parte desde la compañía pesquera apuntaron que la descarga de las 47 toneladas marcó el cierre de una marea clave para evaluar el rendimiento del buque tras su regreso a la actividad.

El Puerto de Caleta Paula obtuvo el aval de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre las obras ejecutadas en la terminal, un trámite impulsado por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) que permite dejar formalmente reconocida ante Nación la infraestructura desarrollada en el complejo portuario.

La certificación comprende las distintas etapas de construcción y ampliación realizadas en el puerto. Por un lado, incluye el recinto portuario principal, integrado por el Muelle Norte, el Espigón Norte, el varadero y el canal de acceso, infraestructura destinada a la operación de buques pesqueros y mercantes.

También abarca la ampliación ejecutada hacia el sector oeste, donde se construyó la extensión del Muelle Norte, un muelle de alistamiento, un elevador sincrónico para embarcaciones y obras de control litoral destinadas a mejorar la capacidad operativa de la terminal.

Según se informó, estas instalaciones permiten recibir embarcaciones de hasta 159 metros de eslora y 26.600 toneladas de desplazamiento, ampliando las posibilidades de operación para el puerto caletense.

El certificado emitido por la autoridad nacional establece además que las obras no generan interferencias sobre la navegación, el comercio marítimo ni el régimen hidráulico de la zona, otorgando seguridad jurídica y técnica para la utilización de la infraestructura.

Otro aspecto destacado del proceso es que Caleta Paula se convirtió en el primer puerto de Santa Cruz en obtener el Certificado de Aprobación de Inscripción en el Registro Nacional de Puertos, un requisito que fortalece su encuadre dentro del sistema portuario argentino.

Desde la administración portuaria señalaron que este reconocimiento permitirá consolidar el crecimiento de la terminal y avanzar en la incorporación de nuevas actividades vinculadas tanto a la pesca como al movimiento comercial y logístico.

La aprobación nacional representa un paso importante para el desarrollo del puerto, que busca incrementar su capacidad operativa y captar nuevas oportunidades de negocio en la región.

La iniciativa para cuotificar el 4,80% de la Captura Máxima Permisible (CMP) de merluza hubbsi asignada a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero comienza a generar fuertes cuestionamientos dentro del sector pesquero provincial.

Según pudo saber Mar&Pesca, un grupo de empresas radicadas en Caleta Olivia estaría evaluando la presentación de una demanda colectiva para frenar el avance del esquema que impulsa el Gobierno provincial para distribuir parte de la denominada reserva social de merluza.

Los empresarios, que solicitaron mantener su identidad en reserva, aseguran que existen serias dudas sobre los criterios que podrían utilizarse para la asignación de las cuotas y advirtieron sobre la presencia de intereses externos vinculados al negocio pesquero.

“Hay un lobby muy fuerte detrás de este tema. Creemos que se está aprovechando la buena fe de los funcionarios provinciales para avanzar con un esquema que puede terminar perjudicando a las empresas que realmente vienen trabajando y generando empleo en Santa Cruz”, señalaron.

Las fuentes consultadas sostienen que el proyecto, tal como está planteado actualmente, presenta zonas grises que podrían derivar en beneficios para firmas sin trayectoria pesquera en la provincia.

“Nos preocupa que termine siendo un traje a medida para empresas que no tienen desarrollo pesquero en Santa Cruz y que solo buscan acceder a una cuota como activo comercial. El riesgo es que después vendan la empresa o la cuota y los trabajadores queden otra vez pagando las consecuencias”, manifestaron.

Más allá del debate por la eventual cuotificación, los empresarios afirman que la principal preocupación pasa hoy por la falta de materia prima para mantener activas las plantas de procesamiento.

Según indicaron, varias empresas fresqueras atraviesan dificultades para acceder al volumen de captura necesario para sostener la actividad industrial y garantizar la continuidad laboral de sus trabajadores.

“Hoy el problema más urgente no es la cuotificación. El problema es que no estamos consiguiendo el pescado que necesitamos para trabajar. Solicitamos que nos asignen un volumen por máximo interes social, pero la provincia no nos da respuesta, no gestiona ante el Consejo, y sin materia prima no llegamos a fin de mes y no nos va a quedar más remedio que parar”, reconocieron por último.

El presidente del grupo CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, rechazó el pedido de retractación formulado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y respondió con dureza la carta documento que le fue enviada a raíz de declaraciones difundidas el pasado 4 de junio por el portal Parte de Pesca.

Lejos de retroceder, el empresario ratificó sus dichos y cuestionó que el reclamo haya sido presentado por la organización sindical en lugar de ser impulsado directamente por el dirigente Luis Núñez, a quien apuntó de manera explícita.

En su respuesta, Álvarez Castellano sostuvo que la intimación “hace referencia a cuestiones de índole personal de quien firma, invocando su calidad de secretario gremial de la entidad sindical”, y aseguró que le resulta llamativo que el planteo haya sido realizado en nombre del sindicato.

“Me causa sorpresa, porque en todo caso quien debería haberla enviado es el Sr. Luis Núñez a título personal y no escudándose detrás del gremio”, expresó.

El titular de CONARPESA fue más allá y desafió al dirigente sindical a plantear cualquier diferencia en forma personal.

“Si el Sr. Núñez quiere dirigirse a mi persona por algún motivo que considera lo afecta en forma personal, que no titubee en hacerlo, pero en nombre propio y de manera particular, y en tal caso, a no dudarlo que le responderé”, manifestó.

La respuesta concluye con una frase que deja en claro que no habrá retractación ni marcha atrás respecto de las declaraciones cuestionadas.

“Quizá ustedes lo desconozcan, pero el Sr. Núñez lo sabe, lo que sale de mi boca lo firmo con mi mano”, sentenció Álvarez Castellano.

La jefa del Programa Pesquería de Langostino del INIDEP, Paula Moriondo Danovaro, y el investigador Emiliano Pisani defendieron en Puerto Deseado los fundamentos científicos que sostienen la veda del Golfo San Jorge para la pesca de langostino y consideraron que, tras la charla abierta realizada en la ciudad, quedó más claro el rol estratégico que cumple esa zona para la conservación del recurso.

En diálogo con Mar&Pesca, ambos especialistas destacaron la importancia de acercar el trabajo científico a la comunidad y explicar cómo se construyen las recomendaciones que luego sirven de base para las decisiones de manejo pesquero.

“Para nosotros siempre es enriquecedor poder compartir nuestra experiencia de trabajo, la investigación que hacemos y también conocer las problemáticas de los distintos sectores. El contacto con la gente es muy valioso”, señaló Moriondo Danovaro.

Por su parte, Pisani remarcó que resulta fundamental que la sociedad conozca que las recomendaciones técnicas se elaboran sobre bases científicas. “Las decisiones que se toman tienen sustento científico y poder explicarlo es muy importante, sobre todo en contextos donde existen distintas problemáticas y debates”, sostuvo.

Comprender por qué el Golfo debe permanecer cerrado

Consultados sobre si la charla ayudó a despejar los pedidos de apertura del Golfo San Jorge, los investigadores coincidieron en que al menos permitió comprender los argumentos biológicos que justifican la continuidad de la veda.

“Creo que entendieron los motivos biológicos que hacen que el Golfo permanezca cerrado. Entiendo también las dificultades que atraviesan algunos sectores y que esos reclamos puedan utilizarse como una forma de presión en otros ámbitos, pero creo que quedó claro por qué el Golfo tiene que permanecer cerrado”, afirmó Moriondo.

Pisani agregó que la importancia del Golfo San Jorge, y especialmente de su sector sur, radica en que allí se concentra una porción fundamental del futuro de la pesquería.

“Hoy en esa zona existe un recurso que comercialmente quizás no sea tan atractivo porque se trata de ejemplares juveniles, pero justamente por eso es tan importante protegerlo”, explicó.

La polémica por la Subárea 6

Uno de los puntos más discutidos durante la jornada fue la situación de la Subárea 6, cuya apertura fue reclamada por una parte del sector sindical más precisamente por dos referentes del sindicato de Estibadores de Deseado..

Sobre ese tema, Moriondo fue categórica al señalar que no existe una recomendación biológica para mantenerla cerrada.“Nosotros nunca recomendamos que no se abra. No hay una recomendación biológica en ese sentido. Se trata de una decisión de administración pesquera y no de una decisión científica”, aclaró.

En la misma línea, Pisani explicó que el proceso para definir prospecciones y aperturas involucra principalmente a las empresas y a la autoridad de aplicación. “Los pedidos de prospección suelen surgir de las empresas que están operando en el mar y observan cómo se mueve el recurso. Nosotros elaboramos los planes de prospección cuando nos los solicitan, pero las decisiones sobre habilitar o no determinadas áreas corresponden a la administración pesquera”, señaló.

El langostino no sólo nace en Santa Cruz

Durante la charla, los investigadores también abordaron uno de los conceptos que suele generar confusión: la idea de que todo el langostino argentino nace en Santa Cruz.

Moriondo aclaró que la reproducción y el reclutamiento de la especie ocurre en distintos sectores del Mar Argentino, aunque existe una diferencia sustancial en cuanto a la concentración de juveniles.

“El langostino se reproduce en muchos lugares del Mar Argentino, no solamente en Santa Cruz. Lo que nosotros observamos en las campañas de evaluación es que la mayor concentración de juveniles se encuentra en el Golfo San Jorge y particularmente en su sector sur”, explicó.

Según los datos presentados por el INIDEP, más del 80% de los juveniles detectados durante las campañas científicas se localizan en esa región.

“Por eso el área tiene una importancia biológica tan grande para el sostenimiento de toda la pesquería”, remarcó la especialista.

Un inicio de temporada alentador

Respecto de la temporada 2026, ambos investigadores coincidieron en que los resultados observados hasta el momento son positivos.

“Es un inicio de temporada bueno, satisfactorio, con muy buenos rendimientos. Nos pone muy contentos que las subáreas más australes, como la 15 y la 16, hayan mostrado buenos resultados y que la flota continúe trabajando allí”, indicó Moriondo.

La migración hacia el este

Otro de los temas abordados fue el desplazamiento del recurso hacia sectores más alejados de la costa, una situación advertida por varios capitanes durante las primeras semanas de pesca.

Moriondo explicó que el langostino realiza naturalmente una migración en sentido norte-noreste, desplazándose desde las áreas costeras del Golfo hacia aguas nacionales.

“El langostino va buscando alimento. Si encuentra mejores condiciones cerca de la milla 176, se moverá hacia esa zona. Si el alimento está más cerca de la costa, permanecerá allí. Es parte de su comportamiento natural”, explicó.

Pisani añadió que la presencia de concentraciones importantes de langostino en el este del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza no constituye una novedad.

“En otros años también se registraron concentraciones abundantes fuera de la zona de veda. No es algo excepcional. Depende de cómo evolucione la pesca y de las condiciones que encuentre el recurso para desplazarse”, concluyó.

La botadura del buque pesquero San Severo se convirtió en mucho más que la presentación de una nueva embarcación. Ante empresarios, armadores, trabajadores y autoridades, el presidente del astillero, Domingo Contessi, aprovechó la ocasión para realizar un profundo análisis sobre la realidad que atraviesa la industria pesquera argentina y advertir sobre los riesgos que enfrenta el sector.

En un discurso cargado de definiciones, Contessi reconoció que el 2026 comenzó con un panorama complejo para la industria naval. El empresario recordó que el astillero pasó de tener hasta ocho barcos en construcción simultánea a ver vacías sus naves industriales, incluida la recientemente inaugurada Nave 4.

Para evitar despidos, la empresa decidió asumir la financiación de nuevas construcciones en un contexto de rentabilidad negativa. Sin embargo, el impacto de la crisis igualmente se hizo sentir.

“Pasamos de tener más de un centenar de empleados directos a 82 trabajadores, y nuestros subcontratistas también debieron reducir personal”, señaló.

El titular del astillero aseguró que la pérdida de mano de obra especializada representa uno de los principales desafíos para el futuro. “Desarmar estos equipos y quebrar el ciclo de capacitaciones es un pecado que afectará seriamente nuestra competitividad”, sostuvo.

El respaldo de armadores de Rawson

Contessi destacó especialmente el apoyo recibido por parte de los empresarios Gustavo González, Guillermo González Lemmi y Adrián Martella, quienes decidieron adquirir una embarcación que el astillero había comenzado a construir para stock.

Según explicó, la operación permitió sostener la actividad en un momento particularmente difícil y, al mismo tiempo, ratificó la calidad de los buques construidos por la empresa.

El empresario resaltó que los cinco barcos gemelos entregados para operar en Rawson registraron excelentes resultados operativos y encabezaron los rankings de captura.

Asimismo, agradeció a la ciudad de Rawson y a la provincia del Chubut por el acompañamiento brindado durante los últimos años. “Rawson y Chubut han sido nuestra rueda de auxilio en tiempos muy difíciles”, expresó.

Costos, logística y pérdida de competitividad

Uno de los pasajes más contundentes del discurso estuvo vinculado a la situación económica que atraviesa actualmente la actividad pesquera. Contessi afirmó que los costos operativos, los servicios, el transporte y la logística alcanzaron niveles que afectan gravemente la rentabilidad de las empresas.

“Estas distorsiones nos dejan posicionados frente al mundo con estructuras de costos inviables”, advirtió. A su juicio, buena parte de la crisis estructural que enfrenta la pesca argentina se explica precisamente por esos factores.

El empresario sostuvo que incluso en puertos con buenos niveles de actividad, como Rawson, la rentabilidad se ha reducido considerablemente. Sin embargo, señaló que la situación es todavía más delicada en Mar del Plata, donde la renovación de la flota fresquera prácticamente se encuentra paralizada.

“En Mar del Plata la rentabilidad hace tiempo que se evaporó, frenando la construcción de nuevos barcos, una tragedia que tarde o temprano todos pagaremos”, afirmó.

Un reclamo al sector y a las autoridades

Durante su mensaje, Contessi también hizo referencia al reciente planteo impulsado por cámaras empresarias y armadores independientes de la flota fresquera ante el Consejo Federal Pesquero.

“Hace poco la pesca fresquera de Mar del Plata se puso de pie y dijo basta”, señaló. En ese contexto, sostuvo que el sector debe recuperar la capacidad de diálogo y trabajar en conjunto para corregir las distorsiones que afectan la competitividad.

Al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de impulsar reformas o cambios regulatorios sin el debido debate institucional. “No puede haber cambio de modelo o sistema exitoso que no esté basado en la transparencia, la ética y la equidad”, enfatizó.

"No podemos vivir con déficit permanente"

Sobre el final de su discurso, el presidente del astillero cuestionó algunas interpretaciones que suelen surgir cuando las empresas expresan dificultades económicas mientras continúan invirtiendo. “Tenemos que desterrar ese discurso simplista y malintencionado de ‘se quejan, pero botan barcos’”, afirmó.

Contessi aseguró que la continuidad de las inversiones no debe ocultar la realidad económica que atraviesa gran parte de la industria y llamó a adoptar medidas que permitan recuperar la sustentabilidad del negocio.

“Si no logramos ser racionales, si no entendemos que una empresa no puede vivir con déficit permanente y si seguimos priorizando intereses sectoriales por encima del bien común, una gran parte de esta bendita industria va a desaparecer”, advirtió.

Finalmente, reclamó avanzar hacia mayores niveles de tecnificación, agregado de valor y aprovechamiento integral de los recursos pesqueros para incrementar la generación de empleo y divisas, y deseó una larga y exitosa trayectoria operativa para el flamante pesquero San Severo.

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. realizó este viernes la botadura del buque pesquero “San Severo”, una nueva unidad destinada a operar desde el puerto de Rawson y que se incorpora a una de las flotas costeras más modernas del país.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del astillero marplatense y marcó la botadura número 156 de su historia. Pese a las condiciones climáticas adversas, el acto contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de la actividad pesquera, empresarios, trabajadores y familiares de los armadores.

El “San Severo” fue construido para la firma Armadores del Atlántico SRL, integrada por Gustavo González, Adrián Martella y Guillermo González Lemmi. La embarcación reemplazará al buque “Enrique F” y tendrá asiento operativo en el puerto de Rawson.

Se trata de un pesquero costero de doble cubierta, con casco de acero y cabina de aluminio, diseñado íntegramente por el equipo de Ingeniería Naval del astillero. Además, es la séptima unidad construida bajo el prototipo 20AC, un modelo que se consolidó entre los armadores patagónicos por su eficiencia operativa y prestaciones.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Rawson, Damián Biss, junto a autoridades de la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, legisladores nacionales, representantes de cámaras empresariales y dirigentes sindicales vinculados a la actividad marítima y pesquera.

La incorporación del “San Severo” reafirma el proceso de renovación que viene experimentando la flota pesquera de Rawson durante los últimos años, impulsado por inversiones privadas orientadas a mejorar la eficiencia operativa y las condiciones de seguridad de las embarcaciones que participan de la pesquería de langostino.

Con esta nueva unidad, los armadores continúan apostando al crecimiento de una actividad que se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la capital chubutense y de toda la región.

La aprobación por parte del Consejo Federal Pesquero del aumento al 50% del procesamiento de colas de langostino a bordo dejó una fuerte repercusión en Santa Cruz. Aunque la medida fue aprobada por mayoría, el representante santacruceño Sergio Klimenko votó en contra, una postura que provocó la inmediata reacción de Conarpesa.

En diálogo con Mar&Pesca, el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano, anunció que la empresa desistirá de los proyectos de expansión que analizaba para la provincia y concentrará sus futuras inversiones en Chubut.

“Ya le dije a mi gente que no me hablen más de Santa Cruz”, afirmó el empresario, visiblemente molesto por la posición adoptada por el representante provincial.

La decisión implica dejar prácticamente descartada la reapertura de la planta de Puerto San Julián, una iniciativa que había generado expectativas entre trabajadores y distintos sectores vinculados a la actividad pesquera.

“Con este tipo de actitudes se quitan las ganas de seguir pensando en habilitar la planta de San Julián. Vamos a reconsiderar cualquier iniciativa, descarga o inversión en la provincia y canalizarla por Chubut”, sostuvo.

Caleta Paula fuera de los planes

Álvarez Castellano confirmó además que los barcos de Conarpesa dejarán de operar en puertos santacruceños.

“No voy a llevar más barcos a Caleta Paula. No voy a hacer más inversiones en Santa Cruz. Lo que tenga que hacer lo haré en Chubut”, señaló.

La decisión derrumba las expectativas de sumar descargas de la flota congeladora tangonera en el puerto caletense y representa un duro golpe para los intentos de incrementar la actividad en las terminales marítimas de la provincia.

“Santa Cruz eligió la desinversión”

El empresario fue más allá de la discusión sobre las colas de langostino y cuestionó la política pesquera de la provincia.

“Hay una política de inversión y una política de desinversión. Lo que está practicando la provincia de Santa Cruz es la política de la desinversión”, afirmó.

Según explicó, la diferencia entre las inversiones que Conarpesa desarrolla en Chubut y las que podría impulsar en Santa Cruz no responde a cuestiones biológicas ni productivas, sino al acompañamiento institucional que percibe en cada jurisdicción.

“Cuando uno tiene una iniciativa y se siente acompañado, protegido y defendido, invierte. Cuando ocurre lo contrario, busca otros lugares para desarrollar sus proyectos”, expresó.

Las futuras inversiones irán a Chubut

Álvarez Castellano sostuvo que la iniciativa aprobada por el Consejo Federal Pesquero beneficiaba a las empresas que operan sobre el recurso y cuestionó que Santa Cruz se haya opuesto a una medida que, a su entender, mejoraba la competitividad del sector.

“Todo lo que tenga que ver con nuevas inversiones, crecimiento o ampliación de operaciones lo voy a canalizar por Chubut”, aseguró.

No obstante, aclaró que la empresa mantendrá las instalaciones actualmente operativas y que la decisión no afectará los puestos laborales existentes.

“La planta que está funcionando en Caleta Paula va a seguir funcionando. Pero cualquier posibilidad de ampliar operaciones, reabrir instalaciones o generar nuevas inversiones queda descartada”, concluyó.