Pasadas las 8.30 del miércoles 11 de noviembre, el Tango II amarró en el puerto deseadense con la bodega completa. Fue el primer centollero en completar una marea de la temporada y su regreso fue recibido con entusiasmo por los trabajadores vinculados a la actividad portuaria.

En diálogo con Mar&Pesca, los marineros hicieron un balance favorable de los 23 días de trabajo a bordo. «La centolla está muy bien, buenas tallas y abundancia», señalaron al repasar cómo se desarrolló la pesca. También destacaron que el viaje transcurrió en buenas condiciones y lo definieron como «un buen inicio de temporada».

Descarga en el muelle y preparativos para volver a salir a la pesca

La centolla, procesada a bordo durante la marea, se descargará este jueves. El producto se consolidará a pie de muelle y quedará a la espera de su despacho para exportación. Una vez concluida esa operación, la tripulación alistará el buque para una nueva salida.

En el puerto hay expectativa por el arribo de otros centolleros en los próximos días. La llegada de esas embarcaciones daría continuidad al trabajo de descarga  en el muelle deseadense.

El Chiyo Maru ya había ingresado a Puerto Deseado semanas atrás con una avería y unas 10 toneladas de centolla en bodega. Tras completar la reparación, el buque volvió a salir a la pesca.

Veintidós embarcaciones de la flota amarilla participarán desde el sábado 14 de noviembre en una nueva prospección de langostino en aguas provinciales. La Secretaría de Pesca de Chubut dispuso el operativo después de que el primer relevamiento arrojara resultados insuficientes para habilitar la pesca comercial.

La prospección debía comenzar el jueves 12, pero las condiciones meteorológicas obligaron a postergarla. La Resolución N.º 0719 formalizó el cambio de fecha, redujo de tres a dos días el período de monitoreo y modificó la distribución de los barcos entre las áreas de trabajo.

La flota prevé iniciar las maniobras de bajada durante la noche del viernes 13 para comenzar el relevamiento al día siguiente. Si los resultados son favorables, la actividad comercial podría iniciarse el lunes 16. Si la apertura vuelve a postergarse, la flota podría tener que esperar hasta diciembre.

Un grupo de trabajadores eventuales solicitó su reincorporación a las plantas de procesamiento de Puerto Rawson. En la nota que elevaron a CONARPESA y AGROPEZ, los operarios reconocieron que se retiraron de las instalaciones antes de que finalizara la producción de langostino, calificaron esa decisión como un error y pidieron disculpas.

Los trabajadores señalaron que necesitan recuperar sus ingresos para sostener a sus familias y expresaron su disposición a retomar las tareas bajo las condiciones que establezca la empresa.

“Por supuesto que les vamos a perdonar, por supuesto que merece la pena reincorporarlos”, afirmó el presidente de CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano. El empresario dijo que el pedido refleja la necesidad de trabajar y sostuvo que paralizar las plantas también afectaría a quienes acompañaron a la compañía durante el conflicto. La fecha de una eventual reincorporación quedó sin precisar.

Dos turnos de 11 horas para la temporada

Álvarez Castellano también anticipó que las plantas trabajarán con dos turnos de 11 horas. Según explicó, la medida busca organizar el procesamiento en los momentos de mayor ingreso de langostino y dar más tiempo de descanso al personal entre jornadas.

“Primero es la gente y la voluntad de la gente es trabajar y nosotros tenemos que estar y darle la oportunidad”, sostuvo.

Una misma especie puede ser conocida por distintos nombres a bordo. A la hora de completar las planillas de una marea, esas diferencias pueden dificultar la comparación de los registros. Acordar cómo identificar y registrar esas especies fue uno de los aportes que destacaron los observadores de CeDePesca tras participar de las jornadas de fortalecimiento del Programa de Observadores a Bordo de Chubut.

Claudio Noale señaló que el trabajo con muestras les permitió reconocer especies que habitan en el fondo marino de la costa chubutense, incluidas algunas poco frecuentes. Según explicó, contar con criterios comunes y reconocer mejor las especies “impacta directamente en la precisión de las planillas”.

Federico Montero destacó el módulo dedicado a los mamíferos marinos y el intercambio con colegas y especialistas sobre las zonas donde es más probable encontrar determinadas especies. Joaquín Dellamaggiora, por su parte, contó que la capacitación le permitió identificar organismos que antes no reconocía o cuyo nombre desconocía.

El seguimiento de la pesquería

Las jornadas se realizaron en el marco del plan de acción de la pesquería costera de langostino patagónico (Pleoticus muelleri). Noale explicó que conocer los objetivos de la certificación permite ajustar el trabajo a bordo a las necesidades de seguimiento de la pesquería. Entre las prioridades actuales, mencionó la identificación de especies del fondo marino y el registro de mamíferos marinos, junto con la observación de los demás componentes del ecosistema.

El desarrollador Axel Castaño y el capitán Cristian Guillén impulsan Marvital, una plataforma que permite hacer consultas médicas desde alta mar. El proyecto prevé sumar una pulsera que transmita signos vitales y una baliza que emita una alerta automática si un tripulante cae al agua. 

Localizar a un tripulante que cae al mar puede ser especialmente difícil de noche o en medio de un temporal. Ese riesgo y las dificultades para atender una emergencia médica a bordo fueron el punto de partida de una conversación entre el capitán Cristian Guillén y el desarrollador Axel Castaño. De ese intercambio nació Marvital, una plataforma desarrollada en Mar del Plata para acortar el tiempo de respuesta ante esas dos situaciones.

 Una consulta médica desde el barco

 La aplicación permite que la tripulación se comunique con una guardia médica en tierra por mensajes, llamadas o videollamadas, mediante la conexión satelital del buque. Castaño puso como ejemplo a un trabajador que necesita atención a 300 kilómetros de la costa. La comunicación por video permite que el profesional vea al paciente y oriente a quienes lo asisten a bordo.

 El equipo trabaja además en una pulsera que permitiría transmitir en tiempo real datos como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Según informó Poseidon Tecnologías Marítimas, la empresa que desarrolla Marvital, el software ya está operativo y la pulsera se encuentra en etapa de prototipo.

 Una alerta de hombre al agua

 La baliza personal, que todavía está en diseño, apunta a que una caída active una alarma en el puente de mando y avise a los buques cercanos. El sistema compartiría la posición del tripulante y una estimación de su deriva según el viento y las corrientes. La idea es que las embarcaciones que puedan acudir tengan un área de búsqueda desde el primer aviso.

Castaño señaló que el proyecto cuenta con la participación de equipos de Medicina, Ingeniería y Humanidades y que sus impulsores mantuvieron reuniones con Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Trabajo y la CGT. “La tecnología está y está para usarla y para salvar vidas”, dijo.

Fernando Álvarez Castellano llevó la discusión por el peso de los cajones de langostino al terreno de la CAFACH. El presidente de Conarpesa aseguró que dispone de fotografías y actas de cajones de otras embarcaciones que alcanzaban los 27 y hasta 28 kilos, y vinculó ese señalamiento con la actuación de Diego Martínez Zapata como abogado de la cámara.

La respuesta se produjo durante una entrevista radial con emisora LU20 Radio Chubut, después de que se reprodujera un audio enviado por el letrado en el que el empresario exigía a su jefe de personal un promedio de 19 kilos por cajón.

“Ahí digo 19, no digo 28”, respondió Álvarez Castellano, quien reconoció la grabación y rechazó que sus instrucciones constituyeran una orden de incumplir la normativa.

El empresario afirmó que tenía “actas de enfrente con fotos”, mencionó embarcaciones artesanales y ofreció enviar las imágenes tanto al conductor como a Martínez Zapata. Más adelante, sostuvo que había registros de cajones de hasta 28 kilos pesados por la autoridad pesquera nacional, con sumarios iniciados en Buenos Aires.

Su cuestionamiento alcanzó a la CAFACH porque, según afirmó, Martínez Zapata representa a la cámara que él vinculó con esas descargas. Así, contrapuso las acusaciones contra Conarpesa con los casos de sobrepeso que aseguró tener documentados en otras embarcaciones.

Para explicar la indicación de los 19 kilos, sostuvo que los cajones pueden contener esponjas de mar, piedras y otros elementos que se retiran en la planta y reducen el peso aprovechable. También relacionó sus instrucciones con la calidad del langostino y su conservación a bordo.

El doble rol bajo cuestionamiento

Álvarez Castellano también objetó lo que describió como una representación simultánea de Martínez Zapata para la CAFACH y para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Cuestionó que el abogado impulse interdicciones que impiden zarpar a los barcos donde trabajan los marineros a los que, según sostuvo, también representa. Para describir esa superposición, recurrió a una frase: “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”.

La centolla, uno de los recursos más valiosos del Mar Argentino, dejará de repartirse entre los barcos temporada a temporada. El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó un régimen de cuotas individuales transferibles que asignará a cada buque un porcentaje fijo de la captura durante los próximos quince años.

La decisión, formalizada en la Resolución 16/2026, no fue unánime. Santa Cruz se abstuvo y Buenos Aires votó en contra. Sus objeciones apuntan a una pregunta de fondo: hasta dónde puede decidir el CFP sobre un recurso que también vive en aguas provinciales.

Qué cambia para la flota

Hasta ahora, el CFP fija cada temporada la captura máxima en aguas nacionales y la autoridad pesquera reparte los cupos en forma equitativa entre los buques de cada zona. Con el nuevo régimen, cada barco tendrá un porcentaje propio de ese total, que se traducirá en toneladas cada año y podrá transferirse.

La fórmula pone el acento en la trayectoria. Solo recibirán cuota los buques que superen el 2% del total capturado de la especie, y el 80% del cálculo depende de lo que cada uno pescó. El resto pondera la mano de obra (10%), la producción (5%) y las inversiones (5%), y cada sanción firme descuenta un 0,001%.

Ninguna empresa o grupo podrá concentrar más del 45% de la captura de una zona. Además, el CFP se reservará un 10% del total: la mitad para una reserva de administración y la otra mitad para un fondo de reasignación de cuotas.

Para dimensionar: en el Área Sur, el CFP fijó para la temporada 2026-2027 un máximo de 1.161 toneladas en aguas nacionales, según el Acta CFP N° 27/2026. En el informe que respaldó esa decisión, el INIDEP registró una leve recuperación en el sector norte de esa área, pero valores de abundancia entre los más bajos de la serie en el sector sur. También advirtió una caída del reclutamiento y recomendó mantener un enfoque precautorio.

El aval científico

El respaldo técnico llegó del INIDEP, que analizó la viabilidad biológica del cambio y concluyó que no encuentra incompatibilidades para cuotificar la especie. Según el instituto, la pesquería que se desarrolla en las áreas Central y Sur ya cuenta con un sistema de monitoreo y gestión consolidado.

Allí solo se capturan machos por encima de la talla mínima, se protegen etapas sensibles como la muda y la reproducción y rigen vedas temporales. Las trampas deben llevar anillos de escape y los ejemplares no comerciales se devuelven vivos al mar.

Santa Cruz: “resulta inadmisible”

Santa Cruz eligió la abstención, aunque dejó asentadas objeciones técnicas, jurídicas e institucionales. Su representante advirtió que el régimen no distingue adecuadamente las jurisdicciones y compromete la administración de las 345 toneladas que hoy gestiona la provincia.

El planteo tiene una base biológica: la centolla se reproduce y sus juveniles se desarrollan principalmente en aguas costeras provinciales. “Desconocer esta realidad biológica y el trabajo de ordenamiento y conservación sostenido por la Provincia de Santa Cruz resulta inadmisible”, sostuvo.

La provincia también cuestionó que el proyecto no resguarde adecuadamente la cuota social provincial ni las competencias que la Ley Federal de Pesca reconoce a las provincias. Y advirtió que compromete su capacidad para decidir sobre el empleo, la descarga y el procesamiento de los recursos pesqueros.

Su abstención, aclaró, no debe interpretarse como conformidad técnica o jurídica. En octubre, según publicó El Rompehielos, el secretario de Pesca santacruceño, Sergio Klimenko, había anticipado que la centolla se cuotificaría “posiblemente en breve”.

Buenos Aires denuncia un avance sobre las aguas provinciales

Buenos Aires fue más lejos y votó en contra. La Ley Federal de Pesca reconoce a las provincias el dominio de los recursos hasta las 12 millas marinas y reserva a la Nación lo que está más allá. Para la provincia, eso deja al CFP sin competencia para fijar cuotas en aguas provinciales.

En los hechos, sostuvo, será el Consejo el que defina cómo se explotan recursos provinciales en aguas provinciales, dejando de lado las normas que cada provincia dictó bajo su constitución. Por eso invocó el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

La crítica también apuntó a las formas. Según la provincia, el proyecto se incorporó al orden del día el mismo día de la votación, sin tiempo para analizarlo, como ya había ocurrido en otras ocasiones. “Pareciera que cuanto más rápido y con menos debate, mejor”, lanzó, y denunció que las actas de aprobación se imprimían mientras redactaba su voto.

Aunque la pesca comercial de centolla se concentra en aguas patagónicas, Buenos Aires mira el precedente. Advirtió que es “extremadamente riesgoso” que el CFP asuma competencias que no tiene, porque estos sistemas podrían extenderse mañana a sus propias aguas.

También marcó una inconsistencia: habrá cuotas por quince años en aguas provinciales donde abundan permisos de apenas un año. Y la norma nacional establece que quien pierde el permiso pierde también la cuota.

La Cámara de la Industria Naval (CIN) de Mar del Plata reclamó que el Senado revise el proyecto de ley de cabotaje antes de avanzar con su tratamiento. La entidad sostiene que la iniciativa, presentada para reducir los costos del transporte marítimo y fluvial, daría ventajas a los buques de bandera extranjera frente a los que operan bajo bandera argentina.

El planteo apunta al expediente S-1844/26, que ingresó al Senado el 20 de octubre. Según la Cámara, el régimen de admisión temporaria permitiría el ingreso de buques extranjeros sin pagar derechos de importación ni IVA y sin un tope de antigüedad. La entidad también cuestionó que el proyecto no exija que esas embarcaciones realicen sus reparaciones y tareas de mantenimiento en astilleros del país.

Domingo Contessi, presidente de la CIN, consideró razonable el objetivo de abaratar el transporte, pero advirtió que «el remedio puede ser peor que la enfermedad». La Cámara atribuyó parte de la migración de la flota mercante argentina a Paraguay a los costos laborales, fiscales y judiciales de operar bajo bandera nacional. A su juicio, el proyecto deja esos costos pendientes y amplía la ventaja de quienes operan con otra bandera.

 La flota pesquera queda fuera del régimen

La gacetilla aclara que la flota pesquera está excluida del proyecto. Sin embargo, los astilleros y talleres asociados a la Cámara, que trabajan principalmente para ese sector, también tienen capacidad para construir y reparar buques mercantes. La entidad teme que el ingreso de unidades usadas reduzca los pedidos de construcción local en segmentos como los de barcazas, dragas, buques de carga y embarcaciones de apoyo a la actividad costa afuera.

La Cámara también objetó el alcance de las restricciones vinculadas con Malvinas. Según su lectura, el proyecto excluye a quienes prestan servicios para la explotación hidrocarburífera que la Argentina considera ilegítima, pero deja fuera de esa restricción a las empresas que pescan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas.

Los cambios que  propone la Cámara

La CIN pidió abrir una mesa de diálogo con armadores, trabajadores y representantes de los astilleros. Propuso reducir los costos de operar bajo bandera argentina y limitar la admisión de buques extranjeros a casos temporales en los que se encargue la construcción de una embarcación similar en el país. También planteó fijar una antigüedad máxima para las unidades que ingresen, exigir que el mantenimiento se realice en astilleros argentinos y vincular los incentivos fiscales con la construcción naval local.

La entidad respaldó las medidas del proyecto que simplifican el transporte de contenedores y la incorporación del conocimiento de embarque digital.

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. y la firma Fe en Dios S.A. anunciaron el bautismo y la botadura del Fe en Dios I, el nuevo pesquero que será puesto a flote en las instalaciones del astillero, en Altair 210, en el puerto marplatense.

Al presentar su botadura número 157, el astillero señaló que el nombre elegido para el buque está “en total sintonía con la ola de espiritualidad y esperanza que nos trae el Santo Padre”. La visita de León XIV al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Argentina.gob.ar

Para la ocasión, Contessi recuperó en la invitación la llama que aparecía en las convocatorias a sus primeras botaduras. El símbolo, que distingue la proa de sus embarcaciones, remite a la fe de su fundador, Federico Contessi. Esa tradición también quedó plasmada en una frase pintada en la nave principal del astillero, “Fe en Dios, fe en el país y fe en pesca”.

Carla María Costagliola será la madrina del pesquero. La ceremonia se transmitirá en vivo por YouTube e Instagram.

El presidente del Grupo Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, respondió a las declaraciones del abogado Diego Martínez Zapata, quien lo había acusado de vulnerar la confidencialidad al difundir detalles de las negociaciones que mantenían por causas judiciales.

“Yo no rompí ninguna confidencialidad, pues no me reuní con él. Efectivamente estuvieron mis abogados y me comunicaron sus exigencias”, sostuvo el empresario, y cuestionó que el letrado pusiera en duda la versión transmitida por sus representantes legales.

Según Álvarez Castellano, las condiciones planteadas por Martínez Zapata incluían, en primer lugar, el pago de sus honorarios, seguido de la renuncia a los recursos de queja y el retiro de la denuncia contra una jueza ante el Consejo de la Magistratura. “Y luego, bien al final, el reclamo de sus representados, en cuotas”, remarcó.

“Eso es lo que exigió Martínez Zapata y por eso se cortó el canal de diálogo. Yo no rompí las negociaciones, las rompió él con sus exigencias”, afirmó.

El titular de Conarpesa ratificó que no retirará los recursos ni la denuncia y sostuvo que las actuaciones deben resolverse en los ámbitos correspondientes. En ese marco, mencionó el caso de Juan Carlos Ottulich, a quien, según denunció, obligaron a retirar una presentación contra la misma magistrada bajo la amenaza de quedar fuera del negocio pesquero.

Pese al enfrentamiento, Álvarez Castellano aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque insistió en que no aceptará desistir de esas actuaciones como condición para negociar.

El cuestionamiento más duro llegó cuando el empresario apuntó contra la moral del abogado y vinculó sus críticas con la actividad profesional que desarrolla para la Cooperativa Eléctrica de Trelew.

“¿Él me habla de moral a mí?”, preguntó, y sostuvo que Martínez Zapata cobra honorarios del 10% a comerciantes que mantienen deudas con la entidad para acceder a planes de pago.

“Que les pregunten a los comerciantes de Trelew que tienen deudas con la Cooperativa Eléctrica, deudas porque no pueden pagar, no por capricho”, expresó. Luego de atribuirle ese cobro al abogado, lanzó con ironía: “¿Qué moral no? El moralista”.

Álvarez Castellano también respondió a la advertencia de Martínez Zapata de avanzar con pedidos de quiebra contra Conarpesa.

“Pedir la quiebra de Conarpesa, qué osado y qué forma tan especial de cuidar a la gente”, cuestionó. En ese sentido, acusó al abogado de actuar por un enfrentamiento personal y sostuvo que una medida de ese tipo pondría en riesgo las fuentes laborales que genera la compañía.

“Solo por la bronca que me tiene, y porque expongo públicamente sus exigencias es capaz de intentar quebrar a una empresa que da 2500 puestos de trabajo”, afirmó.

“Lo que hay que escuchar después de 31 años”, concluyó el empresario, quien volvió a cuestionar el criterio del letrado y su interpretación de la ley.

El inicio de la temporada de langostino en aguas provinciales de Chubut deberá esperar. Los resultados preliminares de la prospección, con rendimientos por debajo de lo esperado, llevaron a las autoridades pesqueras a postergar la apertura de la zafra 2026/2027 y a fijar una nueva instancia de evaluación para noviembre.

La decisión fue confirmada por el secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán, luego de analizar los primeros datos obtenidos en el caladero. La escasez de capturas encendió señales de alerta sobre la disponibilidad del recurso y su capacidad para sostener una temporada que involucra a unas 90 embarcaciones habilitadas.

De esta manera, la flota deberá aguardar antes de iniciar la actividad comercial. La prioridad, según el criterio de la autoridad pesquera, será determinar si existen concentraciones suficientes de langostino para garantizar una explotación viable.

Una nueva prospección, prevista para noviembre

Mientras se aguarda el informe técnico definitivo de la actual campaña, la Secretaría de Pesca trabaja sobre un nuevo calendario de evaluación. La intención es realizar una prospección de dos jornadas alrededor del 10 de noviembre, con el objetivo de comprobar si mejoraron las condiciones del recurso en aguas provinciales.

El relevamiento se concentraría inicialmente en la zona norte, entre los paralelos 43° y 44° de latitud sur, mientras que los sectores ubicados más al sur quedarían fuera de esta primera etapa.

La nueva prospección será determinante para conocer la evolución de la biomasa y establecer si las condiciones permiten avanzar hacia la apertura de la temporada. Hasta entonces, la actividad comercial permanecerá demorada y el sector pesquero seguirá atento a los resultados de las evaluaciones.

Expectativa en el sector pesquero

La postergación genera incertidumbre en toda la cadena productiva vinculada al langostino, desde las empresas armadoras y las tripulaciones hasta las plantas de procesamiento y los servicios portuarios de Rawson.

El retraso en el inicio de la zafra obliga a reprogramar la actividad y mantener en suspenso las expectativas de un sector que depende de la disponibilidad del recurso y de la posibilidad de sostener niveles de captura económicamente viables.

El escenario también vuelve a poner en primer plano la discusión sobre los tiempos de apertura de la temporada y la necesidad de compatibilizar las demandas operativas de la industria con la situación biológica del langostino.

Por ahora, la fecha de inicio sigue sin definirse. La próxima evaluación, prevista para noviembre, será clave para determinar si el recurso presenta una evolución favorable o si será necesario prolongar la espera antes de habilitar la actividad comercial.

Crustáceos del Sur tomó finalmente posesión de la planta pesquera de Food Partners Patagonia en Puerto San Julián, más de un año después de haberla adquirido. La entrega permite avanzar ahora con la revisión de las instalaciones y las gestiones necesarias para recuperar la actividad del establecimiento. Si bien la planta estaba parada los empleados seguían cobrando un asegurado que abonaba Foods Partner, ahora se espera una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.

La compradora es una firma de capitales rusos con operaciones en Puerto Deseado, vinculada al mismo grupo empresario que Bentónicos. Su proyecto para San Julián estará orientado, en una primera etapa, al reprocesamiento de centolla y contempla sumar el permiso de pesca vinculado al buque Chiyo Maru Nº 3.

Aunque la adquisición se había concretado en septiembre del año pasado, la empresa debió completar distintos trámites antes de recibir la planta. Resuelta esa instancia, deberá determinar las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, que permaneció inactiva durante más de un año.

La operación también comprende la continuidad de la totalidad del personal, con el mantenimiento de los vínculos laborales existentes.

La puesta en marcha todavía requiere trabajo

Con las instalaciones ya en su poder, Crustáceos del Sur deberá completar las habilitaciones correspondientes al cambio de titularidad y verificar el funcionamiento de los equipos.

La revisión incluye los sistemas de refrigeración, las cámaras de frío y las líneas de procesamiento. El período sin actividad obliga a comprobar su estado y establecer qué tareas de mantenimiento y adecuación serán necesarias antes de comenzar a producir.

El inicio de las operaciones dependerá de la finalización de esos trabajos y de las gestiones administrativas en curso.

El proyecto industrial se complementa con el permiso de centolla que pertenecía a Food Partners Patagonia, cuya transferencia al Chiyo Maru Nº 3 había sido autorizada por el Consejo Federal Pesquero en diciembre de 2025.

La centolla como primera actividad

La empresa prevé aprovechar la infraestructura disponible para desarrollar el reprocesamiento de centolla en San Julián. La escala de producción dependerá del abastecimiento que consiga reunir y de los cupos de captura que la provincia pueda asignarle, aunque también tiene previsto el procesamiento de materia prima proveniente de la pesca artesanal como róbalo y pejerrey.

La disponibilidad de materia prima será determinante para sostener un ritmo regular de trabajo y dar continuidad a los puestos laborales. Una vez afianzada esa primera etapa, Crustáceos del Sur evalúa incorporar proveedores de la pesca artesanal para ampliar el abastecimiento. Esa posibilidad quedará sujeta a la consolidación previa de la actividad de la planta

La actividad pesquera quedó incorporada al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), el proyecto que recibió media sanción del Senado el jueves 29 de octubre. La inclusión contempla un tratamiento específico para las inversiones del sector, que podrían acceder a los beneficios sin alcanzar el piso general de 12 millones de dólares.

La iniciativa fue impulsada por el senador radical Eduardo Vischi, mientras que su par bonaerense Maximiliano Abad promovió los cambios para sumar a la pesca. El texto obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos y pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá completar su tratamiento antes de convertirse en ley.

Incentivos para renovar barcos y equipos

Para la industria pesquera, uno de los puntos centrales es la incorporación de inversiones en embarcaciones nuevas y equipos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros. El alcance comprende así distintas etapas de la actividad, desde la operación en el mar hasta el trabajo en las plantas.

Entre las herramientas previstas figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. El régimen establece como condición general inversiones productivas de al menos 12 millones de dólares, pero la modificación incorporada para la pesca exceptúa a estas inversiones de ese monto mínimo.

Al defender la incorporación del sector, Abad vinculó la renovación de las embarcaciones y la tecnología de conservación y procesamiento con la seguridad y la posibilidad de agregar valor en tierra.

“Una empresa con capacidad para crecer merece respaldo, cualquiera sea su tamaño”, sostuvo el legislador, quien también planteó la necesidad de mejorar el acceso al crédito.

Otro reclamo por las retenciones

Durante su intervención, Abad volvió a pedir la eliminación de los derechos de exportación que alcanzan a los productos pesqueros y reclamó una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado para sostener el empleo y mejorar la competitividad.

El senador relacionó ese planteo con las oportunidades comerciales del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La eliminación de las retenciones, sin embargo, fue un reclamo adicional de su exposición y no un beneficio anunciado como parte del RIIR.

Con la media sanción, la propuesta de incentivos avanzó un paso en el Congreso. Su aplicación al sector pesquero dependerá de la aprobación definitiva y de las condiciones que establezca el texto que se convierta en ley.

El gobernador Claudio Vidal destacó la actividad pesquera como parte de la estrategia de diversificación productiva de Santa Cruz y aseguró que se recuperaron plantas de procesamiento en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián. Lo hizo durante una rueda de prensa posterior a la presentación de la reglamentación de la Ley de Promoción Industrial N.º 4011, una herramienta con la que el Ejecutivo busca atraer inversiones y generar empleo.

“Hoy estamos orgullosos de poder mencionar que nuestros puertos funcionan mucho mejor, que tenemos más captura de langostino, de calamar, que hay más trabajo en tierra y que se recuperaron plantas pesqueras, en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián”, expresó.

Las declaraciones ubicaron al procesamiento pesquero entre las actividades que el Gobierno pretende fortalecer, en un sector donde las descargas y la continuidad del trabajo en las plantas resultan centrales para las economías de las localidades portuarias.

La cuota de merluza entre los puntos destacados

Vidal también afirmó que Santa Cruz cuenta con una cuota social de merluza de 22.000 toneladas, frente a las 4.800 toneladas que, según indicó, tenía anteriormente. El mandatario presentó ese incremento como uno de los avances de su gestión en materia pesquera.

La información oficial difundida sobre la rueda de prensa no precisó nuevos proyectos pesqueros, montos de inversión ni cronogramas de ejecución asociados al régimen industrial.

Sobre la nueva ley, el gobernador sostuvo que apunta a facilitar la llegada de capital privado, la ampliación de actividades y el desarrollo de servicios dentro de Santa Cruz.

“Es generar un poco de autonomía, es creer en nosotros mismos para poder sacar esto adelante, es apostar a la diversidad productiva de la provincia”, afirmó.

En ese marco, convocó a intendentes y comisionados de fomento a acompañar la aplicación de la norma y promover nuevos parques industriales.

Más controles sobre el empleo local

La contratación de trabajadores santacruceños fue otro de los ejes de las declaraciones. Vidal anunció que se duplicarán los controles sobre el cumplimiento de la Ley 90/10 y anticipó la difusión de un informe sobre la composición de la fuerza laboral en los yacimientos mineros.

“La Ley 90/10 se tiene que respetar, y el que no se adapte a este esquema provincial no tendrá oportunidad en Santa Cruz. Yo defiendo primero los puestos de trabajo de Santa Cruz”, sostuvo.

El gobernador vinculó la promoción de inversiones con la generación de oportunidades laborales para los habitantes de la provincia.

En materia energética, anunció que el Gobierno trabaja junto a una empresa petrolera en un proyecto de más de 600 millones de dólares que buscará incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También mencionó otras dos iniciativas vinculadas con los hidrocarburos no convencionales, con participación de compañías de Estados Unidos y Canadá.

El caso refiere a una demanda por 13 millones de pesos que escaló a hasta los 320 millones de pesos por efecto de los intereses aplicados en la polémica sentencia de la magistrada.

Al respecto, el presidente del grupo empresario, Fernando Álvarez Castellano sostuvo que “estamos en presencia de una jueza que hace lo que se le da la gana, que no se acoge ni al derecho ni a nada, y actúa sin ningún sustento legal”.

Los honorarios de Martínez Zapata

El empresario reveló además que sus abogados mantuvieron una reunión con Martínez Zapata para abordar el destino de los distintos juicios. Sin embargo, aseguró que el encuentro quedó trunco por los llamativos requerimientos del letrado.

Según reveló Álvarez Castellano, Martínez Zapata fue categórico al momento de plantear las condiciones del acuerdo. “Lo primero que planteó fue que sus honorarios debían abonarse íntegramente, sin ningún tipo de descuento y en una sola cuota. Para la multa y los intereses, en cambio, sí había margen para negociar un plan de dos o tres pagos”.

Agregó que “la otra condición que puso fue que levantáramos los recursos que presentamos oportunamente ante el Superior Tribunal por las sentencias dictadas por Testino, como así también la denuncia presentada contra la jueza en el Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, señaló que “ese planteo también nos pareció un disparate porque cuando se presenta algo en la Justicia, es la Justicia la que tiene que resolver”.

Caso Otulich

El empresario recordó el caso de Juan Carlos Otulich, al que le aplicaron una sentencia en contra por un millón de dólares, y a quien le permitieron pagar en cuotas, con la condición de que retirara la denuncia que su abogado había presentado en el Consejo de la Magistratura.

“Parecería que algunos actores judiciales tienen ese modus operandi muy bien aceitado” aseguró Álvarez Castellano y remarcó que “nosotros no vamos a comernos ese sapo”.

El empresario indicó enfáticamente que “llegaré hasta las últimas instancias, incluso la Corte Suprema, si hace falta” y agregó que “no voy a permitir el caranchismo y el manoseo que intentan ejercer alrededor de la empresa que presido”.

Los pasos a seguir

En relación con las posibles consecuencias del conflicto, el empresario no descartó que de prolongarse la situación pudieran llegar a evaluarse distintas alternativas legales, incluida una eventual convocatoria de acreedores y añadió que “no nos vamos a dejar coaccionar por el abogado Martínez Zapata”.

“No vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a renunciar a nuestros derechos mientras una jueza toma decisiones estrafalarias y un abogado se llena descaradamente los bolsillos mientras hacen tambalear a una compañía que genera miles de puestos de trabajo en Chubut” concluyó Álvarez Castellano.

El secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, destacó el arribo de fresqueros de altura a Puerto Deseado y anunció nuevas descargas para abastecer a las plantas procesadoras de la localidad. En diálogo con Mar&Pesca, el funcionario sostuvo que las negociaciones con los gremios portuarios permitieron avanzar con una operatoria que las empresas se comprometieron a sostener, pese a la distancia de la zona de pesca.

El primer ingreso fue el del Americano, que amarró el domingo a las 19 y completó su descarga el lunes, en un tiempo que Klimenko calificó como récord. El buque trajo 2.700 cajones de merluza destinados al procesamiento en Pespasa y Carsa.

“Las negociaciones mantenidas han dado sus frutos”, afirmó el secretario al repasar el cronograma previsto para esta semana. Según detalló, el miércoles se espera la llegada del Luca Santino, que opera para Bentónicos, con otros 2.200 cajones. Para el jueves, en tanto, está anunciado el ingreso de un barco que trabaja para Vepez, cuya captura será destinada a la planta de la empresa de Luis "Gringo" Jones.

Klimenko remarcó que uno de los principales obstáculos es la ubicación del recurso, actualmente más al norte, lo que obliga a los fresqueros a realizar varias horas de navegación para llegar a Puerto Deseado.

“Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos”, señaló, y valoró que las empresas mantengan el compromiso de traer los barcos aun con esas dificultades. También aclaró que todas cuentan con cupo de merluza para abastecer sus plantas.

El funcionario también puso expectativas en la temporada de centolla. Al respecto, indicó que los buques se encuentran realizando tareas de arranche y preparación para comenzar las operaciones de pesca.

La merluza hubbsi tuvo un lugar destacado entre los productos que despertaron el interés de los compradores durante la última edición de Conxemar, en Vigo. Así lo señaló el director comercial de Iberconsa, Pablo Basso, quien describió una demanda firme tanto para el filet como para las presentaciones HGT.

“La merluza está con una demanda altísima”, afirmó en diálogo con Mar&Pesca. El ejecutivo vinculó ese comportamiento con una menor disponibilidad internacional de otras especies de pescado blanco, entre las que mencionó el Alaska pollock, (abadejo de Alaska).

Según explicó, la reducción de la oferta de esos productos había favorecido las consultas y los pedidos de merluza argentina, que encontró un escenario comercial favorable en sus distintas presentaciones.

Las cifras de exportación también reflejaron esa mejora. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas argentinas de filet de merluza alcanzaron las 53.248 toneladas, un 10,2% más que en igual período de 2025, y generaron ingresos por 188,3 millones de dólares, con una suba del 20,9%. El precio promedio aumentó un 9,7%, según el informe de CAPeCA elaborado sobre datos del INDEC.

España encabezó las compras, con 17.526 toneladas, seguida por Brasil, con 14.905 toneladas. El mercado brasileño mantuvo un volumen prácticamente estable, pero pagó un precio promedio un 12% superior al del año anterior, otra señal de la valorización del producto argentino.

Langostino y negociaciones para las fiestas

Al evaluar el movimiento comercial de Conxemar, Basso destacó la concurrencia de compradores europeos, principalmente de España, Italia y Ucrania. Describió una feria con numerosas reuniones y consultas, en la que las cadenas comerciales españolas volvieron a tener una participación importante.

En el caso del langostino, explicó que el encuentro había servido para avanzar en las negociaciones vinculadas con el consumo de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor interés para ese mercado.

“Hubo mucha reunión, mucha consulta”, resumió. Sin embargo, aclaró que, para Iberconsa, el nivel de consultas había sido similar al de la edición anterior, dentro de una relación comercial sostenida con compradores habituales.

“Siempre aparecen nuevas oportunidades y nuevos clientes”, señaló, aunque precisó que la compañía trabajaba con una cartera consolidada y con previsiones de producción acordadas con anticipación. Las reuniones permitieron revisar desarrollos de productos y discutir precios, volúmenes y tamaños.

Respecto de los calibres, indicó que el mercado español había concentrado sus requerimientos en L1 y L2, especialmente en este último. También mencionó la escasa participación del L3 en las capturas de la temporada, que estimó en torno al 3% o 4%.

De todos modos, sostuvo que la demanda se había distribuido entre distintos tamaños y que no había observado una búsqueda generalizada de un único calibre.

Cautela frente a la próxima temporada de calamar

Basso también calificó como bueno el año comercial del calamar, aunque fue prudente al referirse a las perspectivas de la siguiente campaña y evitó anticipar volúmenes para el próximo inicio de la actividad. Señaló que las capturas de calamar resultaban difíciles de prever y que habría que esperar los primeros resultados de la nueva temporada para contar con un panorama más preciso.

La merluza argentina logró una mejora de precio en Brasil, aunque ese avance todavía no se tradujo en un crecimiento de las toneladas exportadas. Durante los primeros nueve meses de 2026, el país vecino compró 14.905 toneladas de filet por 52,4 millones de dólares, con un valor FOB promedio de 3.513 dólares por tonelada.

Según las estadísticas de CAPeCA, elaboradas sobre datos del INDEC, el precio aumentó un 12% respecto del mismo período de 2025, mientras que el volumen permaneció prácticamente sin cambios. Brasil conservó así su lugar como segundo comprador de filet argentino, detrás de España, que adquirió 17.526 toneladas.

El desafío para las pesqueras pasa por convertir esa mejora comercial en nuevos pedidos. Y los compradores brasileños miran de cerca qué reciben por cada kilo: peso neto, uniformidad de los cortes, presencia de espinas y rendimiento después de la descongelación forman parte de la evaluación.

La compra se decide en la cocina

Una investigación de Seafood Brasil y American Seafoods sobre servicios gastronómicos y de alimentación institucional permite dimensionar esas exigencias. Entre los operadores consultados, el 71% prueba el pescado con su equipo de cocina antes de cerrar una compra.

El rendimiento aparece como una preocupación concreta: el 57% de los responsables relevados identifica el exceso de agua y el bajo aprovechamiento del producto como la principal causa de pérdidas económicas. Además, el 77% busca pescado porcionado, congelado individualmente —IQF— y con glaseado controlado.

La cuenta llega hasta el plato servido. Importa cuánto producto queda disponible después de descongelar y preparar cada porción, una condición especialmente sensible para hospitales, escuelas y comedores. El estudio corresponde a los establecimientos relevados y abarca distintas especies y proveedores.

Para la industria argentina, esas preferencias abren una oportunidad para productos con mayor elaboración. Aprovecharla requiere sostener calidad, presentaciones uniformes y continuidad de entrega.

Las pesqueras buscan ampliar su lugar

Con ese escenario de fondo, Conarpesa, Iberconsa, Newsan y Buena Proa participaron de Seafood Show Latin America, realizada del 20 al 22 de octubre en San Pablo. Las empresas integraron la representación nacional acompañada por PromArgentina y el Consejo Federal Pesquero, bajo la marca Mar Argentino, salvaje y austral.

La exposición permitió tomar contacto con importadores, distribuidores y compradores del comercio y la gastronomía brasileña, canales decisivos para ampliar la presencia de los productos argentinos.

Conarpesa y Wofco mueven sus fichas

Durante el encuentro, Wofco y Conarpesa anunciaron que proyectan contar en 2027 con una representación comercial y de ventas en los estados de Río de Janeiro y San Pablo.

La iniciativa fue comunicada por Christian Córdoba Canosa y apunta a desarrollar una estructura propia de comercialización y distribución para aumentar la colocación de merluza, langostino y calamar, junto con otros productos de su oferta.

La merluza ya tiene un lugar ganado en Brasil. El próximo paso será ampliar las toneladas vendidas y sostener el valor conseguido, con una oferta que responda a las condiciones que los compradores ponen sobre la mesa.

El presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, consideró que la recuperación de los mercados de merluza representa una oportunidad para generar trabajo en las plantas de Santa Cruz, aunque advirtió que aprovecharla requiere acuerdos laborales, condiciones de competitividad y una participación activa del Estado.

En diálogo con Mar&Pesca tras la feria Conxemar, el dirigente empresario sostuvo que la discusión sobre el futuro de Puerto Deseado debe contemplar otras alternativas productivas frente al desplazamiento del langostino hacia zonas más alejadas del puerto.

Consultado sobre el impacto de esa migración, reconoció el cambio en la distribución del recurso, pero planteó que las posibilidades de la industria no se agotan en esa pesquería. En ese sentido, puso el foco en la merluza, su recuperación comercial y la experiencia de los trabajadores santacruceños para procesarla.

“Cuando vemos la recuperación comercial que ha tenido la merluza”, señaló, aparecen oportunidades vinculadas con el oficio de las plantas de Santa Cruz y con lo que describió como una crisis de oferta de pescado blanco en el mundo.

De la Fuente propuso pensar el desarrollo pesquero desde una perspectiva regional, que permita complementar la disponibilidad de materia prima con la infraestructura y la mano de obra existentes. Al comparar la situación con Chubut, sostuvo que la capacidad de procesamiento instalada en Santa Cruz puede ocupar un lugar importante en ese esquema.

“Yo creo en las construcciones estratégicas regionales de la capacidad instalada”, afirmó. En ese marco, mencionó la necesidad de actualizar el Convenio del Golfo y adecuarlo a las condiciones actuales de la actividad.

La posibilidad de avanzar con el procesamiento de merluza también llevó la conversación hacia las dificultades de Vieira para alcanzar un acuerdo laboral. Ante esa consulta, el titular de CAPIP insistió en que los objetivos productivos de las empresas necesitan del acompañamiento de los trabajadores.

Consideró que el recurso humano y el riesgo empresario son componentes necesarios de cualquier proyecto y remarcó que la puesta en marcha de una actividad exige trabajo concreto y capacitación. “Cortar merluza no se puede practicar con un simulador”, expresó.

Sin dar por cerrada la discusión, defendió la continuidad de las negociaciones. “Hay que seguir dialogando y ponerse de acuerdo. Es el único camino. Nadie va a empujar al otro a lo que no quiera”, sostuvo.

El dirigente también hizo una evaluación favorable de las gestiones para mejorar las condiciones de funcionamiento de los puertos santacruceños. Mencionó conversaciones con el gobernador y valoró la búsqueda de mayor armonía, reglas claras y apoyo para generar actividad en Puerto Deseado y Caleta Olivia.

La discusión sobre los costos ocupó otro tramo de la entrevista. De la Fuente señaló que el sector exporta más del 90% de su producción y debe adecuarse a precios internacionales sobre los que tiene escaso margen de decisión.

En ese contexto, cuestionó costos que consideró “desorbitantes” e “incoherentes” y sostuvo que la competitividad requiere revisar distintos componentes de la actividad, desde las condiciones laborales hasta la carga tributaria, los servicios y los insumos.

Consultado sobre las negociaciones para reducir costos, prefirió hablar de “adecuaciones” y defendió la necesidad de discutirlas con sinceridad y buena fe. Aseguró que las empresas valoran el oficio de sus trabajadores, pero necesitan sostener la rentabilidad para continuar operando.

También reclamó que el Estado forme parte de esas conversaciones. Si bien reconoció que puede optar por no intervenir en discusiones entre empresas y gremios, recordó que las condiciones arancelarias, las retenciones y los tributos dependen de decisiones públicas.

“A esa mesa no puede faltar el Estado”

Al evaluar el año pesquero, De la Fuente recordó los conflictos de 2025 y las discusiones que atravesó la flota congeladora de langostino para sostener la actividad. Se refirió a las negociaciones sobre la liquidación por producción y sostuvo que el diálogo permitió avanzar hacia una temporada que calificó como buena, tanto por los resultados de pesca y la eficiencia como por la respuesta de los mercados.

Según su balance, ese desempeño permitió que muchas familias vinculadas con la actividad terminaran la temporada nacional con satisfacción. “Vamos aprendiendo de los errores de todos”, expresó, y volvió a señalar al diálogo como una herramienta necesaria para resolver diferencias.

En el plano comercial, el presidente de CAPIP valoró tanto la participación en Conxemar como la ronda de negocios realizada en París. Destacó el trabajo conjunto entre el sector privado, el Estado nacional, las provincias y la embajada para dar mayor visibilidad a los productos pesqueros argentinos y explorar mercados menos desarrollados.

Sobre la experiencia en Francia, remarcó que tuvo una dinámica distinta de la habitual en las ferias, con objetivos orientados a ampliar las ventas, generar divisas y sostener empleo en la Argentina.

De la Fuente consideró que ese acompañamiento expresa un mayor reconocimiento político de la importancia de la pesca y planteó que debe sostenerse más allá de las diferencias partidarias. También señaló al relanzamiento de la marca Mar Argentino como uno de los próximos objetivos para fortalecer la presencia del sector en el exterior.

El presidente del grupo CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, salió al cruce de declaraciones formuladas por el secretario gremial del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), Jorge Maldonado, en relación con la discusión existente entre las partes por la forma en que se liquida el Sueldo Anual Complementario de los trabajadores maquinistas.

El empresario reveló que, durante una reunión celebrada en Vigo con representantes del sindicato y con la presencia de varios testigos, dejó expresamente planteado que “no moveríamos los barcos mientras no se definiera el método de liquidación de los aguinaldos”.

Agregó que “manifestamos nuestra disposición a resolver el tema de los juicios y establecer un acuerdo que deje contentos a todos, pero que no podemos salir en las condiciones actuales para someternos a nuevas demandas que hagan tambalear a la empresa”.

Álvarez Castellano reiteró que “nosotros queremos pagar por los días trabajados, que es lo que corresponde por ley, y no como lo estipulan los usos y costumbres del sindicato, que ellos mismos reconocen que resulta totalmente abusivo”.

El empresario indicó que “SICONARA y sus maquinistas no se pueden desligar del problema que ellos mismos causan, aprovechándose de la industria del juicio y del aceitado entramado judicial que han creado alrededor de CONARPESA y AGROPEZ”, y agregó que “yo no voy a exponerme a la voluntad de ellos, arriesgando el futuro de mis empresas”.

El directivo pesquero puntualizó que “el SICONARA propone salir a trabajar y en el medio de la zafra seguir discutiendo el tema, pero nosotros queremos arreglar el tema de la liquidación del aguinaldo antes de salir a pescar porque no voy a abrir la puerta a que nos sigan cayendo juicios por todos lados”.

Álvarez Castellano subrayó que “hay que parar con esta industria del juicio y con las sentencias de locura que fija el poder judicial de turno”, y recordó que “hace poco tiempo una demanda por 13 millones de pesos terminó en una sentencia por 300 millones”.

“Esto se resuelve de una sola forma”, expresó el titular de CONARPESA, y añadió: “no se sale a trabajar hasta que los afiliados del SICONARA y la empresa no solucionemos este asunto”.