La temporada nacional de langostino comienza a transitar su recta final con rendimientos que vienen mostrando una marcada disminución y con la flota buscando nuevas concentraciones que permitan sostener la actividad algunas semanas más.

En ese escenario, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera autorizó el inicio de una nueva prospección dentro del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), esta vez sobre las subáreas 9 y 13.

La evaluación comenzará este lunes 17 de agosto y tendrá una duración de cuatro días efectivos de pesca. Los buques podrán ingresar a las zonas asignadas desde las 00:00 para realizar tareas de búsqueda ecoica, mientras que las operaciones de pesca comenzarán formalmente a las 07:00.

La expectativa estará puesta en determinar si ambos sectores todavía mantienen concentraciones de langostino en volúmenes y tallas comerciales que permitan avanzar con una eventual apertura y, de esa manera, extender una temporada que comienza a mostrar signos claros de agotamiento.

Diez buques irán en busca del recurso

En la subárea 9 participarán los buques María Alejandra 1°, Mar Sur, Bogavante Segundo, Yenu y Graciela 1, mientras que en la subárea 13 operarán Valiente II, Miércoles Santo, Miriam, Argenova XXIII y Luca Santino.

Cada embarcación contará con un observador designado por el INIDEP, encargado de relevar los rendimientos por lance, tallas, distribución por sexo y producción por categoría comercial.

También se analizará la presencia de especies acompañantes, particularmente los niveles de captura incidental de merluza hubbsi, uno de los parámetros determinantes para resolver posteriormente una eventual habilitación comercial.

Una apuesta para estirar la temporada

La subárea 9 se encuentra comprendida entre los paralelos 43°00' S y 44°00' S y los meridianos 60°00' O y 61°00' O, mientras que la subárea 13 está delimitada por los paralelos 45°00' S y 46°00' S y los meridianos 63°00' O y 64°00' O.

Los resultados de los cuatro días de prospección serán claves para definir si alguno de estos sectores puede incorporarse a la operatoria comercial.

Con agosto avanzado y una temporada que comienza a quedarse sin grandes concentraciones, la mirada de la flota estará puesta en estas dos subáreas. Encontrar langostino en cantidades y tallas comerciales podría darle algo más de recorrido a una zafra que ya transita sus últimas semanas.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, arribó ayer a Caleta Olivia y mantuvo reuniones con representantes políticos y referentes de los distintos sectores vinculados a la actividad pesquera, luego de la movilización realizada la semana pasada y la entrega de un petitorio que reunió los principales reclamos del sector.

Entre los puntos centrales del documento figuraba el pedido de suspender el proceso de cuotificación de la cuota social de merluza hasta que se conocieran con claridad los parámetros y mecanismos que se utilizarán para distribuirla.

El planteo había surgido en medio de la preocupación por la falta de actividad que atraviesa el sector y la necesidad de conocer de qué manera se realizará el reparto de un recurso que resulta clave para sostener el procesamiento en tierra y las fuentes laborales vinculadas a la pesca.

La cuotificación quedará para el próximo año

Según señalaron referentes que participaron del encuentro, las autoridades comunicaron que el proceso de cuotificación no avanzará durante lo que resta de 2026 y su tratamiento quedará postergado hasta el próximo año.

La decisión fue recibida con satisfacción por los trabajadores, que la consideraron uno de los primeros resultados concretos obtenidos luego de la movilización y la presentación del petitorio.

“Lo más importante es que decidieron frenar la cuotificación para analizar bien todo y escuchar a los distintos actores. Nosotros lo tomamos como un logro”, señalaron a Mar&Pesca fuentes del sector.

La postergación permitirá abrir una instancia de discusión sobre los criterios que se utilizarán para distribuir la cuota social y conocer qué parámetros se tendrán en cuenta antes de avanzar con un nuevo esquema.

Sin cambios en las zonas de pesca de la Flota Amarilla

Otro de los reclamos planteados durante la reunión estuvo relacionado específicamente con las zonas de pesca de la Flota Amarilla de Caleta Olivia.

Los referentes habían manifestado su preocupación ante posibles modificaciones en las áreas donde históricamente operan las embarcaciones locales y por el eventual ingreso de barcos provenientes de Rawson.

Según indicaron tras el encuentro, recibieron el compromiso de que no habrá cambios en las actuales zonas de pesca.

“Le planteamos a la ministra que no se pueden cambiar las reglas de juego. Si se puso un colchón es para proteger el recurso y para que puedan seguir pescando las futuras generaciones”, señalaron.

Los trabajadores explicaron además que durante la reunión se detalló a la funcionaria cómo están delimitadas las distintas áreas y cuál es la importancia que tienen para la operatoria de la flota local. “Nos dijeron que no se iba a tocar nada y eso nos dio tranquilidad”, remarcaron.

Una posible cuota de Chubut

Durante el encuentro también se habló de gestiones para alcanzar un acuerdo que permita disponer de un volumen adicional de cuota de merluza proveniente de Chubut.

Desde el sector señalaron que, de concretarse, la medida permitiría incrementar las capturas destinadas a procesamiento y generar mayor actividad en las plantas en tierra. “Eso nos aliviaría bastante y generaría mayor trabajo en tierra”, expresaron.

La reunión dejó así dos definiciones sobre reclamos diferentes que habían sido planteados por el sector: la postergación hasta 2027 de la cuotificación de la cuota social de merluza y el compromiso de mantener sin modificaciones las zonas de pesca de la Flota Amarilla.

Los desembarques de la pesca marítima argentina cerraron los primeros siete meses de 2026 con números en alza y el langostino aparece como uno de los principales responsables del crecimiento registrado respecto del año pasado.

Según datos de la Dirección de Planificación Pesquera (DPP), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, entre enero y julio se desembarcaron 584.928 toneladas, frente a las 506.144 toneladas contabilizadas durante el mismo período de 2025. La diferencia representa un incremento del 16% interanual.

El volumen acumulado también superó los registros correspondientes a los primeros siete meses de 2023 y 2024, cuando los desembarques habían alcanzado 481.175 y 533.739 toneladas, respectivamente.

El salto del langostino

Dentro de las principales especies, el dato más significativo corresponde al langostino, que acumuló 144.137 toneladas y registró un crecimiento del 121% respecto de 2025.

De esta manera, los desembarques de la especie más que duplicaron los registrados durante igual período del año pasado y tuvieron un peso importante en el crecimiento general de las descargas pesqueras.

También hubo números positivos para la merluza hubbsi. La correspondiente al stock norte del paralelo 41° alcanzó las 13.078 toneladas, con un aumento interanual del 37%, mientras que la merluza hubbsi al sur del 41° registró una suba del 13%.

La polaca, por su parte, llegó a 7.872 toneladas, un 10% por encima del mismo período de 2025.

Otro incremento considerable se observó en la anchoíta, con 4.548 toneladas desembarcadas, frente a apenas 91 toneladas contabilizadas durante los primeros siete meses del año pasado.

Merluza negra y centolla también crecieron

Dentro del conjunto de otras especies, que acumuló 28.788 toneladas, la merluza negra alcanzó las 2.811 toneladas y mostró una mejora del 11% interanual.

La centolla registró 1.053 toneladas, con un crecimiento del 1%, mientras que la vieira se ubicó en 2.807 toneladas y presentó una caída del 21% respecto de 2025.

Las cifras surgen del Sistema General de la Pesca y muestran un escenario de crecimiento de los desembarques nacionales durante los primeros siete meses del año, impulsado especialmente por el fuerte aumento registrado en las capturas de langostino.

En medio del mar y a 194 kilómetros de la costa (105 millas náuticas), la Prefectura Naval Argentina realizó una aeroevacuación de emergencia de un tripulante que se encontraba a bordo del buque pesquero “Magdalena”.

El procedimiento se inició cuando el capitán de la embarcación informó al Centro Gestión Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia que uno de los tripulantes, de 47 años, presentaba dolor en el pecho y en la zona baja del lado izquierdo, acompañada con hipertensión arterial.

De inmediato, se realizó una radioconsulta con médicos de la Fuerza, quienes indicaron medicación, reposo y el desembarco del hombre. Ante la persistencia del cuadro clínico y luego de una nueva evaluación médica, los profesionales recomendaron realizar una aeroevacuación, por lo que se activó el operativo de rescate.

De inmediato, la Autoridad Marítima nacional desplegó el avión PA-25 y el helicóptero PA-41, que partieron desde Viedma y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

Luego de las maniobras de aproximación, el paciente fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado por vía aérea hasta tierra firme, donde lo aguardaba una ambulancia para su derivación a un centro asistencial y la continuidad del tratamiento médico.

Por el momento, el hombre quedó internado en el área de terapia intensiva para la realización de estudios médicos.

La empresa CONAVAL II S.R.L. quedó en las últimas horas en el centro de las críticas luego de que saliera a la luz un video que mostraba la descarga de varios caños extraídos del buque Ulises.

Las imágenes provocaron todo tipo de reacciones y el hecho fue señalado como un robo y un aprovechamiento sobre bienes ajenos. Sin embargo, la aparición de un documento dio un giro al caso: la empresa contaba con una autorización para retirar ese material.

“La gente le da mucho color”, señalaron fuentes de la compañía consultadas por Mar&Pesca, quienes aseguraron que la extracción había sido autorizada por el jefe de la UNEPOSC, Walter Uribe, y que existía documentación que respaldaba la operación.

Y el documento existe.

Fechada el 8 de julio de 2026, la nota establece expresamente que “la empresa CONAVAL II S.R.L. CUIT 30-71130188-3, se encuentra autorizada a realizar extracción de cañería de serpentina en desuso del B/P ULISES”.

La autorización lleva la firma de Jorge González, identificado como armador; de Isabel Moisés Vogt, del Área Administración Operativa del Puerto Caleta Paula de UNEPOSC; y cuenta además con la intervención de Prefectura Naval Argentina.

No sería la primera vez

Fuentes allegadas a CONAVAL II reconocieron que los caños fueron retirados por estibadores contratados por la compañía y que la tarea demandó alrededor de dos horas. También rechazaron que se haya tratado de un robo.

“Son arreglos que la empresa tiene con Uribe”, sostuvo una de las fuentes, que fue más allá y reconoció que no sería la primera vez que se retiran elementos del Ulises.

“Recién ahora vienen a hacer tanto escándalo. Desde hace rato que tenemos el permiso del jefe de Puertos, Walter Uribe, para llevarnos material del barco”, afirmó.

Según relató, en una oportunidad anterior también retiraron del buque una pieza destinada a reparar un motor que resultaba difícil de conseguir.

La fuente contó que entonces consultó si podían tener inconvenientes por la situación judicial de la embarcación.

“Yo le pregunté si eso podía generar algún problema porque, hasta donde sabemos, ese barco está interdicto por la Justicia Federal, pero Uribe me dijo que él era el jefe y que el barco es de la Provincia”, aseguró.

“Si eso es un delito, no lo sé, pero acá está la nota de que nos autorizaron”, agregó.

De todos modos, la autorización confirma que el retiro de los caños registrado en el video contaba con permiso. Pero el documento no termina con la polémica y muchos creen que el desmantelamiento del buque ya está oficializado.

El Ulises permanece interdicto desde hace años en Caleta Paula y ahora queda por determinar quién tiene facultades para disponer del mismo, cuál es el alcance de la autorización otorgada a una empresa privada y qué ocurrió con los demás elementos que, según las propias fuentes de la compañía, ya habían sido retirados de la embarcación.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, llegará esta tarde a Caleta Olivia para reunirse con referentes del sector pesquero, en medio del conflicto por fuerte caída de la actividad en Caleta Paula.

La convocatoria fue organizada mediante encuentros por separado, una modalidad que no cayó bien entre los distintos sectores, que ya anticiparon que se presentarán unidos.

“Nos citó por grupos, pero vamos a ir todos juntos. La pesca es una sola”, señalaron referentes consultados por Mar&Pesca.

Uno de los puntos centrales será la cuotificación de la cuota socila de merluza, un proceso que viene generando fuertes cuestionamientos en Caleta Olivia. Los representantes buscarán conocer los criterios que se utilizarán para llevar adelante el proceso y solicitar  explicaciones sobre una distribución que consideran perjudicial para la actividad local.

La Flota Amarilla llevará sus reclamos

Otro de los temas que promete una discusión fuerte será la situación de la Flota Amarilla y sus áreas habituales de pesca.

Referentes del sector cuestionaron recientes declaraciones de Ricci, quien negó que se hayan modificado zonas para favorecer el ingreso de embarcaciones provenientes de Rawson.

Desde la Flota Amarilla sostienen lo contrario y aseguran contar con resoluciones que respaldan su posición.

“Dice que nunca se modificó la zona para meter barcos de Rawson, pero tenemos las resoluciones que dicen otra cosa”, afirmó una fuente del sector.

El referente endureció sus críticas y sostuvo que “Ricci miente o no conoce nada de pesca”, al tiempo que puso a disposición de Mar&Pesca documentación que, según señaló, muestra las modificaciones realizadas sobre las áreas donde opera la flota menor.

La llegada de la ministra encontrará así a los distintos sectores con una decisión tomada: pese a haber sido convocados por separado, irán juntos al encuentro para reclamar respuestas sobre la escasa actividad que golpea al puerto santacruceño.

Vepez se prepara para ampliar su operatoria pesquera en Santa Cruz con la incorporación de un nuevo permiso para la captura de calamar y una alianza empresarial que le permitirá sumar 4.000 toneladas de merluza para su procesamiento en la provincia.

En diálogo con Mar&Pesca, el presidente de la compañía, Luis “Gringo” Jones, destacó el crecimiento de la firma con asiento en Caleta Olivia y Puerto Deseado, y ratificó la decisión de continuar apostando al procesamiento en tierra y la elaboración de productos con valor agregado.

 Un potero con asiento en Puerto Deseado

Jones confirmó que Vepez obtuvo uno de los 18 permisos otorgados recientemente por el Consejo Federal Pesquero para incorporarse a la pesquería de calamar. El proyecto contempla la operación de un buque potero con asiento en Puerto Deseado y establece el reproceso en plantas de Santa Cruz del 20 % de sus capturas durante los 18 años de vigencia del permiso.

De esta manera, la compañía sumará una nueva pesquería a su operatoria y, al mismo tiempo, incorporará materia prima destinada a las plantas instaladas en la provincia.

 Una alianza que suma 4.000 toneladas de merluza

A la incorporación del potero se suma un acuerdo que Vepez está conformando con las empresas Mirabella y Fuertes Vientos para ampliar su operatoria en la pesquería de merluza.

Según detalló Jones, Vepez aportará tres buques, mientras que las otras compañías incorporarán los permisos nacionales junto con una cuota de 4.000 toneladas de merluza, que será procesada en Santa Cruz.

“Seguimos apostando a Santa Cruz como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Somos una empresa 100 % santacruceña, por lo que nuestro corazón está en la provincia”, sostuvo.

 Valor agregado con casi 3.000 toneladas de langostino

 El procesamiento en tierra constituye otro de los ejes de la compañía. Vepez trabaja desde hace años con langostino y elabora, entre otros productos, pelado y desvenado, agregando una nueva etapa industrial a la materia prima antes de su comercialización.

Para este año, Jones estimó que la firma estará cerca de alcanzar las 3.000 toneladas de langostino procesadas en sus plantas de Santa Cruz.

La dimensión de la operatoria de la compañía también queda reflejada en los números de 2025. Según precisó el empresario, durante el año pasado ingresaron a sus plantas unas 20.000 toneladas de distintas especies, que fueron procesadas en su totalidad.

Parte de esa materia prima proviene de aguas nacionales y es desembarcada por buques en puertos de otras provincias. Posteriormente, la empresa la traslada en camiones hacia Santa Cruz para procesarla en sus establecimientos.

Jones destacó además que la compañía viene ampliando la elaboración de productos terminados. “Por suerte, cada vez más. Elaboramos diversos productos destinados a góndolas de distintos países”, señaló.

Más de 900 puestos de trabajo

La actividad en las plantas tiene su correlato en el empleo. Actualmente, entre personal en relación de dependencia y trabajadores vinculados mediante cooperativas, más de 900 personas dependen de la operatoria de Vepez.

“Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar día a día con el crecimiento de nuestra provincia”, afirmó Jones.

Respecto de la cuota social de merluza, el empresario indicó que el aporte provincial representa aproximadamente un 35 % de la materia prima que recibe la compañía por esa vía, aunque aclaró que en ese momento no contaba con el porcentaje exacto. El resto, explicó, proviene de la operatoria que Vepez mantiene con distintos proveedores.

Jones espera recibir a las autoridades para mostrar la apuesta por el valor agregado

Al ser consultado sobre el incentivo provincial a la elaboración de productos con valor agregado, Jones señaló que hasta el momento las actuales autoridades de Pesca y Producción no han recorrido las instalaciones de la empresa, aunque expresó su expectativa de poder recibirlas próximamente para mostrar el trabajo que Vepez viene desarrollando en sus plantas.

“La verdad es que no hemos tenido la suerte de recibir la visita de las actuales autoridades de Pesca ni de Producción. Seguramente por sus agendas no debe ser fácil coordinar una visita, pero no dudamos de que en el corto plazo tendremos la oportunidad de recibirlos”, expresó.

El empresario destacó que la compañía viene profundizando su apuesta por el procesamiento en tierra y la elaboración de productos con mayor valor agregado, una actividad que, además de generar empleo, permite que una mayor parte del proceso productivo se realice dentro de Santa Cruz.

Jones sí destacó las visitas realizadas por el gobernador Claudio Vidal. “Es gratificante el reconocimiento al esfuerzo por parte de la máxima autoridad de la provincia, alentándonos a invertir y a seguir generando empleo en nuestras localidades”, sostuvo.

“Poner un tope sería castigar a quienes invirtieron”

Jones también se refirió al proceso de cuotificación de la merluza que pretende implementar la provincia y consideró necesario conocer primero el método que se utilizará para distribuir las asignaciones antes de fijar una posición definitiva.

“Estamos a la espera del método o la fórmula que se implementará para emitir una opinión. Si la misma se realiza con transparencia y honestidad, no tendría por qué haber nadie molesto”, señaló.

Para el presidente de Vepez, entre los parámetros deberían contemplarse la cantidad de puestos de trabajo, las inversiones realizadas, las descargas efectuadas en Santa Cruz y la antigüedad de cada empresa.

Sin embargo, planteó reparos ante la posibilidad de establecer un límite en las asignaciones independientemente de esos antecedentes.

“Si factores como la cantidad de empleo, las inversiones, las descargas en nuestra provincia y la antigüedad se tienen en cuenta sin fijar un tope a las empresas, tampoco tendría por qué haber problemas”, afirmó.

Y cerró con una definición sobre ese punto: “Establecer un tope a quienes hicimos todos los deberes sería, literalmente, un castigo por haber invertido y generado mano de obra en nuestra provincia, y no creo que ese sea el espíritu de la medida”.

Cuatro empresas presentaron ofertas para ejecutar las obras de reconstrucción del Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado, en el marco de la Licitación Pública N.º 01/2026.

La apertura de sobres dio paso a la etapa de evaluación de las propuestas técnicas y económicas. Las firmas que participan de la convocatoria son Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $12.821.572.221 y será financiada mediante recursos del Fondo UNIRSE, provenientes de aportes vinculados a empresas mineras y petroleras.

A partir de ahora, las comisiones evaluadoras de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.) deberán analizar la documentación y las ofertas presentadas antes de avanzar con la adjudicación de los trabajos.

La intervención tiene como uno de sus principales objetivos recuperar infraestructura portuaria actualmente fuera de servicio y ampliar la capacidad operativa y de amarre de Puerto Deseado.

La recuperación del Sitio N.º 4 permitirá sumar espacio de muelle para la atención de buques, una necesidad que cobra especial importancia durante los períodos de mayor movimiento pesquero, cuando la disponibilidad de sitios de amarre resulta limitada.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Vidal se refirió precisamente a esta situación y señaló que en momentos de mayor actividad algunos buques deben permanecer fuera de la terminal por falta de capacidad.

“Hay algo que sucede, más que nada en los momentos en donde tenemos mucha actividad, que quedan los barcos fuera del puerto, porque no hay capacidad operativa, no hay capacidad de amarre. Bueno, esto va a cambiar esa situación”, sostuvo.

Vidal destacó además la magnitud económica de la intervención y la importancia que tendrá para la actividad portuaria. “Esta obra, más allá de que es la obra más costosa, hablando de lo económico, y que se paga o se financia a través del UNIRSE, es una obra que permite mejorar el presente y garantizar el futuro”, afirmó.

El mandatario vinculó además la recuperación de la infraestructura con la generación de empleo y con los servicios que se desarrollan alrededor de la actividad pesquera y portuaria. En ese marco, sostuvo que la inversión responde a reclamos planteados durante años por trabajadores y empresas.

“Como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, expresó.

Con la apertura de sobres concluida, el proceso ingresa ahora en la instancia de evaluación de las cuatro propuestas. Una vez finalizado ese análisis, se avanzará hacia la adjudicación de los trabajos para recuperar uno de los sectores destinados a ampliar la capacidad operativa del puerto de Puerto Deseado.

Conarpesa, a través de Cía. Pesquera del Sur S.A., comprometió el reproceso del 20% de las capturas de su nuevo buque potero en la planta que la compañía posee en Caleta Paula, actualmente alquilada a Pesca Atlántica.

El compromiso forma parte del proyecto recientemente aprobado por el Consejo Federal Pesquero (CFP), que otorgó el permiso para la incorporación de la nueva embarcación a la pesquería del calamar.

Si bien el potero tendrá como puerto de asiento Puerto Madryn, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó en diálogo con Mar&Pesca que la intención es realizar en Santa Cruz el 20% de reproceso exigido.

La incorporación del buque comenzará a tomar forma en septiembre, cuando Álvarez Castellano viaje a Tailandia para concretar la operación de compra.

Según detalló el empresario, se trata de un potero de 69 metros de eslora, con una capacidad de bodega de 1.000 toneladas y una capacidad de congelación de 180 toneladas diarias.

“Es un buque se va a llamar Puerto Madryn 1995, que es la fecha en que yo llegué a Madryn”, señaló Álvarez Castellano.

El permiso otorgado por el Consejo Federal Pesquero tendrá una vigencia de 21 años y la intención de la compañía es concretar la compra y el traslado de la embarcación para tenerla operativa durante la próxima temporada de calamar.

Respecto del reproceso obligatorio, Álvarez Castellano señaló que “casi seguramente” se realizará en Santa Cruz y explicó que la decisión apunta también a generar actividad en Caleta Paula durante la temporada baja, cuando disminuye el procesamiento de merluza.

“Hay que hacer el 20% de reproceso, lo cual casi seguramente lo haga en la provincia de Santa Cruz, en agradecimiento a las autoridades y en reconocimiento a la mano que dan a la gente que nos tiene alquilada la planta de Caleta Paula, para que la gente tenga continuidad laboral y pueda trabajar todo el año”, sostuvo.

De esta manera, aunque el nuevo potero tendrá su puerto de asiento en Puerto Madryn, el reproceso comprometido por Conarpesa podría contribuir a sostener la actividad en la planta de Caleta Paula durante los meses en que disminuye el procesamiento de merluza.

El ingreso de barcos provenientes de Rawson a sectores donde habitualmente opera la Flota Amarilla encendió un nuevo frente de conflicto en Caleta Olivia. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Carlos Busellato reclamó preservar el área de trabajo de la flota local y, al mismo tiempo, resguardar una zona que considera fundamental para la conservación de la merluza.

El dirigente planteó que las embarcaciones llegadas desde Chubut deberían desarrollar sus operaciones en la denominada zona B y no avanzar sobre el espacio utilizado tradicionalmente por la flota “nativa”.

Pero el reclamo no se limita a una disputa por zonas de pesca. Ante El Caletense Radio, Busellato, puso especial énfasis en la necesidad de mantener protegida la franja comprendida entre las 20 y 30 millas, a la que señaló como un área importante para sostener el ciclo biológico del recurso y evitar una mayor presión pesquera.

El planteo coloca también bajo la lupa al Gobierno de Santa Cruz, que permite el ingreso de estas embarcaciones a aguas provinciales. La discusión cobra mayor relevancia en momentos en que el sector local reclama no solamente actividad y puestos de trabajo, sino también reglas que permitan sostener el recurso del que depende buena parte de la economía pesquera de Caleta Olivia.

La merluza representa, según Busellato, entre el 90 y el 95 por ciento de la actividad pesquera de la ciudad. Por eso, cualquier disminución en las capturas tiene consecuencias inmediatas sobre toda la cadena: marineros, estibadores, trabajadores de las plantas procesadoras y también las empresas que dependen de la continuidad de las operaciones.

El reclamo del SOMU aparece además después de la masiva movilización protagonizada por el sector pesquero de Caleta Olivia y en medio del fuerte debate generado por el proceso de cuotificación de la merluza.

Para el gremio, la discusión no puede reducirse únicamente a cómo se distribuyen las capturas. También debe contemplar dónde se pesca, qué presión soporta cada zona y de qué manera se protege el recurso para garantizar actividad en el tiempo.

En ese escenario, el ingreso de barcos provenientes de Rawson suma un interrogante para la política pesquera provincial: mientras Caleta Olivia reclama previsibilidad, trabajo y protección de su principal recurso pesquero, Santa Cruz permite el ingreso de embarcaciones de otra jurisdicción a sectores sobre los cuales ahora el SOMU pide mayores resguardos.

Busellato advirtió además sobre la fragilidad económica que atraviesan los trabajadores, cuyos ingresos dependen directamente de las capturas, mientras los armadores deben afrontar costos operativos y de combustible cada vez mayores.

Ante esta situación, el SOMU de Caleta Olivia trabaja en una propuesta que será elevada a la conducción nacional del sindicato y presentada ante el Ministerio de Trabajo y el sector empresario, con el objetivo de buscar mecanismos que aporten estabilidad, preserven las fuentes laborales y permitan sostener una actividad estrechamente ligada a la disponibilidad de merluza.

El remolcador de bandera argentina Atlantic Dama encalló este sábado en la costa norte de Punta Villarino, cerca de la Terminal Portuaria Patagonia Norte en San Antonio Este, tras una presunta mala maniobra durante sus tareas operativas.

La embarcación, identificada con la matrícula 0350, se encontraba realizando relevamientos geofísicos en la zona. El buque estaba contratado por empresas del sector de hidrocarburos para brindar apoyo logístico en la construcción de tendidos de oleoductos y gasoductos en la costa atlántica rionegrina.

Tras el incidente, los tripulantes establecieron contacto inmediato con la Prefectura Naval Argentina para informar sobre la situación. De acuerdo con lo confirmado al medio Informativo Hoy, la autoridad marítima trabajó en el lugar para evaluar el estado del buque y coordinar las tareas necesarias para su remoción, dado que el Atlantic Dama es una unidad especializada en el apoyo a plataformas marítimas petroleras y gasíferas.

Puerto Deseado quedó bien posicionado dentro de la nueva incorporación de buques poteros a la pesquería del calamar, luego de que el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobara 18 proyectos y autorizara la emisión de los correspondientes permisos de pesca.

La definición es el resultado de una convocatoria impulsada en el ámbito nacional mediante la Resolución CFP N° 6/2026, posteriormente modificada por la Resolución N° 8/2026, destinada a la presentación de proyectos para la explotación del calamar argentino mediante buques poteros.

Entre los 18 proyectos que superaron la evaluación y quedaron dentro del orden de mérito, seis comprometieron más del 50% de sus desembarques en Puerto Deseado: Glaciar Pesquera, Pesquera Deseado, Bentónicos de Argentina, Proel Procesados y Elaborados, Rusbuilding y Vuogafe.

El compromiso con el puerto deseadense no fue un dato menor dentro de la evaluación. El esquema establecido para la convocatoria otorgó 25 puntos a los proyectos que fijaran más del 50% de sus desembarques en Puerto Deseado, puntaje que terminó teniendo incidencia en la posición alcanzada por las empresas.

Uno de los casos más destacados fue Glaciar Pesquera, que obtuvo 350 puntos y encabezó el orden de mérito junto con Semaloma. En su evaluación sumó 25 puntos por comprometer más de la mitad de sus desembarques en Puerto Deseado.

También tuvo una fuerte ubicación Pesquera Deseado S.A.U., que terminó cuarta con 290 puntos y quedó en condiciones de acceder a un permiso por 21 años.

La compañía sumó 30 puntos por el porcentaje de tripulación argentina, 40 por presentar un buque nuevo a construirse en un astillero extranjero, 40 por propiedad de planta de proceso, 70 por sus 561 trabajadores registrados, 25 por comprometer más del 50% de sus desembarques en Puerto Deseado, 35 por la cantidad de poteros del grupo empresario y otros 50 por proyectar un procesamiento en tierra del 21%.

Bentónicos de Argentina y Proel Procesados y Elaborados quedaron en los puestos quinto y sexto, respectivamente, ambas con 285 puntos. Vuogafe alcanzó el noveno lugar con 260 puntos y Rusbuilding se ubicó undécima, también con 260.

De esta manera, un tercio de los 18 proyectos finalmente seleccionados asumió compromisos de descarga superiores al 50% en Puerto Deseado, un dato que abre expectativas sobre el movimiento que podrían generar las nuevas unidades para el puerto, la estiba y el procesamiento en tierra.

La convocatoria había recibido 27 proyectos, aunque no todos lograron superar la evaluación. Algunas propuestas fueron declaradas inadmisibles por incumplimientos en los requisitos y una presentación fue rechazada por haber ingresado fuera de término.

Finalmente, el orden de mérito quedó encabezado por Glaciar Pesquera y Semaloma, ambas con 350 puntos y permisos previstos por 24 años. Compañía Pesquera del Sur quedó tercera con 300 puntos y Pesquera Deseado cuarta con 290.

El CFP resolvió aprobar los primeros 18 lugares y autorizar permisos exclusivos para la captura de calamar con poteras, con una duración determinada por el puntaje alcanzado por cada proyecto.

Ahora se abre la instancia administrativa para avanzar con la instrumentación de los permisos y el ingreso de las garantías de inicio de operaciones exigidas a los proyectos seleccionados.

Para Puerto Deseado, el dato central estará en el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos: seis de los nuevos proyectos aprobados declararon que más de la mitad de sus desembarques pasarán por el puerto deseadense, una condición que, de concretarse con la incorporación de las unidades, podría traducirse en mayor actividad portuaria y trabajo en tierra.

El sector pesquero de Caleta Olivia protagonizó ayer una masiva movilización en medio de la paralización que atraviesa la actividad. Más de 1.500 personas marcharon hasta el municipio para entregar a las autoridades un petitorio en el que expusieron la falta de trabajo, cuestionaron la distribución de la cuota social de merluza y reclamaron frenar su cuotificación hasta conocer con claridad bajo qué parámetros se llevará adelante el proceso.

La protesta reunió a trabajadores, representantes de empresas, integrantes de la flota amarilla y distintos sectores vinculados a la pesca, en una muestra del creciente malestar por la situación que atraviesa la actividad en Caleta Olivia y el puerto de Caleta Paula.

Frente a la sede Municipal, y durante una improvisada conferencia de prensa, Javier Maldonado, referente de la flota amarilla, apuntó directamente contra el secretario de Estado de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, a quien responsabilizó por la situación que atraviesa el sector.

Maldonado dejó en claro que el reclamo no estaba dirigido contra el gobernador Claudio Vidal, sino contra la conducción de la cartera pesquera y particularmente contra las decisiones adoptadas en torno a la cuota social de merluza.

“Esto no es contra el gobernador Claudio Vidal. Esto es contra un secretario de Pesca mediocre que se quiere llevar puesta a la localidad”, afirmó ante los medios.

El referente de la flota amarilla cuestionó además la forma en que se distribuyó la cuota social y aseguró que empresas que alquilaron instalaciones en la localidad terminaron concentrando buena parte del recurso, mientras otras firmas y embarcaciones quedaron sin posibilidades de sostener normalmente la actividad.

Fue entonces cuando lanzó una de sus acusaciones más fuertes contra el funcionario provincial.

“Esta persona quiere hundir, quiere desterrar a la flota amarilla y eso lo tiene que saber el gobernador”, afirmó Maldonado.

También cuestionó que Klimenko no sea residente de Santa Cruz y consideró que esa situación le impide comprender lo que representa la pesca para Caleta Olivia, una actividad de la que dependen de manera directa e indirecta cientos de familias.

Ante la dureza de las declaraciones, Mar&Pesca se comunicó con Sergio Klimenko para conocer su posición frente a los cuestionamientos formulados por Maldonado. El secretario de Pesca respondió que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, a punto de abordar un vuelo con destino a Río Gallegos, por lo que no fue posible obtener en ese momento una respuesta sobre el fondo de los planteos realizados por el referente de la flota amarilla.

La movilización se produjo en un escenario marcado por la falta de actividad pesquera, con el puerto de Caleta Paula prácticamente paralizado y plantas que también vienen sintiendo la falta de materia prima.

Precisamente, el petitorio entregado a las autoridades pone el foco sobre esa situación y suma otro reclamo central: suspender la cuotificación de la cuota social de merluza hasta que se informe con claridad cuáles serán los parámetros que se utilizarán para definir su distribución.

La multitudinaria marcha volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede el reparto de toneladas. Para el sector movilizado, lo que está en juego es la continuidad de la actividad pesquera de Caleta Olivia y las fuentes de trabajo que dependen de ella.

La planta de Bentónicos de Argentina S.A., ubicada en Puerto Deseado, concretó el envío a Estados Unidos del primer contenedor de brochettes de langostino “Tail On”, un producto elaborado localmente y preparado para su comercialización directa en góndola.

El cargamento tiene como destino el estado de Florida y está compuesto por brochettes elaboradas a partir de langostino patagónico, envasadas en presentaciones de dos libras y listas para ingresar al circuito comercial estadounidense.

A diferencia de las exportaciones tradicionales de materia prima o productos con menor grado de elaboración, en este caso el langostino sale de Puerto Deseado procesado, envasado y con una presentación final destinada directamente al consumidor.

Según se informó, la empresa proyecta despachar otros dos contenedores de este producto durante agosto y continuar con el desarrollo de presentaciones similares, con mayor procesamiento en tierra y valor agregado sobre la materia prima.

“El valor agregado es un camino a seguir”

En diálogo con Mar&Pesca, el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla, celebró el primer envío y señaló que el área a su cargo acompañó a la empresa a lo largo del proceso para hacer posible el proyecto.

El funcionario consideró que este tipo de iniciativas, orientadas a transformar la materia prima y colocar en el exterior productos con mayor valor agregado, representan “un camino a seguir” para la actividad pesquera.

López Cazorla agregó que también sería importante que productos de estas características, elaborados a partir de recursos pesqueros argentinos, puedan encontrarse en las góndolas de los supermercados locales y estar al alcance del consumidor nacional.

La temporada de langostino en aguas nacionales sumará desde este viernes una nueva restricción operativa. La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso el cierre de tres subáreas del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), tras comprobar que la captura incidental de merluza superó los parámetros biológicos establecidos por la normativa vigente.

La medida, que entrará en vigencia a las 00:00 del viernes 7 de agosto, alcanza a la Subárea 12 Este y Sur (al este de los 62° O), la Subárea 12 Oeste (al oeste de los 62° O) y la Subárea 14 Sur (al sur de los 45° 30' S).

La decisión fue adoptada luego de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) remitiera un informe técnico con las estimaciones preliminares de la captura incidental de merluza registradas entre el 16 de abril y el 1 de agosto de 2026 durante las operaciones de la flota langostinera.

Según el trabajo científico, la relación entre las capturas de merluza y langostino (M/L), cuyo límite máximo permitido es 0,20 de acuerdo con la Resolución 9/2022 del Consejo Federal Pesquero, fue superada en las tres áreas afectadas.

Los valores registrados fueron los siguientes:

Subárea 12 Este: 0,29.

Subárea 12 Oeste: 0,47.

Subárea 14 Sur: 0,42.

En tanto, la Subárea 15 alcanzó una relación M/L de 0,20, exactamente el valor máximo admitido por la normativa. Por ese motivo permanecerá abierta, aunque bajo un monitoreo permanente para determinar si puede continuar operativa o si también deberá ser cerrada en los próximos días.

La notificación fue remitida a la Prefectura Naval Argentina, que tendrá a su cargo la difusión de la medida y el control de su cumplimiento por parte de la flota.

Con este nuevo cierre, la actividad langostinera vuelve a reducir el mapa de áreas disponibles para la pesca dentro del AVPJM, obligando a los buques a redistribuirse hacia las subáreas que permanecen habilitadas mientras continúa el seguimiento biológico de la pesquería.

La preocupación por el futuro de la actividad pesquera en Caleta Olivia sumará este jueves un nuevo capítulo. Desde las 10 de la mañana de hoy jueves, representantes de empresas, trabajadores y distintos sectores vinculados a la pesca entregarán un petitorio al intendente Pablo Carrizo y al Concejo Deliberante para solicitar el acompañamiento institucional de un reclamo que luego será elevado al Gobierno de Santa Cruz. El planteo central es que se suspenda cualquier decisión vinculada a la cuotificación de la Cuota Social Provincial de merluza hasta que se conozcan en detalle la metodología, los criterios y la fórmula que se utilizarán para su distribución.

La presentación se produce en un momento particularmente delicado para el sector. Desde hace varios días el puerto Caleta Paula permanece prácticamente paralizado y las plantas procesadoras atraviesan un período de inactividad, una situación que mantiene en vilo a cientos de trabajadores y empresas que dependen de la pesca como principal motor económico de la ciudad.

A ese escenario ahora se suma la incertidumbre por el futuro régimen de cuotificación impulsado por la Secretaría de Estado de Pesca de Santa Cruz. Los impulsores del petitorio sostienen que la Provincia pretende avanzar con la asignación de la Cuota Social sin haber informado públicamente cuáles serán los criterios de evaluación, las ponderaciones ni la fórmula que determinará el reparto entre las empresas.

Se suman los estibadores

El reclamo dejó de ser exclusivo del sector empresario. En las últimas horas el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Caleta Olivia convocó a todos los estibadores a participar de la entrega del petitorio, dejando en evidencia que la preocupación también alcanza a los trabajadores portuarios.

A través de una convocatoria pública, el gremio advirtió sobre la "cuotificación del recurso y la baja notoria del trabajo", calificó la reunión como urgente y sostuvo que "se define el futuro de nuestra fuente de trabajo", convocando a una asistencia masiva de sus afiliados.

Reclamo por falta de transparencia

En el documento, el sector pesquero sostiene que durante los últimos meses las empresas participaron de todas las reuniones convocadas por la autoridad de aplicación y solicitaron en reiteradas oportunidades conocer la metodología de asignación de la cuota social. Sin embargo, aseguran que nunca recibieron esa información, pese a haberla requerido incluso por escrito.

Por ese motivo, consideran que avanzar con la cuotificación en estas condiciones implicaría un proceso carente de transparencia y podría derivar en decisiones arbitrarias que afecten inversiones, fuentes laborales y la continuidad de numerosas empresas radicadas en Santa Cruz.

Los principales pedidos

El petitorio solicita que no se adopte ninguna decisión definitiva sobre la asignación de la Cuota Social Provincial hasta tanto la Provincia haga pública la metodología de distribución, las ponderaciones y la fórmula de cálculo.

También reclama que esos criterios sean debatidos con todos los sectores involucrados antes de su implementación; que las empresas puedan presentar antecedentes, inversiones y proyectos; y que cualquier eventual límite máximo por empresa cuente con una fundamentación técnica y jurídica que justifique su aplicación.

Entre otros puntos, también se pide que toda modificación en el manejo de los recursos pesqueros esté respaldada por fundamentos científicos, técnicos y legales; que no se alteren las zonas de pesca del Golfo San Jorge sin consenso previo; que permanezca restringido el ingreso de nuevas embarcaciones a la Zona A y que cualquier cambio en la política pesquera sea previamente debatido en una mesa integrada por trabajadores, empresarios y autoridades locales.

Además, el documento solicita que se respete la conciliación obligatoria que garantizó la continuidad de la cuota de Máximo Interés Social hasta fin de año, al considerar que ese recurso resulta indispensable para sostener la actividad de los buques, la estiba y las plantas de procesamiento.

La movilización de este jueves buscará precisamente sumar el respaldo institucional del Municipio y del Concejo Deliberante para que el reclamo llegue con mayor fuerza al Gobierno provincial. Mientras el puerto continúa sin movimiento y las plantas permanecen inactivas, el sector pesquero advierte que las decisiones que se adopten en las próximas semanas podrían resultar determinantes para el futuro de una de las principales actividades económicas de Caleta Olivia.

Un tripulante de 54 años debió ser aeroevacuado de urgencia por la Prefectura Naval Argentina luego de sufrir una presunta emergencia cardíaca mientras se encontraba embarcado en el buque pesquero "Miss Tade", que navegaba a unas 105 millas náuticas (194 kilómetros) de Bahía Blanca.

La emergencia se desencadenó cuando el capitán del pesquero se comunicó con la Autoridad Marítima para informar que uno de los integrantes de la tripulación presentaba un intenso dolor en el pecho que se irradiaba hacia el brazo izquierdo, síntomas compatibles con un cuadro cardíaco.

Tras una radioconsulta con el servicio médico de la fuerza, los profesionales recomendaron la inmediata aeroevacuación del paciente para reducir los tiempos de asistencia y garantizar una atención especializada.

Para concretar el rescate, Prefectura desplegó un importante operativo que incluyó el despegue de un avión desde Viedma y un helicóptero desde Mar del Plata, ambos con personal especialmente entrenado para este tipo de intervenciones.

Una vez localizado el pesquero en alta mar, la tripulación aérea realizó las maniobras de aproximación y procedió al izado del tripulante mediante una canasta sanitaria. Posteriormente, fue trasladado por vía aérea hasta tierra firme, donde una ambulancia lo esperaba para derivarlo de inmediato a un centro asistencial y continuar con la atención médica.

Este tipo de operativos pone de relieve la capacidad de respuesta de la Prefectura Naval Argentina ante emergencias que se producen lejos de la costa, donde la rapidez en la asistencia resulta determinante para preservar la vida de los tripulantes.

La actividad pesquera volvió a vestirse de luto tras conocerse la muerte de Máximo Vildoza, marinero de 53 años que integraba la tripulación del buque congelador tangonero Argenova XXII. El trabajador, conocido por todos como "Tucu", fue encontrado sin vida en el camarote que ocupaba durante la navegación.

El hecho ocurrió mientras el buque se encontraba en plena marea de langostino en aguas nacionales. Tras conocerse la situación, el capitán dispuso interrumpir la campaña de pesca y poner rumbo a Puerto Madryn, donde la Prefectura Naval Argentina y la Justicia Federal llevarán adelante las actuaciones correspondientes para establecer las causas del deceso.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre qué provocó la muerte del tripulante y habrá que esperar el resultado de la autopsia y de las restantes medidas judiciales para conocer las circunstancias del hecho.

La noticia generó una profunda conmoción entre trabajadores del sector, quienes rápidamente comenzaron a despedir a Vildoza a través de las redes sociales. Entre las expresiones de pesar se destacó la de la Agrupación Marítima Pesquero Narwal, que lamentó el fallecimiento del marinero y acompañó a su familia y seres queridos.

El Argenova XXII había zarpado días atrás del puerto deseadense para iniciar una nueva marea de pesca. La inesperada muerte de uno de sus tripulantes enluta una vez más a toda la comunidad marítima, que despidió con profundo dolor a un trabajador muy apreciado por sus compañeros.

La carrera por ingresar a la pesquería del calamar (Illex argentinus) ya comenzó y tres empresas de Santa Cruz figuran entre las primeras interesadas en quedarse con uno de los nuevos permisos que otorgará el Consejo Federal Pesquero (CFP) para operar buques poteros en aguas nacionales.

Sergio Klimenko, Secretario de Pesca de la provincia de Santa Cruz, confirmó a Mar&Pesca que las firmas Centomar S.A., Vepez y Pesquera Deseado ya formalizaron la presentación de sus proyectos en el marco de la convocatoria abierta por el organismo nacional, que contempla la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros dedicadas a la captura de calamar.

La convocatoria representa una oportunidad inédita para empresas que hasta ahora no participaban de esta pesquería. Es el caso de Centomar S.A., y Vepez, que buscan ampliar su matriz productiva y debutar en una de las pesquerias mas rentables del caladero argentino.

En tanto, Pesquera Deseado, que ya cuenta con experiencia en la operatoria de buques poteros, presentó un proyecto orientado a fortalecer su presencia en la actividad. Para ello respaldó su propuesta con la incorporación de un moderno buque potero fabricado en China y que se sumaría a su flota una vez aprobado la presentación.

 Las empresas debieron ajustarse a los requisitos establecidos por la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, que exige acreditar capacidad operativa e industrial, además de presentar un plan de explotación técnicamente sustentable. En aquellos casos en los que aún no disponen de un potero propio, los proyectos fueron estructurados mediante acuerdos con compañías que sí cuentan con este tipo de embarcaciones, una posibilidad prevista por la normativa vigente.

La apertura de esta convocatoria fue impulsada luego de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) concluyera que la incorporación de nuevos buques poteros resulta biológicamente viable y no compromete la sustentabilidad del recurso. Sobre esa base, el Consejo Federal Pesquero resolvió avanzar con un proceso competitivo para seleccionar los proyectos que accederán a los nuevos permisos de pesca en aguas nacionales.

De concretarse las adjudicaciones, la incorporación de estas empresas a la pesquería del Illex marcará un nuevo escenario para el sector pesquero local con la posibilidad de incrementar las descargas en el puerto y generar mano de obra en las plantas con el reproceso de materia prima capturada por las tres embarcaciones.

Quiero contarles que ayer fui blanco de numerosos ataques por parte de personas que, molestas por una noticia respaldada con estadísticas oficiales, eligieron la descalificación y el insulto en lugar de discutir los datos.

Cuando las cifras son tan contundentes que hacen añicos determinados relatos o pretensiones, siempre resulta más fácil atacar a quien las publica que rebatir la información. No descarto que detrás de esa reacción haya personajes acostumbrados a la adulación permanente, incapaces de aceptar una realidad que no les resulta conveniente y que, en lugar de responder con argumentos, prefieren alentar el agravio.

Quiero dejar algo muy claro.

Este es un portal de noticias y, por respeto a los miles de seguidores que nos acompañan cada día, voy a pedir un favor: si el contenido no le gusta, no entre. Nadie está obligado a leer Mar&Pesca.

Aquí la protagonista es la información, no la salamería ni la complacencia. No escribo para alimentar el ego de nadie ni para quedar bien con dirigentes, empresarios, funcionarios o cualquier personaje que pretenda que el periodismo se ejerza a su medida.

Mar&Pesca está pensado para lectores que valoran los hechos, incluso cuando no coinciden con ellos. Para quienes entienden que una noticia puede gustar o no, pero jamás debe ser reemplazada por propaganda o silencio.

Después de muchos años ejerciendo esta profesión aprendí que los insultos no desacreditan al periodista; desacreditan a quien no tiene argumentos. Por eso voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que hice siempre: publicar información respaldada por datos, documentos y fuentes confiables, aunque a algunos les incomode.

Porque los hechos no cambian por más insultos que reciba. Ni las estadísticas tampoco. (Marina Pacheco)