Las cámaras empresarias CAPECA, CAPIP y CEPA resolvieron no dar inicio a la temporada de pesca de langostino prevista para el próximo miércoles 15 de abril, en caso de no alcanzar un acuerdo con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

“Estamos a la espera de la respuesta del SOMU a nuestra propuesta formal, realizada hace ya dos meses y presentada ante la Secretaría de Trabajo”, señaló a Mar & Pesca el presidente de CAPECA, Eduardo Boiero.

Según indicó el dirigente, la propuesta contempla las mismas tablas de valores que fueron acordadas con el personal de oficiales en 2025. En ese sentido, desde el sector empresarial remarcaron que no modificarán los términos ofrecidos al gremio.

De no haber avances en la negociación, el conflicto podría replicar el escenario vivido en 2025, con un impacto directo en la actividad y en los trabajadores de relevo, que volverían a ser los más afectados.

La casilla de correos de la empresa Conarpesa colapsó ante la avalancha de mensajes enviados por los marineros interesados en acceder a un puesto de trabajo.

Días atrás, el presidente del grupo, Fernando Álvarez Castellanos había anticipado ante los medios que, si el SOMU no aceptaba las condiciones establecidas, mantendría vínculos directos con los operarios.

El empresario reveló que 24 horas después de hacer el anuncio se contabilizaron más de 1.500 mails y agregó que no para de recibir llamados telefónicos y mensajes de whatsapp.

Álvarez Castellanos indicó también que el 100 por ciento del personal efectivo de la empresa está de acuerdo con las condiciones establecidas y dieron el visto bueno para salir a pescar.

“Agradezco profundamente la respuesta de la gente, que comprende que la situación del país es delicada y que los sueldos que pagamos a los que pescan langostinos son muy buenos” dijo el empresario y agregó que “el SOMU deberá entender que la gente quiere trabajar y no ser parte de una lucha sindical interminable, en la que el sindicato gana y los laburantes pierden”.

Barcos en puerto

Álvarez Castellanos adelantó que el fin de semana los tripulantes efectivos se van a embarcar en todos los puertos y que el lunes 15 estarán en la zona de pesca.

“La gente va a estar ahí porque quiere ganar los 10 o 15 millones de pesos que les ofrecemos y que el SOMU con su postura irresponsable no les permite ganar”.

La provincia de Santa Cruz elevó al Consejo Federal Pesquero un nuevo pedido para autorizar una campaña de pesca experimental a cargo de la empresa ARGENWOLF S.A., utilizando el buque COLUMBUS (M.N. 02171).

La solicitud, remitida el 7 de abril por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, propone desarrollar tareas de investigación y prospección sobre la sardina fueguina (Sprattus fueguensis) en aguas bajo jurisdicción provincial.

El expediente ya comenzó su tratamiento formal. Dado que el buque no cuenta con permiso nacional de pesca, el Consejo resolvió dar intervención al INIDEP, que deberá emitir una opinión técnica sobre la viabilidad del proyecto antes de que se resuelva una eventual autorización.

Según surge de la nota oficial, la propuesta está orientada a analizar la factibilidad de una pesquería experimental sobre esa especie, en un área donde el recurso todavía no cuenta con un desarrollo comercial consolidado. Por ese motivo, la evaluación técnica será determinante para establecer si existen condiciones biológicas y operativas para avanzar.

Pero el nuevo planteo no se da en un vacío. ARGENWOLF S.A. ya había impulsado previamente una solicitud para el mismo buque. En 2025, la firma pidió un permiso de pesca comercial por 30 años para operar desde en Antonio Oeste, sobre especies pelágicas como anchoíta y caballa, una iniciativa que fue rechazada por el Consejo Federal Pesquero.

Ese antecedente aparece ahora como un dato insoslayable en el análisis del nuevo expediente. Aunque el esquema actual está encuadrado como pesca experimental y no como explotación comercial, el pedido vuelve a poner al COLUMBUS en el centro de la discusión regulatoria.

La diferencia, esta vez, es el enfoque. Mientras la propuesta anterior buscaba una autorización de largo plazo para actividad comercial, el nuevo expediente se presenta como un plan de investigación y prospección para generar información sobre la presencia, disponibilidad y comportamiento del recurso antes de cualquier definición productiva de mayor alcance.

En ese marco, la opinión del INIDEP será clave. El instituto deberá evaluar el sustento técnico del proyecto, el estado de la sardina fueguina y el posible impacto de una operatoria experimental en la zona.

La decisión final quedará en manos del Consejo Federal Pesquero, que deberá definir si habilita la experiencia o si mantiene una postura restrictiva frente a una empresa que ya tuvo un antecedente negativo reciente con el mismo buque.

El Consejo Federal Pesquero resolvió extender por 180 días la suspensión del Derecho Único de Extracción (DUE) para la flota fresquera, en el marco de las medidas destinadas a acompañar la situación del sector.

La decisión también incluye la continuidad de disposiciones previas vinculadas a este esquema y alcanza a las capturas de merluza y especies del llamado “variado costero”, con excepción de los condrictios.

La medida rige para los buques que operan exclusivamente como fresqueros y busca aliviar costos en una actividad que atraviesa un escenario complejo.

Según lo establecido, la prórroga comenzó a aplicarse a partir del 6 de abril y fue aprobada por unanimidad por el organismo.

Habilitó la casilla contrataciones@conarpesa.com.ar para recibir postulaciones de tripulantes interesados en embarcarse. Según se indicó, quienes deseen postularse deben enviar su libreta, datos personales, número de afiliación y un teléfono de contacto.

La empresa pesquera Conarpesa anunció su intención de avanzar con acuerdos individuales con trabajadores para iniciar la temporada de pesca de langostino al norte a partir del próximo 15 de abril, en medio de un conflicto con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

La iniciativa fue confirmada por su presidente, Fernando Álvarez Castellanos, y surge ante la falta de acuerdo con el gremio en torno a las condiciones laborales, particularmente en lo referido al esquema de premios por producción.

Contratos individuales y convocatoria abierta

Desde la firma indicaron que ofrecerán a toda la tripulación —desde capitanes hasta marineros— las mismas condiciones contractuales aplicadas en acuerdos previos con otros sectores.

“La misma condición y la misma tabla es para todos. No se va a cambiar nada”, señaló el empresario.

En este marco, Conarpesa comenzó a convocar tanto a personal efectivo como a trabajadores externos y habilitó la casilla contrataciones@conarpesa.com.ar para recibir postulaciones de tripulantes interesados en embarcarse. Según se indicó, quienes deseen postularse deben enviar su libreta, datos personales, número de afiliación y un teléfono de contacto.

La convocatoria se extiende a trabajadores de distintas provincias en caso de no completar las dotaciones con personal propio. Asimismo, Álvarez Castellanos aclaró que no habrá sanciones ni represalias para quienes decidan no aceptar la propuesta.

El eje del conflicto: el premio por producción

El principal punto de conflicto con el SOMU se centra en el valor del premio por producción. El titular de Conarpesa sostiene la necesidad de ajustar los porcentajes en función de la realidad del mercado, aunque proponen un esquema variable.

Según explicó, si el precio internacional del langostino supera determinados valores, los trabajadores podrían acceder a mejoras en sus ingresos. En cambio, si los precios se mantienen por debajo de esos niveles, plantean la necesidad de reducir costos para sostener la actividad.

Contexto económico y mercado internacional

La empresa argumenta que el contexto económico global impacta directamente en la actividad. Entre los factores mencionados se encuentran el aumento del combustible, la pérdida de mercados internacionales y la concentración de la demanda en Europa y América.

“El contexto no es mejor. Hay una guerra, mercados que se perdieron y costos que subieron en todo el mundo”, afirmó el empresario.

 Postura empresarial

Álvarez Castellano señaló que, pese a mantener canales de diálogo con algunos representantes, no fue posible alcanzar un acuerdo con el SOMU. En ese sentido, cuestionaron la falta de avances en las negociaciones.

“No quiero pelear con la dirigencia. Hablo con mi gente y que cada uno decida”, indicaron, al tiempo que pidieron evitar presiones sobre los trabajadores que opten por aceptar las condiciones ofrecidas.

Operatividad confirmada

Finalmente, el empresario ratificó su decisión de iniciar la actividad en la fecha prevista, aun si no se alcanza un acuerdo colectivo.

“Si completamos la tripulación, los barcos salen igual. No voy a privar a la gente de trabajar”, concluyó.

Según se indicó, los valores fueron definidos en el marco de las cámaras que agrupan al sector y serán aplicados durante la próxima zafra.

Prioridad para personal efectivo y esquema de reemplazos

La empresa confirmó que, como en temporadas anteriores, se dará prioridad al personal efectivo. En caso de que estos no acepten embarcar bajo las condiciones propuestas, se convocará a relevos para completar las tripulaciones.

“Tanto efectivos como relevos que decidan subir, tendrán la posibilidad de realizar las mareas que deseen”, señala el comunicado.

Asimismo, se aclaró que aquellos trabajadores que no acepten los valores deberán esperar a que se generen vacantes para poder embarcar más adelante.

Sin represalias para quienes no acepten

Uno de los puntos destacados del comunicado es que la empresa asegura que no habrá sanciones para quienes rechacen la propuesta.

“Para los que no estén de acuerdo en subir, no se tomará ninguna represalia”, indicaron, aunque deberán aguardar futuras oportunidades de embarque.

Anticipo de $1,5 millones por salida

Conarpesa también informó que cada tripulante recibirá un anticipo de $1.500.000 una vez que el buque zarpe, en concepto de adelanto de ingresos por la marea.

Valores atados al precio internacional

El comunicado incluye tablas detalladas —presentadas en el Anexo I— con los valores de referencia para el langostino, definidos según el precio promedio de exportación.

De acuerdo al documento, se establecen valores base cuando el precio es inferior a U$S 6.000 por tonelada. Se ajustan los montos para un rango entre U$S 6.000 y U$S 8.000. Y se incrementan aún más cuando el valor supera los U$S 8.000 por tonelada.

Las tablas incluyen distintas categorías de producto según tamaño (10/20, 21/30, etc.) y tipo de procesamiento (entero o cola), con valores diferenciados por kilo o presentación.

Definiciones clave en un contexto de conflicto

El comunicado se da en un contexto de tensión en el sector pesquero, donde aún no se han alcanzado acuerdos generales con todos los actores sindicales.

En este escenario, la empresa busca avanzar con la definición de tripulaciones para garantizar el inicio de la temporada, solicitando a los trabajadores que definan su posición frente a la propuesta.

La seguridad laboral, la salubridad y la higiene en la industria pesquera han quedado en el centro de un escandaloso conflicto gremial que paraliza por estas horas las operaciones de Caleta Paula. La controversia, que venía gestándose en el marco de una tensa negociación salarial, estalló definitivamente de la peor manera ante la opinión pública con la filtración de un video proveniente de las cámaras de seguridad del puerto.

Las imágenes, registradas el pasado domingo 22 de marzo a las 20 horas, actuaron como el detonante. En la cinta quedó en absoluta evidencia cómo delegados de base que se permitiera el ingreso a la zona de operaciones a un estibador que acababa de dar positivo en el test de alcoholemia. Este material visual no hizo más que exponer de manera cruda una realidad que los empresarios del sector vienen denunciando hace tiempo.

“Es la primera vez que vemos a un sindicato defender la droga y el alcohol, manifestaron con profunda preocupación distintos empresarios pesqueros” tras la difusión del video. Para el sector patronal, la negativa del gremio a realizar los controles preventivos representa un peligro mortal. Operar grúas, manipular cargas de toneladas y transitar por los muelles bajo los efectos de narcóticos o alcohol es una trampa que ya ha cobrado la vida de trabajadores en el pasado.

La disputa actual tiene como telón de fondo la liquidación de un aumento salarial del 15 por ciento acordado en paritarias. Las firmas pesqueras establecieron como condición indispensable para abonar este incremento que los estibadores se sometan a los exámenes médicos y de alcoholimetría correspondientes a la labor. Sin embargo, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) ordenó a sus afiliados rechazar de plano las pruebas, argumentando que se trata de medidas discriminatorias que atentan contra la ley de salud mental.

En este marco, se conoció que parte del personal ya percibe el incremento. Trabajadores de banquina chica, guincheros y capataces comenzaron a cobrar el 15% tras haber completado los estudios médicos requeridos, lo que, sostienen, demuestra que la medida ya se encuentra en aplicación en otros segmentos de la actividad.

Los números oficiales respaldan la extrema preocupación empresarial por la higiene y la integridad física de los operarios. La actividad portuaria y pesquera es considerada un rubro de alto riesgo. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el sector de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca registra una alarmante incidencia de 63,1 casos de siniestros cada mil trabajadores. Esta estadística obligó a las empresas a pagar alícuotas extraordinarias a las ART y a implementar políticas sanitarias estrictas para reducir los accidentes laborales. Exigir que el trabajador ingrese sobrio no es una cuestión administrativa, explican, sino una normativa básica de preservación de la vida humana.

El fraude de la plástica

Detrás de la férrea resistencia sindical a los controles de salud, asoma otro conflicto que las empresas buscan erradicar: el sistema conocido en la jerga portuaria como la plástica. Se trata de la credencial habilitante para ejercer como estibador. 

En tanto, allegados a la administracion portuaria caletense reconocen que existe un mercado negro donde algunos titulares alquilan estas credenciales a terceros a cambio de quedarse con la mitad del salario. Las exigencias médicas y los controles de identidad en los ingresos están dejando al descubierto que más del 60 por ciento del padrón no llega ni al 40 por ciento de asistencia real en el año. Al exigir que la ley se cumpla, sostienen desde el sector, saltan a la luz estas maniobras de tercerización precaria que el sindicato se niega a ordenar por temor a perder un negocio rentable.

Una negativa peligrosa que atenta contra la vida los trabajadores

La pulseada continúa, pero el debate ya está instalado en el puerto de Caleta Paula donde la negativa gremial frente a los controles pone en evidencia la delgada línea entre la defensa de un derecho laboral y la negligencia de exponer a los trabajadores a un accidente fatal o de gravedad.

Un llamativo robo se registró en la sede del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Puerto Deseado, donde delincuentes tras forzar una ventana y dañar las cámaras de seaguridad  ingresaron al edificio y se alzaron con 24 huevos de Pascua, 

El hecho fue advertido en la mañana de este lunes, alrededor de las 07:30, cuando el delegado local, Marcelino Flores, encontró el portón de ingreso abierto. Al recorrer las instalaciones, constató que una ventana del primer piso había sido forzada y desprendida de la pared, lo que habría sido utilizado como vía de acceso.

En el interior, el panorama era de desorden generalizado. Según se informó, los autores sustrajeron 24 huevos de Pascua, además de un parlante inalámbrico pequeño, y provocaron daños en dos cámaras de seguridad.

Posteriormente, también se reportó la faltante de dos mochilas de color azul y juguetes, aunque no se pudo precisar la cantidad total ni el valor de lo robado.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y la investigación quedó en manos del Gabinete Criminalístico, el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil —a cargo del Dr. Poisson— y la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado.

La decisión se basa en un informe del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), que indicó una mejora en las condiciones biológicas del recurso en la zona evaluada. Entre los principales puntos, se destacó que los ejemplares registrados presentan un mayor tamaño y peso promedio, junto con una disminución en la proporción de individuos inmaduros.

Según el análisis técnico, estas condiciones permiten avanzar con la explotación de esta unidad de manejo de manera sostenible.

Por otra parte, se confirmó que continuará la presencia de observadores a bordo, en el marco del Programa de Pesquerías de Cefalópodos, con el objetivo de seguir monitoreando la evolución del recurso durante la temporada.

Fuentes allegadas al sector confiaron a Mar&Pesca que la apertura de la pesca de langostino al norte del paralelo 41 se concretaría el próximo 15 de abril, ante la necesidad de no seguir demorando el inicio de la actividad.

La fecha, aún no oficial, se da en un contexto de incertidumbre, con el conflicto con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) todavía sin resolución.

En paralelo, se descartó de plano realizar en este momento una prospección en subáreas frente al  golfo San Jorge solicitada por Santa Cruz en la última reunion del Consejo Federal Pesquero. La misma quedará supeditada al inicio de la campaña en el Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM).

De confirmarse esta fecha se cumpliría el pedido de algunas empresas de que el inicio de la pesca al norte del 41 se realice antes de la Seafood Expo Global Barcelona 2026 que se realiza del 21 al 23 de abril.

Un mensaje apócrifo que circuló masivamente en redes sociales y causó alarma entre los trabajadores marítimos —especialmente entre el personal embarcado— fue desmentido de manera categórica por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla.

Según explicó el funcionario, la información viralizada no tiene sustento oficial. En ese sentido, aclaró que la prospección iniciada el 27 de marzo con cinco buques poteros, prevista originalmente hasta el 31 de marzo, se extendió hasta el 6 de abril debido a la alta presencia de ejemplares inmaduros.

Por este motivo, se desaconsejaba la apertura en esa área específica, aunque las tareas de monitoreo continuaban en otras zonas. Sin embargo, en ningún momento se dispuso el cierre de la pesquería por 20 días ni se ordenó el regreso inmediato a puerto, tal como afirmaban los mensajes difundidos en redes sociales.

(Por Marina Pacheco para Mar&Pesca).- El corrimiento del langostino hacia el norte expone con crudeza el impacto económico que atraviesa Puerto Deseado. La mayor distancia entre el puerto santacruceño y las zonas de pesca empujó a la flota a descargar en terminales más cercanas, consolidando a Puerto Madryn como el principal polo de desembarques de la pesquería.

Los números de los últimos años reflejan con claridad esta tendencia.

De acuerdo a cifras oficiales consultadas por Mar&Pesca, en 2022, sobre una captura total de 209.780 toneladas, Puerto Deseado concentró apenas el 8,7% de las descargas (18.220 toneladas), mientras que Puerto Madryn acaparó el 36,3% (76.181 toneladas).

En 2023, el esquema se mantuvo prácticamente sin cambios: de un total de 200.535 toneladas, Puerto Madryn representó el 31,4% de los desembarques (63.050 toneladas), contra el 9,8% de Puerto Deseado (19.712,5 toneladas).

El quiebre más marcado se dio en 2024. Con una captura global de 222.163 toneladas, Puerto Madryn alcanzó el 39,8% de participación (88.549,6 toneladas), mientras que Puerto Deseado cayó al 5,2% (11.473,1 toneladas), en lo que ya se percibía como un golpe estructural para el puerto local.

La tendencia se profundizó en 2025. Sobre un total de 187.030 toneladas capturadas, Puerto Madryn concentró el 31,8% de las descargas (59.454,7 toneladas), mientras que Puerto Deseado se desplomó a apenas el 2,8% (5.229 toneladas).

El cambio en la geografía del recurso no solo redefinió la logística de la flota, sino que también reconfiguró el mapa económico de la actividad langostinera.

En Puerto Deseado, la caída de los desembarques de langostino que se reduce año tras año comienza a sentirse con fuerza en toda la cadena productiva: menor actividad en plantas de procesamiento, caída en la demanda de estibaje,  y un impacto directo sobre el empleo vinculado a la pesca. Sectores que históricamente dependieron del langostino como motor económico enfrentan ahora un escenario de retracción e incertidumbre.

Mientras tanto, Puerto Madryn capitaliza este corrimiento del recurso, consolidando su infraestructura y posicionándose como el principal centro de operaciones de la flota. El contraste entre ambos puertos deja en evidencia que el desplazamiento del langostino no es solo un fenómeno biológico, sino también un factor determinante que golpea a toda la localidad.

En medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo del recurso pesquero, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado presentó un proyecto de resolución impulsado por el concejal Mateo Brunetti del bloque Unión por la Patria para exigir información detallada al Gobierno de Santa Cruz sobre la administración del cupo de langostino.

El planteo surge luego de que trascendiera que se habría utilizado apenas menos de la mitad del cupo asignado a la provincia y que varios buques descargaron sus capturas en puertos fuera de Santa Cruz, generando preocupación por el impacto económico en la región.

Denuncias y datos que generan preocupación

La situación tomó relevancia tras una publicación del medio especializado Mar&Pesca, donde se expuso que embarcaciones que operaron con cupo santacruceño no realizaron descargas en puertos provinciales.

Este escenario, sumado al bajo nivel de utilización del cupo compensatorio, encendió alarmas en Puerto Deseado, donde la pesca es uno de los principales motores de la economía local.

Pedido concreto a la ministra Nadia Ricci

El proyecto solicita de manera expresa un informe completo a la Secretaría de Estado de Pesca y al Ministerio de Producción, a cargo de la ministra Nadia Ricci, sobre el destino y utilización del cupo de langostino.

Además, amplía el requerimiento con un punto clave: conocer si la Provincia realizó gestiones ante el Consejo Federal Pesquero vinculadas a:

Prospecciones en subáreas del sur, apertura, cierre o habilitación de zonas de pesca, exigencias o propuestas para que las descargas se realicen en puertos santacruceños, especialmente en Puerto Deseado, modificaciones o ampliaciones del régimen compensatorio vigente. En todos los casos, se solicita la remisión de documentación respaldatoria y respuestas oficiales, si las hubiera.

Evaluación del esquema y futuro del sector

El Concejo también pide que el Gobierno provincial informe si el actual esquema de compensación por la veda del Golfo San Jorge ha sido realmente eficaz para sostener la actividad pesquera, portuaria e industrial en Santa Cruz.

En esa línea, reclama que se detallen posibles medidas para mejorar el impacto económico en Puerto Deseado y si la Provincia acompañará los planteos realizados por el intendente Juan Raúl Martínez ante el Consejo Federal Pesquero.

Respaldo político y reclamo institucional

La resolución no solo exige información, sino que también expresa el acompañamiento del Concejo a las gestiones del intendente local en defensa del desarrollo productivo, portuario y laboral de la ciudad.

Asimismo, solicita el respaldo de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y de los legisladores nacionales para avanzar en respuestas concretas ante la situación.

Impacto en la economía local

Desde el cuerpo legislativo advirtieron que la actividad pesquera sostiene empleo y movimiento económico en Puerto Deseado, por lo que cualquier desvío en el uso del cupo afecta directamente a la comunidad.

Además, remarcaron que el puerto necesita alrededor de 30.000 toneladas de langostino congelado para mantener su operatoria.

Un debate que sigue creciendo

Con denuncias sobre subutilización del cupo, descargas fuera de la provincia y dudas sobre los controles, el pedido del Concejo apunta a despejar interrogantes clave y poner claridad sobre un recurso estratégico para Santa Cruz.

A través de un comunicado conjunto, los gremios destacaron que la gestión del jefe comunal “no responde a intereses individuales ni sectoriales”, sino que representa “una lucha colectiva en defensa del trabajo, la producción y el futuro de toda la comunidad”.

Los sindicatos remarcaron que la situación vinculada a la veda del Golfo constituye un reclamo histórico de la localidad, sostenido durante años por trabajadores, familias y sectores productivos. Según indicaron, la falta de decisiones concretas ha derivado en una pérdida sostenida de oportunidades laborales, actividad económica y desarrollo social en Puerto Deseado.

En el documento, las organizaciones también cuestionaron a quienes —según señalaron— adoptan posturas que profundizan divisiones en lugar de contribuir a soluciones. “Somos memoriosos”, expresaron, al tiempo que advirtieron sobre las consecuencias que estas actitudes generan en la comunidad.

Asimismo, subrayaron que la situación actual trasciende las diferencias políticas y responde a la necesidad urgente de defender un recurso clave para el desarrollo local. “Aquí no hay banderas políticas, hay una localidad que se viene apagando lentamente producto de la falta de gestión y de decisiones firmes”, afirmaron.

En ese sentido, los gremios valoraron la acción del intendente y reafirmaron su compromiso de acompañar todas las iniciativas que apunten a soluciones “reales y sostenibles” para la ciudad.

Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la unidad como condición indispensable para revertir la situación actual: “Puerto Deseado necesita ser escuchado, merece respuestas. La unidad es el único camino para recuperar el futuro de nuestra comunidad”.

El Consejo Federal Pesquero aprobó por unanimidad la asignación de 1.200 toneladas de merluza común (Merluccius hubbsi) a la provincia de Santa Cruz, en el marco de la Reserva Social correspondiente al año 2026. La medida responde a solicitudes elevadas por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura provincial mediante diversas notas emitidas durante marzo.

La decisión se fundamenta en el “máximo interés social” invocado por la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 4°, inciso e) del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), así como en el artículo 6° de la Resolución CFP N° 23/2009 y sus modificatorias.

Según lo resuelto, el volumen asignado se distribuirá entre seis embarcaciones: 400 toneladas para el buque Petrel; 200 toneladas para Vicente Luis, Gaucho Grande y Luca Santino, respectivamente; y 100 toneladas para María Rita y Huafeng 817.

Desde el organismo se indicó que la asignación se realiza en función de la disponibilidad dentro de la Reserva Social de Santa Cruz y será descontada del porcentaje que la provincia tiene asignado —equivalente al 4,80% de la Captura Máxima Permisible (CMP) de la especie— conforme a lo dispuesto en la Resolución CFP N° 11/2024. La CMP vigente para el año en curso fue establecida por la Resolución CFP N° 16/2025.

La iniciativa contempla la extinción de los permisos de pesca y autorizaciones de captura de las embarcaciones salientes, con el objetivo de incorporar un nuevo buque congelador que será construido en un plazo de dos años y llevará el nombre Álvarez Entrena X.

Según se informó, el nuevo buque contará con un permiso de pesca que habilitará la captura anual de hasta 1.000 toneladas de langostino y 450 toneladas de otras especies no sometidas al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).

En cuanto a las embarcaciones actuales, el CFP dispuso el desguace de los buques San José Segundo y Carlo Butti dentro de los plazos que determine la Autoridad de Aplicación. En el caso del Félix Augusto, podrá continuar operando de manera transitoria hasta la incorporación del nuevo buque, tras lo cual deberá extinguir su permiso o ser desguazado.

El organismo evaluó que la propuesta es viable, aunque sujeta a condiciones adicionales destinadas a garantizar la alineación con la política de reformulación pesquera vigente y la limitación del esfuerzo pesquero. Asimismo, la decisión quedó condicionada a la verificación de la correcta inscripción de los titulares de los permisos en el Registro de la Pesca.

Finalmente, el CFP instruyó a la Coordinación Institucional a remitir las actuaciones a la Autoridad de Aplicación para su registro, notificación a las partes interesadas y cumplimiento de las medidas adoptadas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, en un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), se logró hacer efectivo el cobro de una importante multa que asciende a $1.260 millones y los gastos operativos derivados de la detección electrónica de un buque extranjero, que se encontraba pescando dentro de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina (ZEEA).

El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu.

Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca.

Dichos datos fueron validados mediante el análisis de la plataforma skylight, fortaleciendo el proceso de identificación implementado para este tipo de detecciones electrónicas, gracias a la fluida articulación entre la Prefectura y la Subsecretaria de Pesca.

El caso representa un antecedente histórico en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

Este hito refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad y las autoridades de control para proteger los recursos ictícolas nacionales y marca el inicio de un año de tolerancia cero ante la Pesca No Declarada No Reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sur. (Gacetilla de prensa oficial)

La prospección de calamar al norte del paralelo 44° de latitud Sur comenzará hoy, 27 de marzo, según lo dispuesto por el Consejo Federal Pesquero (CFP), en línea con las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

La decisión se adoptó luego de que el organismo científico confirmara un descenso sostenido en los rendimientos de la flota que opera al sur de esa latitud, lo que evidenciaría una menor disponibilidad del recurso en esa área.

Inicialmente, el INIDEP había señalado que los niveles de captura en el sector sur se mantenían en valores satisfactorios, recomendando un monitoreo permanente de la actividad. Sin embargo, la evolución reciente de los datos motivó un cambio en la estrategia.

La campaña de prospección se realizará con al menos cinco buques poteros de la flota comercial, todos con observadores a bordo, y tendrá una duración de cinco días efectivos de pesca. Durante ese período, se permitirá la libre búsqueda de concentraciones de calamar.

El objetivo principal será obtener información actualizada sobre la presencia del recurso, especialmente en lo que respecta a la estructura de tallas de los ejemplares detectados. Estos datos serán determinantes para evaluar una posible apertura anticipada de la unidad de manejo norte.

Desde el CFP, a través del Acta N° 7/2026, se instruyó a la Autoridad de Aplicación a coordinar el operativo junto al INIDEP, mientras que la Coordinación Institucional deberá comunicar formalmente la medida.

La iniciativa forma parte de un enfoque de manejo adaptativo que busca asegurar la sostenibilidad del recurso y optimizar su aprovechamiento en función de la dinámica de la pesquería.

Puerto Deseado volvió a quedarse sin respuestas. El intendente Juan Raúl “Pirri” Martínez se fue del Consejo Federal Pesquero sin el compromiso que fue a buscar, garantizar más descargas de langostino en el puerto, en medio de varias temporadas marcadas por el corrimiento de la flota hacia el norte. En la reunión estuvo acompañado por el diputado nacional Jairo Guzmán y el diputado por municipio Santiago Aberastaín.

El encuentro, que se extendió por casi una hora y media, tuvo un planteo directo del jefe comunal. La situación del puerto, el impacto económico local y la necesidad de una compensación concreta por mantener vedado el golfo fueron los ejes de su exposición. Pero la respuesta fue igual de clara.

Una provincia sin controles

Desde el Consejo Federal Pesquero señalaron que no existe, en el marco actual, una herramienta que permita garantizar descargas en un puerto determinado. Los permisos de pesca son de carácter nacional y no están atados a una jurisdicción portuaria específica, lo que limita cualquier intento de direccionar la operatoria de la flota.

Sin embargo, lo más relevante no estuvo únicamente en esa definición. El presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla, puso sobre la mesa un dato que incomodó. De las 4.500 toneladas de langostino asignadas a Santa Cruz como compensación por la veda del golfo San Jorge, la provincia utilizó apenas la mitad. Y parte de ese volumen, además, terminó descargándose fuera de su territorio.

Al menos 10 buques operaron con cupo santacruceño, pero eligieron otros puertos para descargar, lo que deja expuesto un problema de control y seguimiento sobre el uso de ese recurso que podría haber generado trabajo en la provincia.

"No quieren pescar en las subáreas del sur"

En ese contexto, Martínez insistió con la necesidad de generar condiciones que permitan recuperar actividad en el puerto. Pero del otro lado también hubo otra advertencia. Cada vez son menos los barcos interesados en operar en las subáreas del sur.

Como única señal concreta, el Consejo Federal Pesquero confirmó que se realizará una prospección en esas áreas antes del inicio de la temporada. Y dejó abierta la posibilidad de mantenerlas habilitadas si las condiciones biológicas acompañan.

Jurisdicciones, normativa y límites

Uno de los puntos que atravesó la discusión fue el alcance de las jurisdicciones y los límites que impone la normativa vigente. La posibilidad de exigir que los buques que operen frente a determinada provincia descarguen en sus puertos choca con el esquema actual de permisos nacionales, que habilita a la flota a elegir libremente dónde realizar las descargas.

La idea de implementar un esquema de apertura y cierre diferenciado volvió a quedar sin respaldo. Tampoco prosperó el planteo de que los buques que operen en la zona sur deban descargar en Puerto Deseado.

Según pudo saber Mar&Pesca, dentro del propio Consejo Federal Pesquero se advirtió que una medida de ese tipo abriría la puerta a reclamos similares en otras jurisdicciones, lo que complicaría aún más la operatoria.

La referencia fue concreta. Si se impusiera la obligación de descargar en Puerto Deseado para quienes operan en el sur, otras jurisdicciones podrían reclamar lo mismo cuando la flota trabaje frente a sus costas, lo que complejizaría aún más el esquema.

En tanto fuentes allegadas al Consejo señalaron además que tanto Martínez como Aberastaín coincidieron en que la veda del golfo San Jorge fue beneficiosa para la pesquería, aunque también remarcaron que el corrimiento del langostino hacia el norte terminó perjudicando a Puerto Deseado y a su comunidad.

El pedido que sorprendió

En paralelo, el secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenco, avanzó con un planteo propio. Lo hizo a través de una nota formal presentada ante el Consejo Federal Pesquero, en la que solicitó la prospección inmediata de las subáreas 13, 14 y 15.

El pedido incluyó además que los buques que operen en esas zonas descarguen exclusivamente en Puerto Deseado, una iniciativa que, en el contexto actual y bajo la normativa vigente, aparece de difícil aplicación.

Comunicado, fotos y gestiones

Tras la reunión, Martínez difundió un comunicado en el que destacó haber sido recibido por los consejeros y expresó expectativas sobre las próximas definiciones. El mensaje fue acompañado por fotos del encuentro.

En diálogo con Mar&Pesca, el intendente reconoció la complejidad del escenario, aunque aseguró que continuará con las gestiones. En ese marco, confirmó que mantuvo reuniones junto a sindicatos con autoridades de CAPECA y empresas que operan en el puerto.

“Les planteamos que hay un cambio y que estamos trabajando para ofrecer un puerto competitivo”, señaló al confirmar que habrá nuevas reuniones con el sector empresario.

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez, confirmó que la empresa saldrá a operar con toda su flota tangonera ni bien se habilite la pesca de langostino al norte del paralelo 41. La decisión implica poner a disposición todos los barcos desde el muelle de Puerto Madryn y avanzar con la actividad pese al conflicto vigente con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En ese marco, el empresario adelantó que solicitará la intervención de Prefectura Naval para garantizar la seguridad de las operaciones y de las tripulaciones. Según explicó, la medida busca evitar situaciones como las registradas el año pasado, cuando —según denunció— hubo amenazas e intimidaciones contra trabajadores que intentaban embarcar.

Álvarez Castellano fue especialmente crítico con la conducción del gremio y reiteró que no reconoce a Raúl Durdos como autoridad legítima, al considerar que las elecciones fueron irregulares. En ese sentido, afirmó que no firmará acuerdos con el actual dirigente sindical, ya que cualquier convenio podría ser posteriormente impugnado en la Justicia.

Frente a la falta de avances en la negociación colectiva, el titular de Conarpesa anticipó que recurrirá a acuerdos individuales con los trabajadores, una alternativa que —según indicó— estaría contemplada en la normativa vigente. “Voy a convocar a la gente y firmar directamente con cada uno. No queda otra”, sostuvo.

El empresario también cuestionó la ausencia de diálogo por parte del gremio y señaló que las propuestas empresariales no tuvieron respuesta favorable. Según relató, tras un entendimiento alcanzado el año pasado, el compromiso era retomar las negociaciones en enero, algo que finalmente no ocurrió.

Finalmente, Álvarez Castellano advirtió sobre el impacto de la demora en el inicio de la temporada, que en condiciones normales ya debería estar en marcha. “Cuando se habilite el norte del 41, vamos a salir con todos los barcos. La gente necesita trabajar y esta vez va a tener la protección que antes no tuvo”, concluyó.