La denuncia por coimas y extorsión llegó a mano de la fiscal general de Rawson Florencia Gómez, quien tras estudiar las evidencias presentadas ordenó una serie de procedimientos en los domicilios de los principales dirigentes del gremio de los estibadores, en busca de más elementos probatorios de los mencionados delitos, ocurridos presuntamente en medio de una medida de fuerza salvaje lanzada en el puerto de Rawson.

En los domicilios de los dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos se secuestraron celulares, computadoras y documentación.

Las diligencias se desarrollaron en las ciudades de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en donde ingresaron a los domicilios de los delegados de Rawson Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José y Analef Juan Carlos.

El único que no estaba en su domicilio fue el líder del gremio Alexis Gutiérrez, alias Gallo.

La denuncia apunta a Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José, Analef Juan Carlos y el propio Alexis Gutiérrez, por un delito que tiene una pena de entre cinco y diez años de prisión.

Los peritos contables del Ministerio Público Fiscal habían realizado cruces de información referidas a cuentas bancarias, donde se acreditaron importantes sumas de dinero, lo que se considera una prueba crucial en la investigación.

La denuncia data de octubre del año pasado y se suma a otras presentadas, por ejemplo, por la Flota Amarilla, contra una serie de dirigentes y delegados, no solamente por coimas, sino también por “entorpecimiento y daño ambiental” por una medida de fuerza que hizo que se pudrieran 300 toneladas de langostino a bordo de las embarcaciones que se negaron a descargar. Esta denuncia se encuentra en la justicia federal, donde también se pide una reparación económica para el gremio por las pérdidas provocadas, la cual se estima en unos 3 millones de dólares. (LU17)