Se llevó a cabo la audiencia de apertura de investigación contra cinco sindicalistas del Supa acusados en varias denuncias de extorsión y asociación ilícita, promovida por varios empresarios de la flota amarilla de Rawson.

En la audiencia, la fiscal Florencia Gómez solicitó se remuevan los fueros sindicales de los acusados, a la vez que presentó una serie de elementos probatorios, como fuertes depósitos de dinero, tanto en cuentas del gremio como personales de los acusados.

Para la fiscal Florencia Gómez “los imputados utilizaron al gremio que conducen, como un medio para obligar a los empresarios a transferir dinero mediante amenazas para sus propios beneficios particulares. Presionaban en función de la rápida descomposición de la materia prima afectando seriamente al medio ambiente. Para ello se cubrían en un falso conflicto de incumplimiento paritario”, uno de los argumentos por los cuales se solicitó la medida de coerción.

Por su parte la jueza Carina Breckle, en su fallo, mencionó que “el hecho que se investiga es sumamente grave. Han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares. Afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales a los trabajadores y a otros sectores de la pesca. Usaron su actividad gremial para un provecho propio mediante el pedido de una palabra que acá se dijo: la coima”, justificando su decisión.

En definitiva, el fallo dispuso un mes de arresto domiciliario para los cinco acusados, ya que el delito que se investiga no está amparado por los fueron sindicales, a la vez que la investigación quedó abierta por el plazo de seis meses y se dictó una nueva prohibición de acercamiento con los empresarios, ni ningún tipo de contacto. (LU 17)