El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó la apertura de una convocatoria para la presentación de proyectos de explotación exclusiva de calamar mediante buques poteros, una decisión que podría derivar en la incorporación de hasta 18 nuevas embarcaciones a la flota dedicada a la captura de Illex argentinus.

La medida fue adoptada durante la reunión plenaria del organismo y quedó formalizada a través de la Resolución CFP N° 6/2026. La iniciativa fue impulsada por la Autoridad de Aplicación mediante una propuesta elevada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.

La convocatoria establece un procedimiento de selección y evaluación de proyectos destinados a incorporar nuevos buques poteros a la matrícula nacional, en una de las pesquerías más importantes del país por volumen de exportaciones y generación de divisas.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversias. La representación de la provincia de Buenos Aires emitió el único voto negativo y dejó asentada una extensa fundamentación en la que cuestionó tanto los aspectos científicos como el procedimiento utilizado para aprobar la medida.

Cuestionamientos por la sustentabilidad

Entre los principales argumentos, Buenos Aires sostuvo que la documentación presentada no alcanza para determinar con suficiente certeza el impacto que tendría sobre el recurso la incorporación de hasta 18 nuevos barcos de gran porte.

Según la postura expuesta en el acta, la nota remitida por el Director Nacional de Investigación del INIDEP contiene apreciaciones generales y no equivale a un informe científico de sostenibilidad que analice en profundidad la situación de los cuatro stocks comerciales de calamar presentes en el Atlántico Sudoccidental.

La representación bonaerense advirtió que el aumento del esfuerzo pesquero podría generar riesgos para los recursos que actualmente sostienen la pesquería y consideró insuficiente el argumento de que parte de los stocks migran hacia la milla 201 y terminan siendo capturados por flotas extranjeras.

También señaló que no existen estudios específicos que determinen cuáles serían los niveles de explotación tolerables para cada stock ni evaluaciones detalladas sobre el impacto biológico, ambiental, productivo y social que podría generar una expansión de la flota.

Debate por la cantidad de permisos

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el número de permisos previstos. La representación de Buenos Aires sostuvo que no existen fundamentos técnicos que expliquen por qué se definió la incorporación de 18 nuevos buques y consideró que la cifra carece de justificación en el proyecto aprobado.

Asimismo, observó que la iniciativa no contempla límites de concentración empresarial para evitar la acumulación de permisos en pocas manos, como sí ocurre en otros regímenes de administración pesquera.

Reclamos por el procedimiento

En su argumentación, Buenos Aires también criticó que el proyecto ingresara al Consejo Federal Pesquero el mismo día de su tratamiento y votación, sin tiempo suficiente para un análisis técnico y jurídico adecuado.

Además, cuestionó algunos aspectos del articulado, entre ellos la posibilidad de admitir proyectos de empresas con antecedentes de incumplimientos vinculados al reprocesamiento en tierra y la facultad otorgada a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para declarar inadmisibles determinadas propuestas.

Polémica por las descargas

Uno de los puntos más sensibles planteados durante el debate estuvo vinculado a los criterios de evaluación de los futuros proyectos.

La representación bonaerense sostuvo que la normativa otorgaría una mejor calificación a los proyectos que propongan descargar sus capturas en determinados puertos argentinos por sobre aquellos que elijan realizar sus operaciones en puertos de la provincia de Buenos Aires. Según expresó, este criterio podría resultar discriminatorio y contrario a los principios establecidos por la Ley Federal de Pesca.

Pedido de mayor análisis

Durante la misma sesión se tomó conocimiento de una nota presentada por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), que solicitó que la propuesta de incorporación de nuevos buques poteros sea analizada previamente en el ámbito de la Comisión de Seguimiento de la especie calamar y posteriormente elevada a consideración de la Comisión Asesora Honoraria del CFP.