El Consejo Federal Pesquero (CFP) rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) contra la Resolución N° 6/2026, que habilita la convocatoria para la incorporación de nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus).

La decisión fue adoptada por mayoría durante la última sesión del organismo. El CFP consideró que el sindicato carece de legitimación para impugnar una resolución vinculada a la política pesquera nacional, al entender que la medida no afecta de manera directa los derechos laborales de los trabajadores que representa.

El conflicto se originó luego de que el Consejo aprobara la convocatoria para presentar proyectos destinados a incorporar entre 15 y 20 nuevos buques poteros a la matrícula nacional. La iniciativa fue impulsada por la Autoridad de Aplicación sobre la base de un informe técnico elaborado por el INIDEP.

Según el instituto científico, la incorporación de nuevas unidades permitiría incrementar el aprovechamiento del recurso dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina antes de que los distintos stocks migratorios abandonen aguas nacionales y sean capturados por flotas extranjeras.

El informe señala que durante la temporada 2026 operaron 84 buques poteros argentinos, mientras que fuera de la jurisdicción nacional fueron detectados 338 poteros extranjeros, además de 146 buques arrastreros que también capturan calamar. A ello se suman otros 105 poteros que operan en torno a las Islas Malvinas bajo licencias otorgadas por el gobierno isleño.

Para el INIDEP, el aumento moderado de la capacidad de captura nacional no representa un riesgo para la sustentabilidad de la pesquería debido a las características biológicas del calamar, una especie de ciclo anual cuya administración cuenta con mecanismos que garantizan tasas de escape suficientes para asegurar el reclutamiento de las futuras poblaciones.

Los argumentos del sindicato

En su presentación, SICONARA solicitó la suspensión de la resolución y reclamó participar en el proceso de evaluación de los proyectos mediante la designación de veedores. También pidió que la ampliación de la flota se fundamente en estudios específicos para cada uno de los cuatro stocks de calamar presentes en el Mar Argentino y que se incorporen criterios vinculados al cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas interesadas.

El gremio sostuvo que el crecimiento del sector debe apoyarse en políticas sustentables, evidencia científica sólida, transparencia y respeto por los derechos laborales. Además, argumentó que el nivel de capturas depende de la biología del recurso y no exclusivamente de la cantidad de embarcaciones autorizadas.

El rechazo del CFP

Al analizar la presentación, el Consejo resolvió darle tratamiento como un recurso de reconsideración, pero concluyó que el sindicato no acreditó un interés legítimo suficiente para cuestionar una decisión de política pesquera.

En ese sentido, el organismo sostuvo que la resolución impugnada constituye una medida de administración y fomento de la actividad pesquera basada en informes técnicos del INIDEP y que, lejos de afectar derechos laborales, persigue como uno de sus objetivos ampliar la actividad y generar nuevos puestos de trabajo. Por ese motivo, el CFP rechazó el recurso y ratificó la plena vigencia de la Resolución N° 6/2026.

Buenos Aires mantuvo sus reparos

La única voz disidente volvió a ser la representación de la Provincia de Buenos Aires, que si bien se abstuvo en la votación del recurso, reiteró sus cuestionamientos de fondo respecto de la incorporación de nuevos poteros.

La provincia sostuvo que aún no existe respaldo científico suficiente para determinar el impacto que un aumento del esfuerzo pesquero podría tener sobre cada uno de los cuatro stocks de calamar presentes en la Zona Económica Exclusiva argentina, postura que ya había expuesto al impugnar originalmente la Resolución N° 6/2026.