Santa Cruz reclamó una cuota social de 50.000 toneladas de langostino ante un eventual esquema de cuotificación de la pesquería en aguas nacionales. La provincia fundamentó el pedido en la necesidad de reconocer y compensar su aporte a la conservación del recurso, especialmente por el cierre del Golfo San Jorge, cuyos beneficios, sostuvo, alcanzaron al conjunto de la actividad pesquera nacional.

El planteo fue presentado por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura mediante una nota del 16 de septiembre y quedó registrado en el Acta N° 25/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP).

En la presentación, Santa Cruz manifestó que considera la cuotificación una herramienta eficaz para dar previsibilidad, ordenar la actividad y consolidar una administración sustentable del langostino. Sin embargo, señaló que ese objetivo requiere un procedimiento transparente, participativo y federal, que contemple el esfuerzo realizado por la provincia para proteger el recurso.

El reclamo se apoya en las medidas de conservación que Santa Cruz sostiene haber mantenido desde 1988 y, en particular, en el cierre efectivo del Golfo San Jorge a la pesca de langostino durante los últimos ocho años. Según la nota, esa decisión permitió resguardar una de las principales áreas de reproducción y cría de la especie y generó beneficios biológicos y productivos para toda la pesquería.

Para la provincia, ese aporte debe tener un reconocimiento concreto al momento de discutir la distribución del recurso. En ese marco, solicitó que se considere la asignación de una cuota social de 50.000 toneladas.

La presentación también puso el foco en los criterios que deberían definir un eventual reparto. Santa Cruz pidió que la evaluación no se limite a las capturas históricas de los buques, sino que incorpore indicadores de empleo, inversión y procesamiento.

En particular, destacó la necesidad de ponderar las descargas en puertos santacruceños y de alcanzar un equilibrio en la distribución entre flotas. El objetivo expresado es que el acceso al recurso contribuya a sostener la actividad portuaria, abastecer las plantas provinciales, generar puestos de trabajo y agregar valor a la producción.

El planteo vincula así la discusión de las cuotas con una demanda concreta de actividad en tierra. Para Santa Cruz, el futuro esquema debe contemplar tanto los antecedentes de captura como el trabajo y la producción que la pesca genera en las economías regionales.

La provincia solicitó que el debate se desarrolle dentro del CFP, donde deberán definirse los parámetros, alcances y metodologías de acreditación y ponderación. También reclamó que, antes de adoptar decisiones, todos los integrantes del organismo tengan acceso a las bases de datos, los períodos históricos, las fórmulas y los criterios que se utilizarán para evaluar la distribución.

El Consejo tomó conocimiento de la presentación, sin que ello implique la aprobación de la cuota solicitada ni de un régimen de cuotificación.

Por su parte, el representante de Buenos Aires adhirió al pedido de poner la información a disposición de todos los integrantes del CFP. En esa intervención, expresó su sorpresa por las publicaciones que aluden a discusiones avanzadas sobre la cuotificación, cuando la conveniencia de ese régimen y sus condiciones todavía no habían sido debatidas dentro del organismo.