CAPEAR ALFA expresó su oposición al pedido de Santa Cruz para que una eventual cuotificación del langostino contemple una cuota social de 50.000 toneladas para la provincia. La cámara sostuvo que la propuesta carece de sustento técnico, histórico, biológico y operativo, y que distorsiona la administración del recurso.

El planteo quedó registrado en el Acta CFP N° 26/2026, luego de que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca remitiera al Consejo Federal Pesquero una nota de la entidad empresaria referida a la presentación santacruceña.

La cámara defendió el régimen vigente, basado en prospecciones, aperturas y cierres dinámicos, monitoreo continuo y decisiones adaptativas. Consideró que ese esquema ha resultado exitoso y, sobre esa base, solicitó que el langostino no sea cuotificado y se mantenga el sistema actual.

Santa Cruz rechazó los cuestionamientos. Su representante ante el Consejo sostuvo que la solicitud no constituye un pedido de privilegio ni pretende trasladar automáticamente al langostino un régimen tradicional de Cuotas Individuales Transferibles de Captura.

Según explicó, la propuesta busca que, si se avanza en una cuotificación, se reconozca el esfuerzo de conservación asumido por la provincia y se incorporen criterios federales vinculados con el desarrollo, el empleo, el procesamiento, las inversiones, el arraigo territorial y el valor agregado.

El papel del Golfo San Jorge fue uno de los argumentos centrales de la respuesta. Para Santa Cruz, resulta contradictorio sostener que esa zona no aporta fundamentos a su reclamo y, al mismo tiempo, reconocer que constituye un área de cría y reclutamiento de juveniles. La Provincia señaló que esa condición es fundamental para la sustentabilidad de la pesquería y que sus beneficios se proyectaron sobre el conjunto del caladero nacional.

También recordó que, antes de las restricciones, buques fresqueros y congeladores operaban dentro del Golfo, con impacto directo en los puertos y las plantas santacruceñas. Sostuvo que el cierre tuvo consecuencias concretas sobre la actividad pesquera, el movimiento portuario y el empleo. Con esos argumentos, Santa Cruz reclamó que su solicitud sea evaluada con criterios transparentes, objetivos y federales. El punto del acta dejó asentadas la oposición de CAPEAR ALFA y la respuesta provincial, sin disponer la asignación de las 50.000 toneladas solicitadas.