En Puerto Deseado, surgió un conflicto entre el gremio de la Marina Mercante y las empresas pesqueras por el correcto pago de haberes. En el conflicto intervino la Secretaría de Estado de Trabajo, a cargo de Luis Silva. Además el funcionario provincial aclaró que el representante sindical de la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante está “debidamente acreditado” para su función.

El Secretario de Trabajo de la Provincia Luis Silva, hizo mención sobre el conflicto y además llevó claridad sobre la persona que sostiene la representación de la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, dirigente sindical resistido por diferentes sectores de aquél mundo laboral.

“La comisión directiva de la Marina Mercante, entidad gremial con poder de actuación en todo el territorio nacional, acreditó ante la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social al Sr. Antenao como responsable en la provincia conforme las facultades estatutarias de la Marina Mercante”.

De esta manera, Silva aclaró que “el Sr. Antenao, al igual que cualquier dirigente gremial electo o designado estatutariamente por una entidad sindical debidamente acreditada cuanta con todas las facultades que le otorga la ley”.

Así mismo, el funcionario dijo que el reclamo por el pago de sueldos fue realizado por la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante en octubre 2014, “pero las partes no arribaron a un acuerdo y en abril de este año se anunció el inicio de medidas de fuerza, luego se dicta la Conciliación Obligatoria, pero las partes no acordaron y se las liberó”.

Desde Trabajo, detallaron que “el expediente en el cual se tramitó el reclamo gremial y la conciliación obligatoria quedó probado que algunas pesqueras designaron, ante Prefectura Naval Argentina, a un grupo de personas para que desarrollan las tareas de amarradores cuando un barco arriba o realiza un movimiento en el puerto”.

Silva, continuó explicando que “ésos trabajadores resultaron ser personal efectivo de dichas empresas que desarrollan distintas tareas, para lo cual se encuentran debidamente convencionados bajo ESTÍA, SOMU u otros”.

En este sentido dijo que “dichas tareas se realizan en un horario específico y por ello el trabajador percibe sus haberes, pero lo que no pudieron exhibir las empresas involucradas en sede administrativa, son los recibos que prueban el pago de los amarres en el puerto que reclama la Marina Mercante”, “así es que rige una presunción por parte del Sindicato de la Marina Mercante de que se encontrarían dichos trabajadores siendo víctimas de precarización laboral y doble función realizada, lo que constituye un perjuicio económico para las personas declaradas como amarradores por las empresas ante Prefectura Naval Argentina”. (Fuente Dirección provincial de Prensa de Santa Cruz)